Cuestión de constitucionalidad sobre recursos en ejecución hipotecaria

29 dic. 2013 0 comentarios

¿Por qué en el proceso hipotecario, cuando se formula oposición por cláusulas abusivas, la parte ejecutante tiene posibilidad legal de recurrir en apelación la resolución judicial y la parte ejecutada no?

Esto es lo que se ha preguntado el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Avilés, y por ello ha acordado elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad relativa al artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al entender que establece una discriminación injustificada.

Según la citada norma, si el juez acuerda que las cláusulas del préstamo hipotecario son abusivas, la parte ejecutante -el acreedor- puede recurrir en apelación. Por el contrario, si decide que no son abusivas, la parte ejecutada -el deudor- no tiene posibilidad de recurso alguno.

La redacción actual de este artículo fue introducida por la Ley 1/2013 de protección a los deudores hipotecarios, texto que el gobierno impulsó tras el varapalo judicial del Tribunal europeo al proceso hipotecario español y también para intentar neutralizar la iniciativa legislativa popular que había promovido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Fueron Rubén Fernández y José Miguel Martínez, abogados de dos deudores hipotecarios, quienes plantearon la posibilidad de elevar cuestión de constitucionalidad, petición que fue acogida favorablemente por el magistrado Joaquín Colubi Mier.

El Tribunal Constitucional tendrá que admitir a trámite o no la cuestión planteada por el juez y, si la admite, pronunciarse sobre si la referida regla es acorde con los artículos 14 y 24 de la constitución, los que consagran la igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Mientras tanto, el Juzgado de la localidad asturiana ha dejado en suspenso los procedimientos de ejecución hipotecaria que tenía en curso, hasta que el TC se pronuncie.
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Juzgado de Soria anula una ejecución hipotecaria por abusiva

14 dic. 2013 1 comentarios


El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Soria, cuyo titular es D. Javier Gómez Hernández, dictó el pasado 29 de noviembre una interesante y ejemplar resolución en la que archiva una ejecución hipotecaria, tras declarar abusivas varias cláusulas aplicando la normativa europea y española de protección de los consumidores.
 
En este caso estamos ante una presunta estafa hipotecaria, con el modus operandi habitual, en la que la afectada sólo acaba viendo una pequeña parte del elevado capital que figura en la escritura, y que se compromete, sin saberlo, a devolver en sólo seis meses.
 
Pero ya en vía civil el juzgador ha estimado íntegramente la oposición planteada por la abogada Margarita Antolín Barrios a la ejecución hipotecaria contra la afectada.
 
El auto judicial considera claramente abusiva –como viene siendo habitual-, la cláusula que fijaba los intereses de demora en nada menos que un 29 %, así como la imposición, además, de una reiterativa comisión de impago del 10 % del préstamo.
 
También considera abusiva la valoración a efectos de subasta fijada unilateralmente por el prestamista, que no se corresponde con una tasación de mercado, con la finalidad de adjudicarse finalmente un inmueble con un desembolso real irrisorio.
 
Pero el auto no se detiene ahí y realiza un planteamiento no tan frecuente en resoluciones judiciales de este tipo: considera que es también abusivo el propio plazo de vencimiento de seis meses, un término “anormalmente reducido sin otra posibilidad que no sea la de devolver la cantidad íntegra en ese plazo, aun a sabiendas de la extrema dificultad que ello supone para el consumidor”. Esta previsión “causa, por las consecuencias que nuestro Derecho atribuye a la constitución de una hipoteca, un desequilibrio importante de los derechos de una y otra parte en contra de las exigencias de la buena fe”.
 
Por ello, al declarar todas estas cláusulas abusivas, considera que no puede continuarse por el cauce hipotecario y acuerda sobreseer la ejecución despachada, imponiendo las costas al ejecutante.
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Pedir dinero a prestamistas a través de internet, una muy mala idea

7 dic. 2013 0 comentarios

Por C. Otto
Publicado en TecnoXplora.com, 03.11.2013

Internet está lleno de webs que te prometen suculentos créditos en menos de 24 horas. Pero, ¿sabes de verdad a lo que te expones? Te contamos algunos de los (muchísimos) peligros de estas prácticas. 

Si las épocas de bonanza son buenas para los negocios dudosos, en las de crisis se ponen directamente las botas. Los tiempos que vive nuestro país se han traducido en un paraíso para todo tipo de empresas de prácticas más que cuestionables, que encuentran en internet una verdadera selva en la que hacer el mayor número de presas posible. 

Uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos proviene de las empresas de crédito rápido. ¿Necesitas dinero urgentemente para pagar la casa, para dar de comer a tus hijos o para tapar cualquier otro tipo de agujero? Muchas de estas empresas, que se publicitan especialmente en televisión e internet, te pueden proporcionar entre 100 y 3.000 euros en apenas unas horas. Lo malo es lo que viene después. 

¿AVALAR CON TU CASA O CON TU COCHE?

El principal peligro de estas ofertas viene a través del aval. No es nuevo que una empresa de crédito te pida un aval (cualquier banco lo hace), pero, en estos casos, el valor del aval supera con creces el del préstamo concedido con tanta facilidad. Así visto, cualquiera diría que a la entidad en concreto hasta le podría beneficiar que no devolvieses el préstamo... 

En ocasiones, tu casa o tu coche no solo pueden ser el aval, sino que muchas veces la entidad redacta un contrato lo suficientemente entramado como para que tu desesperación no te deje comprobar que el papel que acabas de firmar le concede a la entidad la propiedad total de tu aval. Exacto: hasta que no devuelvas el dinero, la empresa es, a efectos legales, la propietaria de tu casa o coche, que, de ahora en adelante, te ceden mediante régimen de alquiler. Y si no pagas, se quedarán una propiedad muy costosa a precio de ganga. 

PLAZOS IMPOSIBLES E INTERESES INASUMIBLES

Otra de las trampas procede de las condiciones de tiempo y dinero del préstamo. Piénsalo bien: si no te ves capaz de devolver 10.000 euros a un banco en un año, ¿de verdad crees que podrás devolver 3.000 euros en apenas un mes? 

Además, la letra pequeña del contrato te desvelará los increíbles intereses a pagar, infinitamente más altos de los que ofrece cualquier entidad financiera tradicional. En uno de los ejemplos que hemos cogido, un préstamo de apenas 500 euros a devolver en un mes tiene un interés del 35% y un TAE del 3.752%.

¿Y SI NO PUEDES PAGAR... AUNQUE TENGAS EL DINERO? 

Como vemos, hasta ahora todos los peligros son total y absolutamente legales. Pero algunas empresas no tardan en traspasar esa línea. ¿Recuerdas que antes dijimos que las condiciones eran tan ventajosas para la empresa de crédito rápido que, si no pagases, les saldría mucho mejor la jugada? Pues, efectivamente, esa es la trampa. 

Pese a que muchas empresas se presentan a sí mismas como sociedades fiscales legalmente establecidas, es probable que a la hora de firmar el contrato no aparezca dicha empresa, sino un particular, que es el que ha acudido ante notario. Si ves que te ocurre eso, exige la presencia de una sociedad empresarial. 

Por otro lado, revisa la letra pequeña: ¿cómo tienes que devolver el dinero prestado? ¿Mediante transferencia o en persona? Si la opción que aparece es la segunda, empieza a dudar. ¿Y si a la persona que te ha dado un préstamo de 3.000 euros y aceptó como aval tu vivienda de 150.000 euros le da por no estar en la dirección que aparece en el contrato? ¿Y si no contesta a tus llamadas? ¿Y si resulta, en definitiva, que puedes devolver el dinero pero no eres capaz de localizar a la persona que te lo prestó y que te hizo firmar que se lo entregarías en persona? 

Si te ocurre algo así, acabas de ser oficiamente timado. La persona que te prestó el dinero no va a aparecer por la dirección que te dio, y, como no le has pagado, se va a quedar con tu casa por apenas 3.000 euros. De entrada, la actuación de tu estafador es aparentemente legal, aunque puedes ponerte demandarle. Tranquilo, no serás el único que lo haya hecho. 

ANTONIO ARROYO ARROYO: EL REY DEL DINERO RÁPIDO

En este dudoso gremio, Antonio Arroyo Arroyo es el auténtico rey. Se trata de un empresario madrileño que posee un entramado de sociedades a través de las cuales articula numerosos préstamos rápidos siempre con la exigencia de una vivienda o automóvil como aval.

Hasta el momento, Antonio Arroyo Arroyo, que en los contratos establece un domicilio de pago por el que nunca aparece, cuenta con más de 50 demandas. 

