El País: ¿Estafas hipotecarias y control notarial?

14 abr. 2014 1 comentarios



La necesidad social del notario dependerá de que se ajuste a la legalidad tanto como al proceder ético y moral

Por José Ignacio Navas Olóriz, notario
Publicado en El País, 09.04.2014.

Ésta era la pregunta que me formulaba unos minutos antes de participar en una mesa redonda que sobre ese tenebroso asunto se celebró, hace unos días, en el Colegio de Abogados de Madrid.

No podía creer que se pudiera dar el delito de estafa en el negocio jurídico del préstamo hipotecario. Después de ese acto, sí lo creo.

La mayor dificultad para creer en ese binomio, estafa e hipoteca, derivaba de la necesaria intervención de un notario. Ante tal intervención surgía de inmediato la pregunta ¿realiza ese notario el control de legalidad al que está obligado? La respuesta no puede ser afirmativa, pues de serlo habría de negarse a tal autorización.

Un contrato celebrado sin testigos, en la estricta intimidad de los contratantes, sin evidencia social, sin que nadie más tenga noticia del mismo, no constituye un dato jurídico observable, y por tanto poco importa al Derecho que se nutre de hechos jurídicamente relevantes; pero aquel contrato puede ser objeto de corroboración por parte de otras personas, con lo que, de inmediato salimos del terreno de los hechos y de las obligaciones morales, para entrar en el de los títulos jurídicos.

El juez casi siempre ignora los hechos, sabe de ellos lo que dicen las partes en el proceso, e incluso en aquellos casos en los que el juez comprueba por sí mismo la realidad de un hecho -los linderos de una finca- tiene que acudir, necesariamente, a ese referente corroborador que es el título. Será necesario que compruebe la realidad de esa finca. La apariencia de los hechos puede no corresponderse con la realidad del derecho.

Por otro lado, el Derecho constituye – pero no sólo eso- una colosal herramienta de pacificación de la contienda a través del orden social. Así pues, una parte importante del mismo se realiza poniéndose de relieve a través de las sentencias de los tribunales. Primero es la norma y después la sentencia, la resolución judicial que en cuanto resulta pacificadora o resolutiva se hace derecho en sentido real e individual para quienes ha sido dictada. Pero la norma solo indica o regula. Es la libertad del ciudadano la que determina su cumplimiento o incumplimiento y éste determina, en definitiva, su análisis por el juzgador, quien a la hora de realizar tal análisis habrá de tener en cuenta otra serie de datos y normas cuyo incumplimiento o aceptación puede no haber estado debatido.

Volvemos con ello a los títulos jurídicos. Una gran parte de la doctrina filosófica (Olivecrona) y jurídica afirma, que "lo que realmente interesa en los litigios es el título legal y no el derecho. En nuestra ideación el derecho se concibe como algo creado por el título, algo que se ubica entre el título y la sentencia y que constituye el fundamento inmediato de ésta", así pues esos títulos o "equivalentes jurídicos" parecen definitivos en la resolución del litigio.

Entre el mero ocupante y quien exhibe escritura de propiedad, prevalecerá la razón de este último. La escritura se muestra como un dato observable para el juzgador que le muestra una evidencia jurídica acerca de un hecho sobre el que tiene que juzgar y sentenciar.

Ésta la gran dificultad con la que se encuentran los presuntamente estafados: el valor de la escritura.

De ahí la necesidad de reclamar una buena y uniforme praxis notarial. El Consejo General del Notariado demostrando una vez más una extraordinaria sensibilidad recordó a los notarios la necesidad de extremar el cuidado y atención en este tipo de intervenciones, y creo que era necesario.

En la auditoría legal que ha de hacer el notario antes de proceder a la autorización de aquellas -y todas- escrituras públicas ha de contemplar la existencia de una norma que dificulta admitir uno de los aspectos que contribuyen a la estafa: la confesión por el prestatario de haber recibido con anterioridad una cantidad muy superior a la efectivamente prestada, ¿se hace necesario recordar que conforme a la ley 7/2012, de 29 de octubre, se limita el pago en efectivo a la cantidad máxima de 2.500 euros cuando alguno de los intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional? ¿Es necesario recordar que en tales escrituras el prestamista siempre ha de actuar en tal carácter?

Otro de los aspectos de ese ritual de engaño consiste en la tasación a la baja del inmueble hipotecado como medio para facilitar la apropiación por el prestamista a cambio de una bajísima cantidad, en el procedimiento de subasta consecuente al impago de la cantidad pactada. ¿Se hace necesario recordar que conforme a la Ley 1/2013 tratándose de vivienda habitual la tasación no puede ser inferior al 75% de la valoración que ha de hacer un tasador profesional y que necesariamente ha de incorporarse a la escritura?