Evidentemente, no obstante, no todas las empresas de crédito rápido tienen por qué llevar a cabo actividades delictivas. Pero la próxima vez que necesites dinero, piénsalo: si la oferta es demasiado buena para ser verdad... quizá haya gato encerrado.
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Denuncia contra la mayor trama de estafas hipotecarias de España

25 nov. 2013 3 comentarios

















El presidente de ADEVIF presentó el pasado lunes 18 de noviembre ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en Madrid una amplia denuncia contra la trama que encabeza el prestamista Antonio Arroyo Arroyo, posiblemente la principal red de presuntas estafas hipotecarias que opera en nuestro país, denuncia que ha sido redactada por el abogado Carlos Javier Galán, de Alberche Área Jurídica.

En la denuncia se calcula que en torno a un millar de personas podrían haber sido víctimas en los últimos años de la actuación de esta trama, con un montante presuntamente estafado que se estima en más de 30 millones de euros.

A pesar de la jornada y horario laborable, se dio cita a las puertas de la Audiencia Nacional una nutrida representación de afectados que quisieron arropar esta iniciativa de poner en conocimiento del ministerio público unos graves hechos, presuntamente delictivos, así como la identidad de sus autores.

En la denuncia, con una veintena de folios de descripción del modus operandi y relación de presuntos implicados, y aproximadamente seiscientos hojas de documentación anexa, se pone en manos de la Fiscalía amplia información sobre esta red, en la confianza de que se le preste la atención que merece un problema de estas dimensiones, con tantas familias afectadas. Y se solicita que el Ministerio Fiscal que inicie una investigación global, rigurosa y profunda a partir de los datos que se le han facilitado.

En el registro de la denuncia ante Fiscalía estuvo también presente, dando su respaldo a esta iniciativa, otro letrado madrileño, Benito Polo, uno de los primeros abogados en actuar contra esta red, mediante la interposición de una querella colectiva de varias de víctimas de la misma.
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Entrevista al Presidente de ADEVIF en Televisión Local de Andorra (Teruel)

20 nov. 2013 0 comentarios

La Televisión Local de Andorra (Teruel) emitió una amplia entrevista con Rafael Pozo, en la que el presidente de ADEVIF presentó la realidad de las estafas hipotecarias en nuestro país, tan poco conocida.
 
El entrevistado explicó a la televisión de su localidad el desarrollo de su caso personal, cómo un intento de reunificar deudas se acabó convirtiendo en una pesadilla que llevó a un prolongado embargo.
 
Detalló el nacimiento de la asociación para unir a los afectados y paliar su indefensión y cómo fue descubriendo así un gran número de casos en toda la geografía española.
 
También Rafael Pozo ofrece en su intervención consejos prácticos a quien va a contratar un préstamo para no caer en la trampa de estas redes.
 
El presidente de ADEVIF pide la implicación del Ministerio Fiscal ante la actuación impune de unas tramas que están perfectamente identificadas.
 
Así mismo, reclamó una investigación patrimonial seria por parte de la Agencia Tributaria ante el permanente fraude fiscal que estos hechos implican.
 
Hizo un llamamiento a todos los partidos políticos para que escuchen a las víctimas y no amparen con su pasividad este tipo de comportamientos, puesto que “el corrupto realmente no tiene ideología, se arrima a un partido para autoprotegerse y encontrar defensa”.
 
El máximo responsable de ADEVIF demandó apoyo jurídico, social y político hacia la realidad de los afectados, así como una mayor sensibilidad social “porque hoy hemos sido nosotros pero mañana puede ser cualquiera”.
 
 
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Desestimada denuncia de presunta estafadora contra autor de un blog

5 nov. 2013 1 comentarios


Mª Carmen Camblor Esteban, una de las intermediarias integrantes de la red del prestamista Antonio Arroyo Arroyo, imputada como él en varios juzgados por presunta estafa, presentó una denuncia por supuestas amenazas contra Juan Puche, uno de los afectados por su actuación y autor del blog Alerta Trama Estafadores.

La vista tuvo lugar el pasado día 30 de octubre en el Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid y el denunciado fue defendido por el abogado Carlos Javier Galán, de Alberche Área Jurídica.

El letrado sostuvo que Juan Puche no había vertido ningún comentario amenazante y que la publicación del domicilio de M. Carmen Camblor en el blog tiene un fin informativo, para que sea conocido por los afectados que deseen denunciarla, pero esa difusión carece de relevancia penal.

El Juzgado ha dictado sentencia por la que decreta la libre absolución del denunciado, al entender que no queda acreditada la comisión de la falta por la que fue denunciada. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación por la denunciante ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Desde aquí enviamos nuestro ánimo y solidaridad a Juan Puche. Con su blog informativo y con su activismo permanente, ha venido desarrollando una incansable actividad de apoyo a todos los afectados de esta trama y estamos seguros de que estos intentos de silenciarle no van a lograr su objetivo.
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Otro Juzgado declara nulos intereses del 29 % de Irisan Hipotecas

29 oct. 2013 0 comentarios

Tras la reciente resolución del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Madrid de la que ya dimos cuenta aquí, nuestros servicios jurídicos nos informan de que también el Juzgado de Primera Instancia nº 100 de la capital ha dictado un auto en el mismo sentido, en el asunto de otro afectado de Irisán Hipotecas, empresa vinculada al controvertido prestamista Antonio Arroyo Arroyo, imputado por estafa en varias diligencias previas.

La juez considera que el tipo de interés de demora establecido en la escritura de préstamo hipotecario, al tipo del 29 %, constituye una cláusula claramente abusiva y la anula por completo, teniéndola por no puesta, entendiendo que, a la luz de la normativa comunitaria y española, no cabe posibilidad de reducción de la misma. El abogado que ha defendido este caso ha sido Carlos Javier Galán, del despacho Alberche Área Jurídica.

El supuesto capital (que el afectado tiene denunciado en vía penal que no recibió íntegramente, como suele ser habitual en este tipo de casos) era de 64.000 €, mientras que en la demanda de ejecución la parte acreedora reclamaba más de 76.000 € de intereses de demora, más todos los que, al 29 % anual, seguían corriendo hasta su completo pago.

La declaración de nulidad absoluta de los intereses de demora, si bien no satisface la reclamación principal de quienes han sido estafados (que habrá de sustanciarse en vía penal) al menos es un alivio y, sin duda, supone un varapalo judicial al lucrativo negocio irregular de este tipo de tramas.
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El prestamista ya tiene un muerto

22 oct. 2013 0 comentarios

Por Carlos Javier Galán, abogado de Alberche Área Jurídica
publicado en su blog La nota discordante, 19.10.13.
 
¿Qué hace un laboralista como tú metido en temas penales?, me preguntan algunos compañeros que me conocen desde hace tiempo. Supongo que uno es abogado antes que laboralista y que a veces nos toca cumplir una función social a la que no podemos sustraernos. Y, claro está, también uno es persona mucho antes que abogado.

Hace ya unos años un amigo me pidió que le llevara la oposición a una reclamación dineraria contra él ante un Juzgado. Cuando comenzó a explicarme cómo se habían desarrollado los hechos, me di cuenta de que estábamos ni más ni menos que ante una estafa. Una clara estafa. Y que, previsiblemente, ese modus operandi, tan elaborado, que habían utilizado para engañarle a él, estaría siendo usado en muchos más casos.

Tirando del hilo pacientemente, a través de internet y de redes sociales, venciendo muchas desconfianzas y temores, hablando con afectados y con otros abogados… poco a poco fui descubriendo la existencia y la forma de actuar de una trama delictiva que lleva años actuando con absoluta impunidad.

La llevanza de estos casos –ajenos a mis áreas de dedicación habitual y cuyas víctimas son personas con serias dificultades dinerarias- no tiene rentabilidad en lo económico, en contra de lo que el principal imputado y sus cómplices suelen insinuar contra mí. Pero sí me ha enriquecido humanamente, algo que ellos nunca comprenderán o que incluso les provocará risa. Porque me he encontrado a montones de personas que creían que su caso era único y estaban solos; que a veces se resistían a denunciar porque se avergonzaban de haber caído en este engaño; que, como bien explicaba una afectada, estaban doblemente victimizadas: primero por la estafa y luego por el desamparo social, político, administrativo, judicial...; que necesitaban unirse entre ellos, compartir sus experiencias, poner en común información valiosa para todos, darse ánimos. Que necesitaban sentir que alguien creía en ellos y les defendía.

Así fue como conocí a Rafa y su tenaz empeño en sacar adelante la asociación ADEVIF para agrupar a las víctimas de este tipo de delitos, sabedor de que sólo la unión hace la fuerza. Y a Juan, que resiste presiones auténticamente mafiosas por atreverse a ofrecer en su blog, a cara descubierta, información muy útil para afectados de estafas hipotecarias. Y a tantas y tantas personas que, conmigo o con otros compañeros asistiéndoles jurídicamente, están intentando pelear casos indudablemente complicados, de una dificultad probatoria inmensa. Que están procurando, gracias a unos cuantos informadores valientes, romper poco a poco el manto de silencio y complicidad que cubre esta enorme red apenas conocida, en la que el lucro desmedido de ciertos tipos sin escrúpulos ha destrozado la vida a tantas familias.

Y en esto, cuando has compartido tantos momentos de dificultades, de dudas, pero también de pequeñas victorias y, sobre todo, de apoyo y de conocimiento mutuo, cuando ves que gente sumida en auténticos dramas consigue sacar ánimos de quién sabe dónde…, te llega la noticia de que Javier se ha quitado la vida.

Es imposible no sentirse golpeado, por lo irreversible, por la tragedia de una familia rota y un hijo que crecerá sin padre, por tantos porqués como te asaltan en momentos así.

A Javi lo conocí en una reunión de afectados de la Comunidad Valenciana. Compartimos reunión de trabajo y luego amistosa comida. Me llevó en su furgoneta a la estación de tren para que pudiera volver a Madrid. No lo veré más.

El prestamista ya tiene un muerto. No sé si es el primero, tal vez no. Pero es el primero que yo conozco, al que pongo cara, voz y recuerdos. Ni siquiera con una tragedia así podemos apelar a su conciencia, porque dudo de que albergue algo parecido un individuo así, que lleva años haciéndose rico a base de engañar sistemáticamente a personas a las que sabe que arruinará y destrozará la vida.

Es una lucha complicadísima y hasta el momento no tenemos respaldo de nadie, sólo el apoyo mutuo entre los propios afectados. Pero sé de dónde partíamos y sé dónde estamos, y hemos dado pasos importantes. Y no tenemos voluntad de pararnos. No sé si conseguiremos que se haga justicia o no. Pero sí estoy seguro de algo: lo vamos a intentar por todos los medios.

Tenemos centenares de razones para seguir luchando, hasta donde tengamos que llegar. Razones con nombres y apellidos. Y, aunque ya no esté, Javi seguirá siendo cada día una de ellas.
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Tras la muerte de Javier, ADEVIF pide medidas contra estafas hipotecarias

11 oct. 2013 1 comentarios

Nota de la Agencia Efe, publicada por El Mundo, La Razón, El Periódico Mediterráneo, El Confidencial, Noticias Terra, La Veu del País Valencià y los diarios del grupo Vocento ABC, El Correo de Vizcaya, El Diario Vasco de Guipuzcoa, El Diario Montañés de Cantabria, La Verdad de Murcia, Ideal de Granada, Hoy de Extremadura, Sur de Málaga, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio de Gijón, Las Provincias de la Comunidad Valenciana y La Voz de Cádiz, 05.10.13.

La asociación de Afectados por Estafas Financieras (ADEVIF) ha informado hoy de que uno de sus socios, Javier R.M., que había denunciado judicialmente haber sido víctima de una presunta estafa financiera, y contra quien se seguía un procedimiento de ejecución hipotecaria, se quitó la vida ayer al "no poder resistir el drama personal y familiar" por esta situación.

Según asegura la asociación en un comunicado, el fallecido tenía interpuestas acciones penales contra un prestamista, y había solicitado ante el Juzgado de Primera Instancia la suspensión de la ejecución hipotecaria que se seguía sobre su vivienda familiar.

ADEVIF afirma que Javier "no pudo resistir el drama personal y familiar que estaba sufriendo, como víctima del afán de lucro desmedido de individuos sin escrúpulos". 

La asociación considera que en España ha ido avanzando la sensibilidad social, la atención de los medios y las medidas legales respecto a las hipotecas bancarias, "mientras que en el sector del capital supuestamente privado no existe ningún control real". ADEVIF hace un llamamiento a las autoridades administrativas, los organismos de control, la Policía, el Ministerio Fiscal y los jueces para que "tomen conciencia" del alcance de este problema de "las tramas organizadas de estafas financieras". 

La asociación denuncia asimismo que "existen redes delictivas, con personas perfectamente identificadas, que vienen operando desde hace años con total impunidad y dejando muchas víctimas en el camino".
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Diario Progresista: ADEVIF denuncia suicidio de afectado por estafa

6 oct. 2013 0 comentarios

Publicado en Diario Progresista, 06.10.13

Según ha explicado la asociación ADEVIF, el pasado viernes se quitó la vida en Valencia Javier R.M., que denunció judicialmente haber sido víctima de una presunta estafa financiera y contra el que se seguía un procedimiento de ejecución hipotecaria a instancia de un prestamista de capital privado. El fallecido deja esposa y un hijo. El entierro se ha celebrado este sábado.

A través de su abogado, Francisco Moreda, Javier tenía interpuestas acciones penales contra Antonio Arroyo Arroyo, controvertido prestamista, actualmente imputado en más de una decena de juzgados por presuntos delitos de estafa, y tenía solicitada ante el Juzgado de Primera Instancia la suspensión de la ejecución hipotecaria que se seguía sobre su vivienda familiar.

Era socio de ADEVIF, asociación que agrupa a las víctimas de estafas cometidas por chiringuitos financieros y por prestamistas de capital privado. Para esta asociación, “Javier no ha podido resistir el drama personal y familiar que estaba sufriendo, como víctima del afán de lucro desmedido de individuos sin escrúpulos”.

El colectivo considera que “en nuestro país ha ido avanzando la sensibilidad social, la atención de los medios y las medidas legales respecto a las hipotecas bancarias, mientras que en el sector del capital supuestamente privado no existe ningún control real. Son casos donde se producen, no ya abusos o usura, sino directamente engaños delictivos, con un modus operandi destinado a inducir al error, con capitales ficticios, blanqueo de dinero y consecuencias dramáticas para muchas familias”.

Para ADEVIF, “es hora de que las autoridades administrativas, los organismos de control, la policía, el Ministerio Fiscal y los jueces tomen conciencia del alcance de este problema tan poco conocido: el de las tramas organizadas de estafas financieras”. La asociación denuncia que “existen redes delictivas, con personas perfectamente identificadas, que vienen operando desde hace años con total impunidad y dejando muchas víctimas en el camino. A veces, ocasionando la ruina de familias que pierden sus viviendas y quedan endeudadas de por vida. Y en esta ocasión empujando a la desesperación y a la muerte a un ser humano”.
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Se suicida un afectado que denunció una estafa hipotecaria

4 oct. 2013 0 comentarios


Hoy hemos recibido una dura noticia: Javier R.M., afectado por una estafa en un préstamo hipotecario, se ha quitado la vida. No ha podido resisitir la presión del drama personal y familiar que estaba sufriendo, como víctima del afán de lucro desmedido de individuos sin escrúpulos.

Javi había participado activamente en las reuniones de afectados mantenidas en la Comunidad Valenciana, donde intercambiaron información e impresiones, acordaron iniciativas y se brindaron ese apoyo mutuo que tanto se necesita en tales situaciones.

Javier tenía interpuestas, a través de su abogado, Francisco Moreda, acciones penales contra el prestamista Antonio Arroyo con la acusación de presunta estafa, y por otro lado había solicitado la suspensión de la ejecución hipotecaria contra su vivienda.

El entierro tendrá lugar mañana sábado día 5. Desde Alberche Área Jurídica queremos, en primer lugar, enviar nuestro cariñoso abrazo a su familia y amigos.

En segundo lugar, en esta triste ocasión tenemos que volver a reclamar con firmeza a las autoridades administrativas, a los organismos de control, a la policía, al Ministerio Fiscal y a los jueces, que tomen conciencia del alcance de este problema: el de las tramas organizadas de estafas financieras. Y a los medios de comunicación -muy especialmente a los que realizan periodismo de denuncia e investigación- a que sigan cumpliendo con la función social de ayudar a desenmascarar estas redes delictivas. Personas perfectamente identificadas vienen operando desde hace años con total impunidad y dejando muchas víctimas en el camino. A veces, ocasionando la ruina de familias que pierden sus viviendas y quedan endeudadas de por vida. Y esta vez empujando a la desesperación y a la muerte a un ser humano.