Las advertencias a los prestatarios -que por supuesto tienen derecho a suscribir tales "escrituras" en ejercicio de su libertad civil que el notario está obligado a amparar y respetar-, han de llevarles a completar su consentimiento informado, de tal manera que el sofisticado recurso de librar letras de cambio que ellos aceptan y en cuya garantía se constituye la hipoteca, ha de incluir la explicación acerca de la conveniencia de domiciliar su pago, de la posibilidad del endoso y consiguientes problemas, y de los medios que en tal caso existen para tratar de no dificultar ni agravar el cumplimiento por el prestatario de una obligación que ya se adivina como de improbable cumplimiento.

La actividad notarial ha de constituir una fuente fiable de observables jurídicos sobre los que el juzgador aplicará y hará realidad el derecho. El notario, parece un lugar común, da forma legal a las relaciones jurídicas, a los hechos jurídicos. La ley habla de forma "legal", no de forma jurídica. Pero como lo legal entra en la categoría de lo jurídico y lo ilegal en la de lo antijurídico, tal mandato parece poner de relieve que el legislador se está refiriendo a la categoría más amplia de forma jurídicamente válida o lo que es lo mismo la que se ajusta no solo a las prescripciones legales, formales y sustantivas, sino también al recto proceder ético y moral, a la norma deontológica.

Ese recto proceder es el que contribuye a aproximar el sistema normativo, el ordenamiento jurídico, a la realidad social, a las necesidades de los ciudadanos, y el que acreditará o no, en definitiva, la necesidad social del notario.
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La AP de Soria confirma anulación de ejecución hipotecaria abusiva

13 abr. 2014 1 comentarios

Hace algunos meses reseñábamos una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Soria que calificábamos de "interesante" y "ejemplar" por su contenido, al anular íntegramente una ejecución hipotecaria al apreciar diversas cláusulas abusivas, planteadas por la afectada, defendida por la letrada Margarita Antolín. Pues bien, recurrida en apelación por el prestamista, la sentencia ha sido ahora confirmada por la Audiencia Provincial de Soria.

Aquella resolución judicial declaró abusiva el interés de demora del 29 %, la comisión de impago del 10 %, la valoración del inmueble a efectos de subasta sin tasación profesional y el reducido plazo (6 meses) para devolver íntegramente el teórico capital, por lo que dejó totlamente sin efecto el despacho de ejecución.

En su recurso, la parte apelante alegaba, entre otras cuestiones, que no se había pedido la nulidad de la tasación, pero el tribunal recuerda que la abusividad puede apreciarse de oficio y que el ejecutado sí había hecho reiteradas menciones a ese aspecto. La Audiencia Provincial de Soria coincide en que "la valoración del bien a efectos de subasta por debajo de su valor de mercado, tiene efectos muy perjudiciales para su el consumidor, pues de tal valoración dependerá el precio de salida de subasta y, por tanto, el importe que se puede obtener con la venta para poder pagar la deuda, de tal manera que, de ser muy bajo, puede dar lugar a que no sea suficiente para pagar la deuda o que se adjudique la vivienda el acreedor por un precio muy inferior al de mercado".

También discutía el prestamista la nulidad del plazo de vencimiento y la Audiencia Provincial desestima igualmente ese motivo de recurso: "Consideramos contraria a la buena fe y abusiva la cláusula que establece la devolución de la totalidad de lo prestado, más los intereses remuneratorios, en un solo pago, seis meses después de firmado el préstamo". El tribunal recuerda que "el prestamista conocía las circunstancias personales de la prestataria, sus escasos ingresos y su historial previo de impagos, por lo que la imposición de un plazo tan corto de devolución, abocaría necesariamente a la pérdida de la vivienda hipotecada por parte de la deudora, máxime si tenemos en cuenta el escaso valor de tasación a efectos de subasta que se le dio a la finca".

Además, el prestamista sostenía en su recurso que no cabía declarar la abusividad del interés de demora del 29 % por no tratarse de vivienda habitual y por haberse establecido la limitación en una ley posterior sin que quepa retroactividad. Y cree que no puede inaplicarse la cláusula de intereses de demora sino moderarse. La Audiencia Provincial de Soria desmonta todos los argumentos: la abusividad de una cláusula no se limita "al hecho de que el préstamo se haya concedido para vivienda habitual, sino que puede apreciarse en todo supuesto de ejecución"; la nueva normativa "afectará a las actuaciones ejecutivas pendientes de realizar" que en este caso son prácticamente todas; y la facultad de integrar el contrato pondría en peligro, de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el objetivo de la Directiva, por lo que no cabe su moderación, sino que los intereses abusivos han de tenerse por no puestos.
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Lawyerpress: Expertos y afectados reclaman más implicación de Fiscalía

12 abr. 2014 0 comentarios

Publicado en Lawyerpress.com, 09.04.2014

El salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid registró una gran afluencia tanto de afectados como de profesionales, para asistir a la I Jornada sobre Estafas Hipotecarias organizada por la asociación ADEVIF, con la colaboración del propio ICAM y del despacho Alberche Área Jurídica. Abrió el acto la Decana, Sonia Gumpert, quien llamó la atención sobre el alcance de estas tramas delictivas y reivindicó el compromiso social de la abogacía, haciendo mención al papel que están desempeñando los letrados, tanto de turno de oficio como de libre designación, en la defensa de los afectados. Todos los intervinientes coincidieron también en reclamar una mayor implicación del Ministerio Fiscal, un paso que consideraron imprescindible para impulsar la acción de la justicia y evitar que continúe la impunidad de estas tramas. También se apuntó a un papel más activo de la Agencia Tributaria, porque “no sólo estafan a las víctimas, sino que con estas operaciones opacas nos estafan a todos y hay que estrechar todos los cercos sobre las mismas”.

Mª Carmen Aranda, Vicepresidenta de la asociación convocante, justificó los motivos de esta jornada y agradeció afectuosamente la acogida que la abogacía madrileña dispensaba al colectivo de víctimas.

El notario José Ignacio Navas, el Inspector Jefe de Policía Julio Martínez y los abogados Carlos Javier Galán y Fernando Adame, todos ellos conocedores directos de la materia, participaron en una interesante mesa redonda, moderada por Belén Martínez, de ADEVIF, donde se analizó desde distintas ópticas la actuación de las redes de estafas en préstamos no bancarios.

Fernando Adame trazó el perfil elemental de la víctima: persona con necesidades económicas y con posibilidad de hipotecar un inmueble. Fuera de esto, Julio Martínez insistió en que no existe un perfil en cuanto a nivel cultural, económico o social: cualquiera podemos ser víctima de estas redes.
Los intervinientes informaron, desde sus distintos roles, sobre la situación actual de las investigaciones policiales y judiciales de este fenómeno, tan poco conocido pero con millares de familias afectadas en toda España.

Para Galán, la dificultad probatoria sigue siendo muy marcada, pero se ha avanzado en muchos aspectos: ir rompiendo la invisibilidad del problema gracias a recabar la atención de los medios de comunicación; agrupar a los afectados y acabar con su aislamiento desde el asociacionismo y las redes sociales; y poco a poco lograr una mayor implicación institucional y judicial, algo en lo que aún quedan muchos pasos por dar.

Los ponentes debatieron acerca de diversas cuestiones, como el controvertido papel de algunos notarios en estas operaciones. “Todos los afectados –aseguró Carlos Galán- en algún momento dicen algo parecido a ‘cómo iba a sospechar de que era un engaño, si estaba ante un notario’. Esto dice mucho a favor del prestigio y la credibilidad de la profesión notarial en España y dice mucho en contra de unos pocos notarios con nombres y apellidos”.

El Inspector de Policía Julio Martínez subrayó que, en efecto, la presencia de un fedatario público, contribuye a disminuir el nivel de alerta del prestatario y acaba “sacralizando la estafa”. El notario Ignacio Navas expresó públicamente su compromiso personal para intentar que el colectivo actúe ante estos casos puntuales, al tiempo que pidió reformas legales que refuercen el control de legalidad por parte de los notarios (“hay que evitar que algunos puedan encogerse de hombros”), y reivindicó la necesidad de un código deontológico en la profesión, que hoy no existe.

ROMPER CON LA IMPUNIDAD

Todos los intervinientes coincidieron también en reclamar una mayor implicación del Ministerio Fiscal, un paso que consideraron imprescindible para impulsar la acción de la justicia y evitar que continúe la impunidad de estas tramas. También se apuntó a un papel más activo de la Agencia Tributaria, porque “no sólo estafan a las víctimas, sino que con estas operaciones opacas nos estafan a todos y hay que estrechar todos los cercos sobre las mismas”.

El coloquio registró interesantes intervenciones de letrados presentes entre el público, unos ya ocupados en la llevanza de procedimientos judiciales de este tipo y que valoraron muy positivamente la información ofrecida, y otros mostrándose profundamente sorprendidos por las características y dimensiones del problema.

El segundo bloque de la jornada se centró en las víctimas. La psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez Salegui analizó detalladamente el llamativo modus operandi que despliegan estas redes criminales, coincidiendo con los anteriores intervinientes en que cualquiera puede caer en la trampa, porque “han diseñado una hábil operativa de engaño, depurada a través de años”.

Para la psicóloga, los estafadores juegan con factores como una inmediatez que impide el asesoramiento y el acompañamiento, el temor y la angustia que produce una situación económica apremiante, la confianza en el entorno (prestigio del notario y a veces documentos bancarios falsos) y el deliberado aumento del cansancio mental y el nerviosismo, mediante largas esperas previas o prisas finales del prestamista que hacen bajar la guardia del prestatario.