De esta muerte de Javier hay culpables, con nombres y apellidos: las personas que engañaron a esta familia, conscientemente, con el ánimo de seguir enriqueciéndose a costa de las necesidades ajenas. Y no vamos a parar en nuestros esfuerzos para que un día se haga justicia.
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Anulados intereses de demora de empresas de Arroyo por abusivos

30 sept. 2013 0 comentarios


El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Madrid ha dictado el pasado 12 de septiembre auto por el que declara la nulidad de la cláusula que establecía los intereses de demora en un préstamo hipotecario suscrito con Irisan Hipotecas, S.L., documentado en letras de cambio posteriormente endosadas a Tria AILV, S.L., ambas empresas vinculadas al prestamista Antonio Arroyo Arroyo. Los intereses, como en casi todas las operaciones de esta trama (imputada en varios juzgados por presunta estafa) estaban fijados en nada menos que el 29 % anual.

La Juez no ha declarado en este caso, que lleva nuestro despacho Alberche Área Jurídica, la reducción de intereses al triple del interés legal del dinero, como establece la reciente Ley 1/2013, sino que ha decidido eliminar por completo los intereses moratorios.

La resolución judicial aplica la normativa de la Unión Europea, teniendo la cláusula por no puesta y, por tanto, anulando completamente los intereses de demora. “Conforme a la doctrina jurisprudencial sentada por la Sentencia del Tribunal Europeo, Sala Primera, de 14 de junio de 2012 –afirma el auto- ha de procederse a la inaplicación radical de la mencionada estipulación, quedando excluida cualquier posibilidad de llevar a cabo su integración o moderación por parte de los Tribunales”.

Para la afectada, esto supone que se resten de la reclamación de los prestamistas nada menos que 72.485 euros, que es lo que pretendían cobrar por este concepto, más todos los que continuaran devengándose al 29 % anual hasta la liquidación final. Hay que reseñar que el principal reclamado (que realmente, como suele suceder en todos estos casos, no se entregó de forma íntegra) era de 61.600 €, es decir, se pretendía cobrar más de interes de demora que del propio capital. La resolución aún no es firme, puede ser recurrida en apelación por las empresas ejecutantes.

En esta cuestión existe una clara contradicción de la normativa española con la normativa europea. Esperemos que cunda el ejemplo y los tribunales hagan prevalecer el superior criterio de la legislación comunitaria sobre consumidores: cuando una cláusula es nula por resultar abusiva, simplemente se tiene por no puesta, se elimina por completo y no se modera haciendo una rebaja.

Recientemente, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Marchena (Sevilla) ha planteado una cuestión prejudicial para que la UE resuelva esta situación.
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Entrevista a ADEVIF en La Mañana de COPE en Aragón

27 jul. 2013 0 comentarios

El pasado 16 de julio de 2013, la portavoz de ADEVIF Belén Martínez tuvo ocasión de intervenir en COPE Zaragoza, dentro del espacio La mañana de Aragón, para hablar de los fines y actividades de esta asociación y del fenómeno de las estafas financieras.

Belén explicó que, una vez "cortado el grifo" del crédito bancario, proliferaron las empresas financieras y las firmas de capital privado pero que, esa opción legal que puede sin duda ser muy positiva, supuso también la aparición de redes delictivas. La estafa más usual es conseguir que el prestatario acabe firmando, sin ser consciente, un capital superior al realmente recibido o un plazo de devolución muy diferente del ofertado. Lo habitual es que sea, además, con la garantía de su vivienda, que puede acabar perdiendo. La invitada animó a las víctimas a no quedarse solas, a unirse con otros afectados, y ofreció a los oyentes algunos consejos prácticos para evitar caer en este tipo de engaños.

La entrevista a ADEVIF puede escucharse a partir del minuto 12:30 de este audio.
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El País: Las sombras del rey del dinero exprés

12 jul. 2013 1 comentarios

Por Joaquín Gil
Publicado en El País, 28.06.13
 
- Decenas de familias atribuyen su ruina a los manejos de un controvertido prestamista investigado en una decena de Juzgados por estafa

Préstamo entre particulares. Sin bancos. Urgente. Seguro. Al albañil en paro Luis Ángel Oviedo le faltaron segundos para morder el señuelo de Internet. Necesitaba con apremio enviar dinero a sus padres en Colombia. Y tocó a la puerta de un crédito privado exprés. Fue el pasado año. Le dieron 2.200 euros y seis meses después ya debía 11.000. ¿Usura? “No, estafa”, zanja nervioso. Junto a él, asiente apostado en un banco del centro de Madrid el profesor de autoescuela Miguel Ángel Arriero, de 57 años. Pidió 18.000 euros, que mutaron en 40.000 medio año después. Los dos se asoman al abismo de perder sus propiedades. Y culpan de su desdicha a Antonio Arroyo Arroyo, emperador del préstamo fácil, un controvertido exsubastero que navega por un sector legal que desde 2011 concentra 413 empresas, 80 intermediarios y una sola sanción, según el Instituto Nacional de Consumo (INC).
 
Oviedo y Arriero cayeron en la trampa de la desesperación. Picaron en un sofisticado timo perpetrado presuntamente por una maraña empresarial dedicada desde hace una década a conceder préstamos trampa, créditos rápidos que cebaban una pelota financiera con idéntico desenlace: la pérdida de una propiedad. La policía sitúa a Arroyo en el vértice de un alambicado engranaje de sociedades. El prestamista, sin condenas firmes, está siendo investigado por más de una decena de juzgados de instrucción de Madrid. Y acumula medio centenar de denuncias en España, según el abogado de las víctimas, Carlos Javier Galán.
 
Bajo el señuelo del dinero exprés, el entramado de Arroyo garantiza al angustiado la cantidad rechazada antes por bancos y financieras por carecer de nómina o figurar en una lista de morosos. Exige el aval de una propiedad. Cuando se pisa la notaría, todo cambia. Se obliga a firmar unas letras de cambio que multiplican la cantidad recibida y vencen a los seis meses, según la policía. Nada que ver con el tipo del 8% prometido. Resultado: se activa la maquinaria de los intereses de demora (29%), que dispara la deuda y precipita el embargo, según la investigación.
 
Este fue el patrón que, presuntamente, siguió la red para apropiarse de la vivienda de un toxicómano madrileño que recurrió al prestamista en 2011 empujado por la necesidad química. Le dejaron 40.000 euros con la condición de que debía reconocer ante notario que recibía 69.000 en forma de dos letras de cambio. Desenlace: una deuda de 103.000 euros y el riesgo de que vuele un piso de 303.000. Su subasta se ha congelado hasta que los tribunales resuelvan si fue una burda estafa.
 
Un respiro que no tendrá Concepción Truchado, de 61 años, que llamó al dinero exprés para ir más desahogada tras fallecer su marido. La desempleada, que no logra controlar las lágrimas, reside en casa de unos amigos. No quiere presenciar la secuencia del desahucio de su vivienda en Madrid. Dice que firmó ante notario que recibía 62.000 euros y que nunca vio el dinero. Sostiene que el intermediario salió corriendo con dos cheques al portador y un sobre en metálico tras bajar de la notaría. En su banco le dijeron: “Concepción, te han estafado”. Se arremanga ahora para el combate legal contra Arroyo, que supuestamente siempre acaba con los derechos de los préstamos que en teoría otorgan sus colaboradores. A Concepción le reclama 134.000 euros. Su situación le ha condenado a un tratamiento psiquiátrico y tranquilizantes.
 
Bajo el salvoconducto de presentarse como un extrabajador del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un organismo vinculado al Banco de España dedicado a garantizar la solvencia de las entidades, el jienense Arroyo, de 59 años, se subió al ascensor del éxito. En el hermético círculo de los subasteros madrileños fue conocido después como El Patadas por su vehemencia. Rozó el Olimpo a golpe de puja. Ninguna propiedad de los juzgados se resistía a este hombre frío como el acero al que no se le conocen grandes amigos y decía ante terceros que era perito mercantil. Se revestía como un tipo hecho a sí mismo y bien conectado con un adinerado inversor de Valdemoro, según una fuente que le trató en 2005 y resume así su capacidad: “Es más listo que las ratas”.
 
Controla la jerga del dinero como el más bravío de los ventajistas del mercado. “Si dejas una cartera encima de la mesa, se lleva la mesa y la cartera”, sentencia un ex socio. Hasta la Policía Nacional reconoce su astucia. “Es hábil, domina los engranajes financieros", añade Julio Martínez, inspector de la comisaría de Aravaca, donde el pasado año aterrizaron 14 denuncias contra el prestamista, que ha sido arrestado en tres ocasiones desde 2008 por blanqueo de capitales, estafa y falsificación de documentos.
 