También describió la situación psíquica en la que desembocan estos delitos. Recomendó a los letrados reclamar judicialmente esos daños psíquicos y ofreció a los estafados una serie de recomendaciones prácticas a la hora de afrontar el drama personal y familiar en el que acaban inmersos, como pautas de comunicación al entorno cercano, de autocuidado, de apoyo mutuo o de evaluación psicológica. No hay que olvidar que se han registrado incluso algunos suicidios de estafados. “Por muy grave que sea la situación económica, la salud mental es más importante. Porque sin salud no se sale de esto”.

En el enriquecedor coloquio, tomaron la palabra varias víctimas, cuyo testimonio en primera persona sobrecogió a los presentes.

Clausuró la jornada Carmen Pérez Andújar, Secretaria de la Junta de Gobierno del ICAM, quien felicitó a la organización y los participantes por esta iniciativa y su desarrollo, y animó a los afectados a no desfallecer en esta complicada lucha por sus derechos.
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Proposiciones de IU y CHA en Aragón sobre estafas de prestamistas

11 abr. 2014 0 comentarios


Tras la comparecencia de una delegación de ADEVIF en las Cortes de Aragón, han sido varias las iniciativas parlamentarias que se han formalizado en relación con el problema de las redes de estafas de prestamistas denuncia por esta asociación de afectados.

El mismo día del debate, el grupo de Izquierda Unida en el parlamento autonómico, a través de su portavoz Patricia Luquin y a instancia de su portavoz en la Comisión de Peticiones Ciudadanas Luis Ángel Romero, registró una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno de Aragón a "colaborar activamente con ADEVIF" y a promover "cuantas actuaciones y medidas sean precisas para evitar que se sigan produciendo este tipo de actuaciones fraudulentas y delictivas, tanto en el ámbito de la divulgación y protección de los consumidores, como en la adopción de medidas normativas que se entiendan adecuadas para prevenir la comisión de este tipo de delito". Además, se insta al desarrollo autonómico de las disposiciones contenidas en la Ley 2/2009, que regula la contratación de préstamos hipotecarios con empresas no bancarias y, en particuolar, la creación de un registro de prestamitas en Aragón.

Por su parte, unos días más tarde, el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista, por medio de su portavoz José Luis Soro, presentaba también su Proposición No de Ley, en la que pide que las Cortes de Aragón se dirijan formalmente al Gobierno central para que redacte un proyecto de ley que reforme y regule adecuadamente la contratación de préstamos no bancarios, de forma que no sea una materia de consumo -como ahora sucede- sino financiera y sometida a organismos de control. Y que se active la creación del registro público de empresas, hoy formalmente creado pero que no puede ser consultado en la web por estar supuestamente en fase de desarrollo desde hace varios años.

Ambas proposiciones se han admitido a trámite por la Mesa de las Cortes en sesión celebrada el 2 de abril de 2014 y se han publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 8 de abril. Se tramitarán ante la Comisión de Economía de la cámara.
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Lawyerpress: Tolerancia cero con las estafas por préstamos hipotecarios

10 abr. 2014 0 comentarios

Publicado en Lawyerpress.com, 26.03.2014.

ADEVIF interviene en las Cortes de Aragón y reclama medidas para poner freno a los prestamistas sin escrúpulos

Luz y taquígrafos y más control a los prestamistas privados que ahora campan a sus anchas es el mensaje que recibieron en la mañana de ayer los diputados de las Cortes de Aragón por parte de ADEVIF (Asociación de Estafados Víctimas Financieras), en la comparecencia del presidente de esta entidad Rafael Pozo, su abogado, Carlos Galán y uno de los numerosos afectados en nuestro país como es Belén Martínez.

La crisis económica ha generado esta forma de financiación bastante extraña y abusiva por la que muchos particulares han visto embargados casi todos sus bienes. Los afectados aseguran que en muchas ocasiones este tipo de estafas esconden otro tipo de delitos como el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos. Esta comparecencia surgen días antes que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid dictara un auto inhibiéndose a favor de las actuaciones de la Audiencia Nacional. El próximo sábado en el Colegio de Abogados de Madrid tendrá lugar una jornada para analizar más a fondo la problemática de las estafas hipotecarias.

Más de un millar de familias afectadas y un centenar de asociados, cantidad que se incrementa de forma continuada en esta España en crisis, configuran ADEVIF, asociación de carácter nacional con afectados por prestamistas sin escrúpulos. Su abogado, Carlos Galán, letrado de la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF), propuso este martes crear un Registro autonómico de prestamistas privados para evitar las estafas: “ De momento el registro estatal no funciona y hay que ver la manera de controlar este tipo de actividad muchas veces fraudulenta”. Desde su punto de vista ese Registro tiene sentido si sirve para ejercer mayor control y transparencia a estas prácticas. Galán indicó que en los últimos años "han proliferado" empresas financieras e intermediarias, así como prestamistas de capital privado, implantándose un procedimiento de concesión de créditos que "en otros países funciona bien", pero en España "está poco regulado" e impera "un poco la ley de la selva". Ha apuntado que estas prácticas se normativizaron en España por primera vez en 2009.