Fue un revoltijo de avidez y oportunidad lo que catapultó a Arroyo al oficio del dinero a tocateja. Coincidió con la generalización a partir de 2001 de la segunda hipoteca, aquella que grava un bien ya cargado. El sector navegaba entonces por la orgía inmobiliaria. El empresario, que reside en el barrio madrileño de Prosperidad, se erigió durante la fiesta en uno de los principales prestamistas de capital privado. Unos 600 créditos al mes. Levantó un entramado de una treintena de empresas que acumula ya 45 propiedades y un centenar de derechos de hipoteca en España, según el registro. Su patrimonio se completa con 150 derechos de hipotecas inscritos a su nombre.
 
Trazó un esquema de empresa familiar. En él figuran su hija y su actual pareja. Recurrió al capital de terceros con el señuelo de que el suyo era un negocio seguro. Siempre se ganaba. “No quiere que se paguen los créditos. Así corren los intereses de demora”, apunta un ex inversor del empresario que dice estar amenazado de muerte por su entorno familiar. De intimidaciones, en este caso telefónicas, guarda una anécdota la abogada sevillana Mar Moya. “Me dijo que me iba a cortar el cuello cuando le pedí información sobre mi cliente estafado”, recuerda la letrada. Arroyo fue condenado a pagar 120 euros de multa por la letal advertencia. Entre calculados silencios, una fuente que se arma para la cruzada jurídica contra el emperador del dinero exprés define así su legado: “Ha buscado la muerte económica a miles de familias”.
 
El protagonista de esta historia, tras dos semanas de promesas telefónicas, ha declinado una entrevista cara a cara con EL PAÍS. El próximo día 16 no podrá fallar. Declarará como imputado por estafa en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.
 

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El País: ¿Quién defiende a estos desahuciados?

6 jul. 2013 1 comentarios


Por Inmaculada de la Vega
Publicado en suplemento Propiedades de El País, 27.06.13
 
- Los prestamistas privados que se hacen pasar por particulares se quedan con las viviendas de los deudores
- Los jueces de lo penal suelen archivar las denuncias

Una registradora de una pequeña provincia está decidida y ha dicho basta. No todos ponen el mismo celo. También son escogidos los notarios que se prestan a hacer lo que la registradora, negándose a inscribir, va a evidenciar: en España si quien presta es un amigo, un familiar —alguien que lo hace de forma no profesional—, no hay ley que proteja al que lo recibe.
 
Aprovechando ese boquete proliferan los prestamistas que, cuando el banco le cierra la puerta a alguien y apoyándose en su situación de angustia financiera, se ofrecen a prestarle y a refinanciar. Pero, eso sí, le piden las escrituras de la casa. Algunas veces de la suya y de la de sus padres.

Sin saberlo, el deudor, se mete en un pozo del que para, teóricamente, sacarle, el prestamista, que lo hundió aún más, le puede proponer hasta un segundo y un tercer préstamo, siempre respaldado por escrituras de un inmueble libre de cargas. Así hay quien, por tapar una deuda de 10.000 euros, ha perdido su casa.
 
La víctima ideal está angustiada y conviene que no tenga formación financiera, pero no es imprescindible. En ocasiones piden el préstamo para emprender el negocio o comprar un coche, seguros de la seguridad y la legalidad de la operación que se firma ante notario.
 
¿Cómo encuentra el prestamista a la víctima? En el caso de Rafael del Pozo fue en la propia sucursal del banco donde le dieron el nombre del prestamista "que estaba ayudando a muchos en la zona". En el de María del Carmen Aranda, el prestamista "no llamó al telefonillo, subió directamente a casa".
 
Su amarga experiencia se jalona de abogados que abandonan el caso después de dilatarlo y jueces que archivan. Mala suerte.
 
Israel, Dani..., son muchos los afectados a los que se lleva a la notaría con la promesa de firmar un nuevo préstamo en condiciones favorables para tapar una deuda o afrontar un pago y, tras dos horas de espera, les dan una pequeña cantidad inicial, el resto, les dicen, se lo dará la entidad financiera —de la que incluso llevan ofertas vinculantes— tras firmar unas letras de cambio.
 
Se trata de una hipoteca cambiaria, y estas letras se endosarán a un tercero o un cuarto para que quien, —pasados seis meses de buenas palabras y dilaciones—, ejecute y se quede con la casa no sea el mismo que captó a la víctima. "Todo el que entraba perdía la casa", explica un testigo de estas situaciones. Es difícil que se pueda saldar una deuda en seis meses cuando el dinero que se les da es solo parte de lo que necesitan, y mucho menos del que consta en la escritura, pero los intereses de demora pueden llegar al 29%.
 
Del Pozo, que preside una asociación para agrupar a gente en su misma situación, lo corrobora: "Directa o indirectamente alguien de la entidad financiera te pone en contacto con el prestamista. Nunca te dan todo el dinero que consta en la escritura ante notario. Además, se retiene parte como gastos, comisiones..., se impone un interés alto. Se promete la firma de un crédito futuro reunificando las deudas pero nunca llega el día de cancelar el préstamo y firmar el nuevo y, mientras, los intereses suben y suben". También es común que se falsifiquen documentos y firmas. En el caso de Rafael, cuando consiguió, tras presionar, que le dieran al fin copia de la escritura, vio que "había firmado unos pagarés con intereses de demora de 15.000 euros al año y se había metido la vivienda de mi madre".
 
También a Israel le falsificaron la firma, el prestamista cambió de domicilio y cuando quiso ir a pagar, antes del vencimiento la letra, se había endosado a un tercero ilocalizable. En el caso de María del Carmen, que vive en Toledo, hicieron constar que había trabajado con ellos o que su pareja vivía en Madrid cuando nunca ha sido así. "Supuestamente te prestan dinero, pero la cantidad nunca llega al banco. Yo les insistía que me refinanciaran y me decían: 'Tú tranquila, que no te pasa nada' y así pasa el tiempo hasta que vienen a por ti, a saco", explica. El primer prestamista le pasó a un segundo, y da nombres porque además la empresa opera en Toledo a plena luz del día.
 
En su web puede verse que tanto ayuda a embargados como busca inversores. Aparte de falsificar documentos si hace falta, también piden hipotecas sobre la casa ejecutada a nombre de un insolvente para seguir haciendo caja, pero nunca viene mal el dinero externo.
 
Algunas de estas sociedades operan en varias ciudades y cuentan con testaferros que dirigen a inversores que invierten en estos préstamos sin regular que acaban en el 99% de los casos en desahucio.
 
Los prestamistas son inclementes. Al segundo impago, ejecutan y se quedan con la casa. De eso se trata. Es un negocio seguro: prestan 10.000 euros y obtienen un inmueble que, como mínimo, puede valer 10 veces más.
 
La mayoría no reclama en los tribunales. En muchos casos están arruinados y destrozados anímicamente. Además, "en el procedimiento de ejecución hipotecaria el juez no puede ver el abuso", explica un testigo. El afectado no puede alegar nada ante el juez en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ejemplo, que se les pide que devuelvan unos intereses calculados sobre una cantidad que nunca recibieron. A este mundo del préstamo (fingido) no ha llegado la sentencia de Estrasburgo: no hay cláusula abusiva que alegar.
 
Juan Puche, otro afectado, tiene la valentía de recoger en un blog los testimonios y denuncias, y sigue el rastro, entre otros, de Antonio Arroyo Arroyo.
 
Carlos Galán, abogado de la Asociación de Estafados Victimas Financieras, a la que pertenecen Rafael, María del Carmen y Juan, explica que Arroyo Arroyo está imputado al menos en una decena de juzgados de Madrid por presuntos delitos de estafa. Tiene a su nombre, según el abogado, un buen número de derechos sobre hipotecas vivas y es incalculable el número de las ejecutadas o las que tiene a nombre de sociedades.
 
Hablamos de dinero, mucho dinero. ¿Connivencia notarial? "Es difícil de probar. Sí está clara alguna mala praxis y algunos, tras declarar en procedimientos de estafa, siguen actuando igual", explica Galán.
 
En opinión del abogado del bufete Alberche, sería clave que el Ministerio Fiscal entendiera que son tramas organizadas que actúan en toda España. "Muchos jueces de lo Penal archivan las querellas porque consideran que es una mera irregularidad administrativa que el prestamista no esté dado de alta en el registro obligatorio y, por cierto, inoperante, desde 2009", aclara el abogado.
 
Los jueces dan por hecho la validez del reconocimiento de deuda, la escritura firmada ante notario con una cantidad que, en realidad, nunca reciben. Sí ha habido una ocasión, en Alicante, en que un juez marcó el camino: que sea el prestamista el que demuestre que ha pagado realmente esa cantidad y no al revés. Su sentencia es una gota de agua en un mar de desdichas.
 