En el caso del Gobierno de Aragón, que tienen competencias en consumo, fue el propio Galán quien les comentó la posibilidad que pudieran actuar de oficio y hacer inspecciones a esas empresas que dan esos créditos con condiciones muy leoninas.

ADEVIF está defendiendo a estas personas estafadas, subrayó Galán, quien ha dejado claro que algunos casos entran dentro del ámbito de lo penal, ya que en algunas ocasiones "se induce" a algunas personas a "hacer una disposición patrimonial a base de engaños". En otros casos se firman préstamos por una cantidad muy superior a la que se recibe.

También este letrado sugirió a los diferentes grupos parlamentarios reunidos en esta comparecencia, que, salvo el PAR Aragones, tiene representación en Madrid, su colaboración para que este colectivo de afectados pudiera tener otra reunión de estas características con el propio Congreso de los Diputados, al ser el problema de extrema gravedad y tener afectados en toda España.

Por su parte, el presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, lamentó que "nuestras denuncias se pierden" en los juzgados, criticando la "negativa total a investigar", el archivo de denuncias. Agregó que "no sabemos lo que es la Fiscalía Anticorrupción" y ha criticado que la justicia sea lenta para aplicar el Derecho "pero muy rápida para embargar".

Afirmó que algunos jueces "dan por buenos" los documentos que presentan determinados notarios sin comprobar si están manipulados o falsificados "y nos exigen el oro y el moro para demostrar nuestra inocencia". También destacó el "pasotismo total" de Hacienda, añadiendo que algunas estafas sirven para el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos.

En su turno de palabra, la afectada Belén Martínez aseguró que este es "un tema de Derechos Humanos", añadiendo que los perjudicados "somos los más vulnerables". Habló de la doble victimización, es decir sufres la estafa y luego la persona se encuentra desamparada sin saber dónde reclamar tus derechos. Y apuntó con amargura que los prestamistas "están campando a sus anchas en los juzgados y no pasa nada".

ACTUACIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

En otro orden de cosas, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid dictaba hace unos dias un auto, notificado el 14 de marzo a las partes, en el que acuerda inhibirse de las denuncias presentadas por distintos afectados contra el controvertido prestamista Antonio Arroyo Arroyo a favor de la Audiencia Nacional, por entender que es este órgano el competente, por el alcance de la trama y el elevado volumen de afectados.

La magistrada Isabel Durántez había acumulado en unas mismas Diligencias Previas todas las acciones que habían sido turnadas a su juzgado contra Arroyo y sus colaboradores, un total de ocho denuncias de un total de once víctimas.

Ahora, a la vista de la grabación del programa de Equipo de Investigación de La Sexta Préstamos envenados, aportado al Juzgado por los abogados Benito Polo y Carlos Javier Galán, así como de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la AN por ADEVIF, ha entendido que procedía la inhibición a favor de este órgano judicial, al objeto de que se abra, como pedía esta asociación, una investigación global sobre esta red delictiva.

El auto sostiene que "existen indicios de que los hechos denunciados por numerosísimos afectados son similares y podrían ser constitutivos de un delito de estafa continuada cometido por Antonio Arroyo y sus colaboradores". Por ello, "teniendo en cuenta la información suministrada recientemente por los letrados Benito Polo Sánchez y Carlos Javier Galán Gutiérrez, el contenido de la grabación por ellos presentada y la copia de la denuncia que se ha presentado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por parte de la Asociación de Afectados Víctimas Financieras (ADEVIF), resulta procedente acordar la inhibición a favor de la Audiencia Nacional".

La juez subraya "la necesidad de investigación y enjuiciamiento conjunto de todas las diversas denuncias presentadas contra Antonio Arroyo Arroyo y las personas que con él colaboraban. En este caso, además de concurrir la conexibilidad prevista en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta absolutamente conveniente para la propia valoración de los hechos tal acumulación, puesto que no es lo mismo la conclusión a la que puede llegarse analizando cada una de las operaciones llevadas a cabo por el sr. Arroyo Arroyo de manera aislada que la conclusión a la que se puede llegar desde una perspectiva global de su actuar reiterado, repetido en el tiempo y cometido siempre de manera similar".

Por los motivos expuestos, el auto acuerda la inhibición de las actuaciones a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional precisamente "para su acumulación al procedimiento que se haya iniciado en base a la denuncia presentada por la Asociación de Afectados Víctimas Financieras (ADEVIF)".
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Gran acogida a la I Jornada sobre Estafas Hipotecarias en Madrid

6 abr. 2014 0 comentarios

El pasado sábado 29 de marzo, el salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid acogió la I Jornada sobre Estafas Hipotecarias promovida por ADEVIF con la colaboración de Alberche Área Jurídica y que cosechó gran aceptación, tanto en lo que respecta a la elevada asistencia como al indudable interés que despertaron las intervenciones de los ponentes.