Volvamos al principio: la registradora de que hablamos (en realidad no es la única que ha actuado así) tiene en sus manos la escritura hipotecaria, ha cruzado datos y descubierto que la misma persona ha dado 38 hipotecas más, lo que equivale a descartarla como particular y considerar que se dedica profesionalmente a ese negocio. Algo que no parece haberle llamado la atención al notario, el mismo en las 38 ocasiones.
 
¿Cuál es la diferencia entre profesional y particular? Que estos pueden usar el procedimiento de ejecución hipotecaria sin someterse a ningún control previo ni negociación posterior. Mientras que, si se tratase de un profesional, además de estar inscritos en el registro del Instituto de Consumo, deben contar con un seguro de responsabilidad por si cometen irregularidades presentar ofertas vinculantes..., desde que en 2009 se reguló el préstamo por entidades distintas de la banca y cajas. (Que, por cierto, es otro capítulo que Adicae ha documentado).
 
Uno de los registradores que denuncia esta situación propone que se vuelva a la situación anterior a la de la aprobación de la Ley de Ejecución Hipotecaria, cuando solo estaban facultadas las entidades de crédito para determinar la deuda y no como ahora, que puede hacerlo el acreedor.

Hoy por hoy, estos morosos destapan una situación en la que parece que ni Hacienda controla, ni Economía y Justicia dictan normas de protección, ni Consumo interviene, ni los jueces, salvo excepciones, dan amparo.

CUANDO EL NOTARIO OCUPA SU SITIO

¿Qué dice, por alusiones en la historia, un notario? Que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar la intervención notarial para dar seguridad a una transacción. “En una escritura se reconoce la deuda y el compromiso de pagarla. Es el título ejecutivo que evita discutir en un juicio si era o no verdad que te deben ese dinero frente a una reclamación futura. Permite acudir al juez y que ejecute la deuda. Pero la fe pública tiene que defender a ambas partes y ser equilibradora, y cuando viene un particular a prestar dinero a otro, tenemos que hacer un control de legalidad”, indica Ignacio Navas Olóriz.

Aclara que, desde 2010 se inició una política de control de transacciones financieras más rigurosa: “Todas las sociedades deben identificar a la persona física que posea más del 25% del capital y, desde 2006, en la notaría se tienen que identificar los medios de pago: el prestamista tiene que decir de qué cuenta ha salido y a cuál ha ido el dinero, justificar el importe prestado y, para desarrollar esa actividad profesionalmente, tiene que cumplir los requisitos fijados por la ley. ¿Manera de burlarlo? Decir que el prestamista es un familiar o amigo. Por eso mismo, el notario debe cerciorarse de que no se dedica profesionalmente al préstamo, y si se da cuenta de que es una actividad habitual está obligado a hacerle el control de legalidad, exigir la inscripción en el registro, una oferta vinculante...”.

Con las escrituras en la mano, firmadas por los citados en el reportaje, no duda: deben denunciar al notario ante el colegio notarial correspondiente.


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Entrevista a ADEVIF en Radio La Granja, de Zaragoza

30 jun. 2013 0 comentarios

El pasado 27 de junio Radio La Granja, de Zaragoza, entrevistó dentro del espacio AsoZiate a Belén Martínez para hablar de la asociación ADEVIF.

La representante de esta asociación de afectados recordó los orígenes del fenómeno de las estafas hipotecarias: "Cuando se cortó el grifo del crédito bancario, empezaron a aparecer una serie de empresas que aparentaban ser de capital privado" y que pronto "comenzaron a cometer una serie de irregularidades que nosotros creemos que son delitos de estafa".

Belén destacó la doble función de ADEVIF: por un lado, la prevención, "para evitar futuras víctimas", y, por otro, la búsqueda de la justicia para las víctimas, "por dignidad humana".

Defendió la utilidad de iniciativas asociativas como ésta, recordando lo que pasó con los desahucios de la banca: "Hasta que no ha habido unión, el problema no ha trascendido. Todos sabíamos que se estaban cometiendo abusos, pero no había una repercusión social, hasta que las víctimas no se asociaron" y también "hasta que un ejemplar abogado humilde lo elevó a Europa".

Animó a los afectados al compromiso y la implicación "porque siempre esperamos que las cosas las haga otro, pero hay asuntos que no se pueden delegar y cuánta más gente se una más fuerza tendremos".

Sobre el perfil de las víctimas y el modus operandi de los estafadores, detalló que es muy diverso, pero "tenemos un dato en común: todos pedimos un préstamo de poca cantidad y lo que se reflejó en escritura pública fue un capital superior, que nunca se entregó".

La entrevistada lamentó la escasa receptividad de las autoridades y de la Justicia: "Se denuncia y, a menudo, no se investiga o se archiva sin más", lo que implica, a su juicio "una doble victimización, primero por la propia estafa y luego por el desamparo judicial".

Explicó que este problema se convierte en un drama personal y familiar: "Hay personas que incluso llegan a enfermar y hasta mueren". Belén considera que estos engaños "son casos en los que no se puede estar solo", por lo que animó a quienes hayan sufrido una estafa similar a que contacten con ADEVIF y sepan "que no están solos y que cada día somos más".

También divulgó recomendaciones básicas para quien vaya a firmar con capital privado, que es absolutamente lícito: "Tres días antes hay que ir al notario y pedir copia de lo que se va a firmar" para poder examinarlo y consultar. Si el prestamista no les deja o el notario se niega, tienen que sospechar, porque es un derecho legal que les asiste. "Y, después de firmado -añadió-, hay que pedir copia".

Las estafas financieras, aparte de afectar directamente a las víctimas, nos afectan a todos, porque implican, además,  un fraude fiscal y, en algunos casos, una evasión de capitales.

Puso de manifiesto el fenómeno de que incluso "prestamistas de otros países estén animándose a entrar en España, por la vista gorda que hace el sistema".

Belén explicó que estas redes están por toda el territorio nacional, a veces utilizando "marcas paraguas". Y que son tramas delictivas, que incluso amenazan a los afectados o a quienes denuncian públicamente estos hechos. "Pero hay que quitarse el miedo" y actuar unidos.

Pidió también la colaboración de los medios informativos, para dar cuenta de las novedades que se producen en este problema social: "El periodismo no es sólo dar la noticia que proporciona una agencia ese día, sino investigar y hacer el seguimiento de la información".

Éste el es podcast completo de la entrevista a ADEVIF:

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Tenemos que hablar (TVE): modus operandi de estafas hipotecarias

8 jun. 2013 1 comentarios

El pasado 3 de junio el talk show Tenemos que hablar, que dirige y presenta Ana García Lozano en La 1 de TVE, estuvo dedicado a las estafas. Entre ellas, se dedicó una parte de la emisión a las estafas financieras, con la participación del presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, así como la intervención de Carlos Javier Galán, del despacho de Alberche Área Jurídica.

Rafael Pozo detalló su caso personal y cómo fue el engaño tramado. Expuso su decepción ante el escaso interés judicial por el mismo, lo que le impulsó a fundar esta asociación para agrupar a las víctimas de estafas financieras.

Por su parte el letrado explicó el modus operandi más frecuente en estas tramas y se habló sobre el perfil de los afectados, la intervención de los notarios o las dificultades de actuación judicial, con la participación de la juez María Tardón y de la psicóloga Laura García Agustín.

Éste es el video de la intervención del presidente de ADEVIF y del abogado de Alberche Área Jurídica:

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Reunión de ADEVIF con afectados de la Comunidad Valenciana

3 jun. 2013 0 comentarios

El Presidente de ADEVIF, Rafael Pozo y el abogado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán se reunieron el pasado sábado 1 de junio en la localidad castellonense de Vinaròs con afectados procedentes de toda la Comunidad Valenciana.

El encuentro sirvió para conocer de primera mano los casos que se han producido en la región y agrupar a las víctimas, que pudieron así intercambiar impresiones y brindarse apoyo mutuo.

En la reunión quedó constituida formalmente la delegación de ADEVIF en la Comunidad Valenciana y se concretaron los aspectos organizativos y administrativos.

Al término de la jornada, el presidente de ADEVIF grabó, por gentileza del blog Alerta Trama Estafadores, un sencillo y claro mensaje dando a conocer qué es ADEVIF y animando a los afectados por este tipo de engaños a unirse:

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Suspensión de ejecuciones hipotecarias por cláusulas abusivas

1 jun. 2013 0 comentarios

Si está usted inmerso en una ejecución hipotecaria por impago, recuerde que el próximo 17 de junio finaliza el plazo para alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas y obtener la suspensión provisional del procedimiento mientras se resuelve esa cuestión.

La nueva Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios introdujo una nueva causa de oposición frente a la ejecución hipotecaria en el artículo 695.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil: el carácter abusivo de cláusulas contractuales que constituyan el fundamento de la ejecución o que hubiesen determinado la cantidad exigible.

En los procesos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la ley, esa circunstancia podrá alegarse por parte del deudor en el trámite de oposición en plazo de diez días. Pero, excepcionalmente, en todos los procesos actualmente en curso (siempre que la posesión del inmueble no se hubiera puesto ya a disposición del adquirente en subasta), se ha concedido un plazo improrrogable de un mes desde la entrada en vigor de la Ley para que pueda alegarse el carácter abusivo de una cláusula.

Si se alega tal circunstancia, instando el correspondiente incidente judicial, esto supondrá la suspensión del curso del proceso hasta que se resuelva el referido incidente.

Si, tras la tramitación procedente, el juez determina que, en efecto, la cláusula es abusiva, acordará que se sobresea la ejecución (cuando esa cláusula contractual es la que la fundamenta) o bien que continúe pero sin aplicar la cláusula abusiva (cuando no fundamenta la ejecución pero ha servido para fijar la cantidad exigible).

Por tanto, si está afectado por una ejecución hipotecaria en su contra, puede ahora suspender la misma y paralizar así su desalojo de la vivienda, pero sólo será posible en ese plazo legal hasta el 17 de junio.

Coméntelo con su abogado y asegúrese de que se hace uso de este trámite. Si desea que nuestro despacho estudie si existen en su préstamo hipotecario cláusulas que pudieran considerarse abusivas a la luz de la normativa española y comunitaria, puede dirigirse a abogado@alberche.com .Ese estudio previo es gratuito y sin ningún compromiso. En caso de que se considerase viable en su caso la interposición de este incidente extraordinario de oposición por claúsulas abusivas, le explicaríamos las condiciones.
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Colegio de Abogados inadmite denuncia de Arroyo contra abogado

30 may. 2013 0 comentarios

El Colegio de Abogados de Madrid ha acordado el archivo de la queja presentada por Antonio Arroyo Arroyo, imputado en varios juzgados por presuntas estafas, contra el letrado Carlos Javier Galán, que defiende los intereses de varios afectados y que viene destacándose en la denuncia pública de la trama encabezada por este prestamista, con sus declaraciones en TVE, La Sexta, El País, etc.

El prestamista Antonio Arroyo le acusó ante la Comisión Deontológica del Colegio de "vulneración del deber de secreto profesional" y de "captación desleal de clientes", basándose en que el despacho Alberche Área Jurídica que dirige este abogado había informado en internet de esas acciones legales emprendidas por presunta estafa, para conocimiento de otras posibles víctimas.

El Colegio acuerda no abrir trámite informativo ni expediente disciplinario y archivar sin más la denuncia. Por un lado, el Colegio destaca que a Arroyo no le une ninguna relación profesional con el abogado, por lo que difícilmente puede haber vulnerado éste ningún secreto. Y por otro, a juicio de esta corporación, no se aprecia que la información publicada en la web del despacho “incite al conflicto, sino al mero ejercicio de derechos, lo que no sólo es lícito sino loable”.

El Colegio de Abogados rechaza así de plano el intento del presunto estafador de tapar la boca a quienes venimos denunciando sus actuaciones.
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Las estafas hipotecarias, otro drama social que reclama respuesta

25 may. 2013 0 comentarios

Publicado en Lawyerpress, 01.05.13

Las limitaciones que hoy existen por parte de los bancos para acceder al crédito han intensificado el recurso a otras empresas financieras y a prestamistas privados. Algunos analistas estiman que un 20 % de las operaciones podrían estarse concertando hoy fuera del mercado bancario.

Al contrario que las entidades de crédito -cuya actuación se encuentra sometida legalmente a la vigilancia del Banco de España-, las empresas sin esa consideración carecían incluso, hasta no hace mucho tiempo, de normativa propia y de controles específicos en el ejercicio de estas actividades y sólo se encontraban sujetas a la legislación mercantil y civil general. Por vez primera, la Ley 2/2009, de 31 de marzo, entró a regular la materia, ante el auge registrado tanto por la intermediación financiera como por la concesión de préstamos no bancarios. Pero, como lamentablemente sucede a menudo en nuestro país, la publicación de una ley no implicó que se hiciera realidad su contenido. Navegando por la red, constatamos que siguen proliferando las webs que ofrecen dinero supuestamente fácil y rápido, sin facilitar la información preceptiva, tan elemental como la identificación de la propia empresa o la tabla de tarifas de sus servicios.

Pero el incumplimiento no sólo se produce por parte de algunas empresas sometidas a la norma: la propia Administración no muestra el celo necesario en los deberes que la competen. La referida Ley estableció como garantía la existencia de un Registro estatal para las empresas que se dedican a esta actividad. Se tardó casi dos años en crear, hasta que por fin se dictó el Real Decreto 106/2011, de 28 de enero. Pero si hoy un consumidor quisiera acceder por internet al mismo para realizar una consulta sobre algún operador, se encontraría con este mensaje: “Actualmente este registro está en fase de desarrollo”. Recordemos: han pasado más de cuatro años desde que se estableció la obligación legal de inscripción y más de dos desde la creación formal del Registro, y éste sigue sin estar plenamente operativo y sin cumplir su finalidad.

Las reclamaciones se suceden porque, dejando al margen los abusivos intereses, muchas empresas financieras incurren en prácticas irregulares, tales como la omisión de requisitos formales en la información previa, el cobro de primas de seguro no contratadas o el cargo de comisiones por servicios que realmente no han prestado, entre otras.

Pero, más allá de incumplimientos concretos dentro de una actividad absolutamente legal, asistimos a otro preocupante fenómeno, que la crisis y las imperiosas necesidades de las familias agudizan: las estafas financieras. No se trata ya de una actividad lícita en la que podamos detectar algunas irregularidades puntuales, de orden civil o mercantil, tal vez sancionables administrativamente. Me refiero a una realidad que va mucho más allá: la actuación de tramas delictivas organizadas para lucrarse engañando a personas con problemas económicos.

Mi dedicación profesional preferente es, salvo raras excepciones, ajena el Derecho Penal. Pero en un procedimiento civil –una ejecución hipotecaria- que me encomendó un cliente y amigo, acabé encontrando elementos que me hicieron sospechar que el engaño que había sufrido no era único, sino que posiblemente esa operativa se estaba repitiendo. En efecto, meses de investigación, de tirar del hilo, de contactos con otros afectados, con fuentes policiales, con otros compañeros letrados, me acabaron descubriendo una realidad dramática a la que, en mi opinión, sigue sin prestarse suficiente atención.

El perfil de las víctimas es claro: personas con necesidades económicas acuciantes, con dificultades de acceso al crédito bancario, pero con una propiedad inmobiliaria libre de cargas. La estafa más repetida –aunque no la única- consiste, en lugar de fijar un interés elevado (que correría riesgo de ser objeto de anulación, mediante la Ley Azcárate de 1908, aún en vigor), en fijar en la escritura un capital -significativamente, siempre en efectivo- muy superior al realmente entregado, a veces el doble o incluso el triple.

Que alguien firme ante notario haber recibido una cantidad más elevada a la que percibe puede parecer poco creíble, un engaño sumamente burdo a primera vista. Pero, cuando se analizan estos casos y se recaba el testimonio de personas de las más diversas procedencias que ni siquiera se conocían entre sí, se comprueba que estamos ante un modus operandi sumamente elaborado, como expliqué en declaraciones al Telediario de TVE. No es cuestión de describirlo aquí con detalle, pero baste decir que una madeja de mentiras, de medias verdades, de promesas incumplidas, de documentos bancarios falsificados, de firma de documentos privados con las condiciones realmente habladas pero que luego no se entregan a los interesados, más la presencia final de un notario… acaban envolviendo a las víctimas, con el resultado de que firmarán una escritura –más de veinte páginas con un contenido legal y técnico poco comprensible para un ciudadano común- que nada tiene ya que ver con lo que creía estar contratando.