La decana del ICAM, Sonia Gumpert, inauguró el acto resaltando la apertura del Colegio a la sociedad y justificando la importancia del problema que era objeto de estas jornadas. Aseguró que la abogacía quiere dar amparo a los sufrimientos ciudadanos por la actuación de tramas sin escrúpulos. Tuvo palabras de reconocimiento para los abogados, tanto de turno de oficio como de libre designación, que se habían comprometido en la lucha contra estas estafas de prestamistas, incluso más allá de lo profesionalmente exigible.

En ausencia del presidente -que habría sufrido un percance con su vehículo que le impidió acudir a Madrid-, intervino la Vicepresidenta de ADEVIF, M. Carmen Aranda, quien recordó los fines de este colectivo y agradeció a la abogacía madrileña el haber abierto las puertas de su sede a las víctimas.

Belén Martínez, de la Junta Directiva de la asociación, fue la encargada de moderar una interesantísima mesa redonda en la que participaron profesionales de primer nivel, conocedores del fenómeno de las redes de estafas cometidas por prestamistas privados.
  
Julio Martínez, Inspector Jefe de Policía Nacional en la Subcomisaría de Aravaca en Madrid, que ha tenido un papel muy destacado en la investigación policial de estas redes, afirmó que no existe un perfil definidio y que cualquiera puede ser víctima de estas tramas. Señaló la intervención de algunos notarios como un factor que contribuye a "la sacralización de la estafa", porque hace que la víctima se confíe.

Carlos Javier Galán, abogado del despacho Alberche Área Jurídica, se felicitó de los avances obtenidos poco a poco en cuanto a dar visibilidad al problema, romper el aislamiento de los afectados y conseguir cierta atención mediática e institucional. Considera que la prioridad ahora es conseguir una mayor implicación del Ministerio Fiscal y, en segundo término, una respuesta por parte de la Agencia Tributaria.

Otro abogado de afectados, Fernando Adame, del despacho Urraza y Mendieta, analizó la situación de estas víctimas, que comprometen sus hogares ante una situación económica urgente y ofreció su testimonio sobre la sensación de impunidad con la que se mueven estas tramas. Animó también a los afectados a no rendirse y confiar en la Justicia.

Para el notario José Ignacio Navas, en España nunca ha habido una regulación social de la vivienda, sino simplemente económica. Tenemos un Derecho que en ocasiones protege a los poderosos y, en este caso, a los prestamistas ilegales. Cree que la libertad de empresa mal entendida y mal regulada ampara grandes desmanes. Reclamó una ley más eficaz "que no permita que algunos notarios se puedan encoger de hombros".

En los turnos de preguntas del público y de debate entre los intervinientes, Carlos Galán explicó que todos los afectados suelen manifestar que no pensaban que pudieran ser engañados porque estaban ante un notario y que "eso dice mucho a favor de la confianza que merece la institución notarial en nuestro país, y mucho en contra de la actuación de algunos notarios concretos". Ignacio Navas manifestó públicamente su compromiso personal de favorecer que el notariado adopte medidas en este sentido.

El segundo bloque de la jornada se centró en las víctimas. La psicóloga Ana Isabel Gutiérrez, analizó el modus operandi de estas tramas y cómo consiguen consumar sus engaños, combinando factores tales como la sorpresa, la inmediatez, el miedo, la confianza en el entorno (el prestigio del notario) y el aumento provocado del nerviosismo.

Aseguró que por cada estafa no hay una sola víctima, sino cuatro o cinco, porque acaba afectando a toda la familia. Detalló las consecuencias psíquicas que tiene para los afectados. Y ofreció a estos consejos útiles para afrontar su situación personal y familiar.

Animó a que las víctimas se relacionen, porque el aislamiento no ayuda. A que actúen, porque la víctima que se pone en "modo acción" abandona el "modo lamento". Y a que busquen ayuda para cuidar su salud psíquica, porque es aún más importante que el problema económico. "La tristeza no se va sola -concluyó-: hay que echarla. Y con ayuda es más fácil".

Seguidamente tuvo lugar un coloquio, en el que los afectados plantearon interesantes cuestiones a la ponente.

Cerró el acto Carmen Pérez Andújar, Secretaria de la Junta  de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y consejera electa del Consejo General de la Abogacía Española, que expresó su felicitación a ADEVIF por la buena acogida y el desarrollo de esta jornada, anunció futuras iniciativas y animó a las víctimas a seguir luchando.
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El Periódico de Aragón: Usureros del siglo XXI

5 abr. 2014 0 comentarios

Publicado en El Periódico de Aragón, 26.03.2014
 
La Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF) pide activar un registro para empresas y prestamistas privados, que "actúan al margen de la ley"
 
El caso de Lucía Soria es de los que deja boquiabierto. Por increible y por indignante. A esta navarra de 62 años que vive en Zaragoza desde hace más de 40 la van a desahuciar el 4 de abril porque vendió "sin saberlo" su casa, donde vive con su marido, enfermo irreversible, y su hijo, en tratamiento psiquiátrico. Es uno de los cientos de ejemplos que reúne la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF), creada en 2010 para "defender los intereses de quienes han sido engañados para realizar una disposición patrimonial en su perjuicio", define su abogado, Carlos Galán.
 
En el origen de la pesadilla que vive Lucía está, según explica desesperada, una mala praxis de Caja Laboral, que, en lugar de otorgarle un crédito como autónoma para reformar su negocio, hipotecó su vivienda, que ya estaba pagada. Al poco tiempo, el esposo de Lucía sufrió una serie de enfermedades que le dejaron incapacitado para seguir trabajando. Así que se vio obligada a traspasar la panadería-quiosco de prensa que regentaba hasta entonces. Pero a día de hoy no lo ha cobrado, por lo que no puede saldar su compromiso con la entidad bancaria. Interban, consultores financieros e inmobiliarios, se ofreció a hacer de intermediario para refinanciar la deuda, pero acabó vendiendo su piso -situado al lado de la plaza Roma y "valorado en 37 millones de pesetas", matiza- a otra persona, "el supuesto prestamista privado", por 80.000 euros, "haciéndome creer que era un traspaso de hipoteca, pero en realidad estoy de alquiler en mi propia casa", relata. "Me enteré en una reunión de la comunidad. Me extrañaba que ya no me pasaran los recibos, pregunté y ahí salió todo", explica.
 
El Presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, participó ayer en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, donde detalló el problema de las empresas financieras y prestamistas privados. Esta asociación, que nació por iniciativa de Pozo, aglutina a un centenar de socios en toda España y pide activar un registro para quienes se dediquen a esta actividad. Sus miembros denuncian que "la regulación se queda corta y hay un total incumplimiento", así como "dejadez judicial y política ante los abusos y estafas" de chiringuitos financieros que "inducen a vender la vivienda propia en la creencia de que se está aportando como garantía de un préstamo por el valor de esa casa, con la falsa promesa de que, cuando reintegre el crédito, le será devuelta".
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ADEVIF denunció ante las Cortes de Aragon las estafas de prestamistas

4 abr. 2014 0 comentarios



El pasado 25 de marzo, una delegación de la asociación ADEVIF, que agrupa a los afectados por estafas cometidas por chiringuitos financieros y prestamistas de capital privado, compareció ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón para exponer a los diputados autonómicos la realidad de estas tramas delictivas y la necesidad de mejorar la respuesta legal frente a las mismas.

Eran las diez y media de la mañana cuando la presidenta de la Comisión, Ana Marín, daba la palabra a los comparecientes y, por vez primera, afectados por estafas hipotecarias intervenían ante un parlamento.

RAFAEL POZO: "LA JUSTICIA ES LENTA PARA RESOLVER, PERO RÁPIDA PARA EMBARGAR"


El Presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, explicó cómo se inicia el problema, cuando se incluye a una persona en registros de morosidad y tiene que recurrir a los prestamistas de capital privado para salir de esos registros, normalmente solicitando cantidades pequeñas.
La firma del préstamo suele ser con garantía hipotecaria y ante notario. Cuando finalmente el interesado recoge la escritura -que normalmente al principio se niegan a entregarle- es cuando comprobará que aparece una cifra muy superior a la recibida, con unos intereses de demora muy elevados y unas condiciones que no tienen nada que ver con las pactadas.

El máximo responsable de la asociación explicó que las denuncias judiciales no son atendidas ni investigadas en muchos casos y criticó en este sentido la pasividad de la fiscalía. Sin embargo, nuestra Justicia, "que es lenta para resolver, es muy rápida para embargar, una contradicción que vemos los ciudadanos de la calle".

Denunció también la inacción de la Hacienda Pública "ante unas operaciones que sirven para blanqueo de dinero y evasión de impuestos".

Por eso nació ADEVIF como asociación, para unir a los afectados y poder denunciar públicamente.

BELÉN MARTÍNEZ: "NO ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA ECONÓMICO, SINO DE DERECHOS HUMANOS"
Le siguió en el uso de la palabra Belén Martínez, de la Junta Directiva de la asociación, quien consideró que no estamos ante una cuestión económica, sino de derechos humanos.
Recordó que estas tramas ejecutan las supuestas deudas "ejerciendo sus derechos, pero nadie se ocupa de comprobar si cumplen sus deberes, a pesar de estar denunciadas por nosotros". Unas denuncias que ponen el acento especialmente en un supuesto capital que no se entrega íntegramente.