El afectado, ajeno a la realidad, seguirá telefoneando al prestamista o sus intermediarios para ver cómo va la prometida refinanciación o la entrega del “resto del dinero” e irá recibiendo largas. Sin ser plenamente consciente, ha suscrito un préstamo con garantía hipotecaria por importe muy superior al recibido y con un vencimiento a escasos meses vista. Cuando no pague en esa fecha, comenzará a correr un interés de demora, habitualmente del 29 %. Y, finalmente, si antes no se percata del engaño ni actúa legalmente, acabará enfrentándose a una ejecución hipotecaria, en la que el presunto estafador o un testaferro se quedarán con su vivienda y dejarán a su familia en la calle, habiendo realizado en la práctica un desembolso real ínfimo, muy lejos de la deuda que formalmente justifica la adjudicación.

Julio Martínez, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, en declaraciones al programa Equipo de Investigación de la Sexta, reconocía que “hallamos muy pronto que lo que era una denuncia concreta se transforma en la punta del iceberg de una estafa masiva, con un número de afectados indeterminado”. Hay decenas de denuncias interpuestas, pero son centenares los afectados por prácticas de este tipo. Sirva como botón de muestra que sólo uno de los prestamistas más denunciados tiene inscritas y vigentes a su favor actualmente cargas hipotecarias sobre cerca de ciento cincuenta inmuebles de toda España, esto sin tener en cuenta las fincas hipotecadas a favor de sus sociedades mercantiles, las ya ejecutadas, las adjudicadas a terceros, etc.

Frente a ello, las acciones por presunta estafa que interponen los afectados dan lugar a reacciones muy dispares en la jurisdicción, por la dificultad probatoria y porque no existe una investigación judicial global, ni una actuación decidida de la Fiscalía que tome en consideración la trama en su conjunto y no el caso individual de cada denunciante.

Pero no sólo los que ya han sido engañados precisan una respuesta de la Justicia. También hay que evitar que sigan produciéndose nuevas víctimas. Para ello no cabe descartar la conveniencia de reformar la normativa o reforzar los controles. Pero tal vez, antes de recurrir a una medida tan habitual en España –la de modificar la ley-, habría que adoptar otra bastante menos frecuente y tal vez más eficaz: hacerla cumplir. Ejercer de forma efectiva los controles para que se respete una normativa que, como decíamos, cualquiera puede comprobar, con una simple búsqueda en internet, que sigue siendo vulnerada todos los días sin que nadie actúe ante ello.
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El Periódico de Aragón: Cuando el "malo" no es el banco

30 abr. 2013 0 comentarios

Por F. Mantecón
Publicado en El Periódico de Aragón, 22.04.13

- Un aragonés funda una asociación de afectados por estafas hipotecarias a cargo de prestamistas que, con presuntas malas artes, lograron inmuebles a precios irrisorios
 
Ocultos en las estadísticas de desahucios y ejecuciones hipotecarias se esconden, en un porcentaje difícil de cuantificar, las víctimas de diversas presuntas tramas de estafas a cargo de financieras y prestamistas que, aprovechándose de los apuros económicos de los que recurren a ellos, acaban quedándose con su casa. Rafael Pozo, un andorrano de 52 años, fue víctima de uno de estos supuestos engaños, y buceando en internet descubrió que no estaba solo. Por ello fundó, hace cuatro años, la Asociación de Estafados Víctimas de las Financieras (ADEVIF), que cuenta con unos 60 inscritos por toda España.
 
Probar cada caso es complicado, y ni el método ni los responsables son siempre los mismos, pero ellos siguen luchando para que se reconozcan sus casos como estafas y los jueces tomen cartas en el asunto. Recaban apoyos a través de la web www.estafadoseindignados.es.
 
COINCIDENCIAS
 
La asociación cuenta con el asesoramiento del abogado madrileño Fernando Díaz Sanz, que trata de asesorar a todas las víctimas. "Hay una clara coincidencia de testimonios, las historias son similares. Aunque el método de estafa parezca burdo, las realizadas de forma muy hábil, porque rara vez quedan pruebas. Pero han cometido algún error, se les ha escapado algún documento", explica.
 
El modus operandi común es llevar a las víctimas a contactar con financieras y prestamistas que, en presunta connivencia con notarios o abogados, firman contratos de préstamo que, por una u otra razón --dilación en los plazos, falsificaciones...-- las víctimas no pueden satisfacer. Y acaban perdiendo las casas que han puesto como garantía.
 
Según explica Díaz, los casos que han estudiado en Aragón son deslabazados, rara vez coinciden los responsables o el método. "En España hay muchos casos atribuidos al empresario Antonio Arroyo Arroyo, pero cuando es un problema individual es muy difícil probarlo, y para reabrir el proceso judicial hay que aportar algo nuevo", lamenta.
 
En Zaragoza, el letrado Carlos Javier Galán comienza a asumir algunos de estos procesos. "Es un tema sangrante, pero difícil de demostrar", explica.
 
RAFAEL POZO: "CON LO QUE ME EMBARGAN NO ME LLEGA NI PARA LOS INTERESES"
 
Rafael Pozo, minero prejubilado de Andorra, impulsó la asociación ADEVIF. A sus 52 años, se encuentra con la nómina embargada. Son 800 euros retirados al mes -si los ingresara- que no llegan ni para pagar los 15.000 euros de intereses de demora anuales que tiene fijados con un prestamista, por un crédito de 60.000 euros que asegura que no firmó. Para llegar a esta situación pasó por un calvario notarial con dos créditos suscritos y una denuncia archivada por dos veces.
 
Según relata, su caso comenzó en el 2006, cuando por un negocio fallido de karts se encontró en quiebra, y con una serie de créditos, algunos personales, entre ellos uno de 9.000 euros.
 
Al no poder afrontar las cuotas, intentó negociar una reunificación de créditos con dos entidades bancarias, pero al estar en la lista de morosos no lo aceptaron. Sin embargo, en una de ellas le sugirieron acudir al capital privado y logró un crédito de 15.000 euros, 9.000 para pagar la deuda --y salir de la lista de morosos-- y 6.000 para pagar trámites y adscribirse a la Unidad de Créditos Hipotecarios de un banco, con su casa de garantía.
 
Pero la firma de esta última transacción en la notaría se fue dilatando, -"no entendíamos por qué, siempre faltaban papeles"- hasta que se aproximó la fecha del pago al prestamista, y éste se negó a renegociar. Le derivaron a otro para suscribir un crédito de 30.000 euros con el que afrontar la nueva deuda, y añadió la casa de su madre como aval. Firmó unas condiciones leoninas -6.000 euros de intereses en un año-, pero le dieron 1.400 para volver a salir de la lista de morosos.
 
No le dieron las escrituras hasta que amenazó con denunciar, y descubrió que el contrato reflejaba el doble de la cantidad que él firmó. Pero el juez no ha visto pruebas del presunto engaño ante notario.
 
CONSUELO VELILLA: "ME HAN DEJADO EN TANGA"
 
Consuelo Velilla, delegada de ADEVIF en Aragón, llegó al prestamista a través de un conocido, y el hombre les llevó a un notario amigo suyo, que les hizo un hueco para firmar los papeles. Pero afirma que no firmó lo que leyó. Sin saberlo, había otorgado un poder al prestamista para quedarse su casa; ella le pagaba un alquiler. Pese a pagar, la denunció por impago y la desahució, y ha tenido que mudarse a Alfajarín. "Me han dejado en tanga", ilustra. 
 
IRENE GIMENO: "ESTOY DE OKUPA EN MI PROPIA CASA"
 
Irene Gimeno trabaja activamente en la asociación ADEVIF, desde que descubrió su existencia. Esta restauradora de muebles zaragozana en paro se vio, a raíz de una estafa anterior, sin posibilidad de pagar su hipoteca y embargada. Recurrió a una financiera, a la que tampoco podía pagar, y finalmente, a través de una serie de contactos llegó a una prestamista, que se hizo cargo de la deuda con un préstamo de 65.500 euros, con un devengo del 14%, que le permitía cancelar el embargo.
 
Recibió un cheque de 11.000 euros, que asegura que ingresó en el banco como gastos de gestión, pero no los otros 4.000 que en principio deberían haberle dado. "No me dieron el cheque en ese momento, pero me fié", lamenta. Según explica, es discapacitada psíquica y en ese momento atravesaba un episodio de depresión profunda a raíz de la posibilidad de perder la casa.
 
Al acercarse el vencimiento del crédito, y cancelada su deuda real de 21.000 euros, comprobó que figuraban unos 19.000 como "otros servicios" en un cheque nominativo que nadie le explica a dónde fueron a parar.
 
Ahora se encuentra con una deuda de 65.000 euros más intereses, además de las tasas judiciales de la denuncia que ha presentado. "Estoy de okupa en mi propia casa, esperando que no me echen", explica. Espera que "la lucha con el abogado sirva al menos para llegar a un acuerdo con esta gente".
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