Se quejó de que la falta de respuesta legal y judicial implica una "doble victimización de los más vulnerables".

Recordó que "se han subastado viviendas por el valor de un vehículo" por parte de unas redes que "campan a sus anchas en los juzgados".

La reflexión de esta afectada es que, "con lo que nos ha costado tener un Estado de Derecho, no podemos dejar las cosas así, simplemente porque 'a mí no me ha tocado'", puesto que entonces abandonamos a su suerte a "la población  más vulnerable".

Reclamó un mayor compromiso político: "Aquí hay unas instituciones, sois nuestros representantes, supranacionalmente también hay organismos que velan por los derechos fundamentales... Recoged nuestra queja, por favor".

CARLOS JAVIER GALÁN: "ESTÁN OPERANDO REDES DELICTIVAS CON GRAN IMPUNIDAD"

Cerró esta exposición inicial del problema el asesor jurídico de ADEVIF, Carlos Javier Galán, abogado de nuestro despacho Alberche Área Jurídica que detalló los orígenes de esta situación: "Cuando en España se ha ido cerrando el grifo del crédito bancario, especialmente para pymes y particulares, han proliferado empresas financieras y prestamistas de capital privado. Esto -que en otros países funciona bien y es una alternativa para aquellas personas que por algún motivo no pueden tener acceso al crédito bancario- en España se mueve en medio de la ley de la selva".

Recordó que en 2009 se regularon por vez primera estas prácticas, pero con un texto legal claramente insuficiente y, aún hoy, con un alto grado de incumplimiento, que "se puede constatar simplemente con asomarse a las webs que ofrecen dinero". En el mismo sentido señaló que el registro estatal creado por la ley sigue cinco años después sin poder ser consultado y con un mensaje de que está en fase de desarrollo.

"Mientras los bancos están sometidos al Banco de España y algunas empresas de inversión a la CNMV, el sector del crédito no bancario está sometido a los organismos de consumo, que realmente no están ejerciendo un control de oficio", afirmó.

Más allá de los abusos e incumplimientos que están denunciando las organizaciones de consumidores, existe otro fenómeno aún más grave, que constituye el objeto de ADEVIF: aquellos casos que entran en el ámbito de lo penal, "en los que se produce literalmente un delito de estafa". Entre ellos, destacó las ventas de viviendas en la creencia de que se están aportando como garantía de un préstamo, o las hipotecas cambiarias en las que se firma de capital muy superior al realmente recibido. El asesor jurídico de nuestra asociación señaló que, aunque pueda parecer un engaño burdo, relamente estamos ante una operativa minuciosamente diseñada en sus aspectos legales, económicos y psicológicos. Así lo pone de manifiesto el testimonio coincidente de centenares de personas.

Gracias a la labor asociativa y a las redes sociales, este fenómeno "tan desconocido pero de gran alcance y en el que han operado redes delictivas con gran impunidad" va superando poco a poco la invisibilidad y ha tenido relevancia mediática, ha merecido atención del Consejo General del Notariado y parece que de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Para Galán, el reto ahora es implicar al Ministerio Fiscal, que tendría que impulsar las investigaciones judiciales, así como a la Agencia Tributaria "porque no sólo estafan a las víctimas, nos estafan a todos en estas operaciones opacas".

Dijo ser consciente de la limitación de las competencias autonómicas en la materia, pero realizó tres peticiones a los diputados aragoneses:

- Impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2009 en el ámbito autonómico y, en particular, la posibilidad de creación de un registro de prestamistas en Aragón, pero "que sirva para algo, no sea sólo más burocracia", que se haga "para lograr mayor transparencia y ejercer mayor control".

- Conseguir que el Gobierno de Aragón ejerza sus competencias en materia de consumo realizando operaciones de oficio sobre estas tramas con apariencia legal.

- Y favorecer la interlocución con los representantes de sus mismos partidos en Madrid, para que se nos escuche también en las Cortes Generales.

El objetivo final ha de ser "la reparación de las víctimas" pero también "la prevención de nuevos dramas familiares".

IU: "UNA REALIDAD QUE LA SOCIEDAD DESCONOCE"

Seguidamente tuvo lugar un turno de intervenciones de los distintos grupos con representación en la cámara.

En primer lugar, Luis Ángel Romero, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión, aseguró que "cuando uno cree que lo ha visto todo, nos encontramos con cosas como las que se han relatado". Reconoció que la primera vez que escuchó hablar de estos hechos lo recibió con cierta incredulidad, pero que "cuando entras a conocer en profundidad la actuación de ciertos prestamistas y ciertas operaciones, te das cuenta de que existe una realidad que la sociedad desconoce".  "Estamos hablando de personas que recurren a estas fórmulas para financiarse y se encuentran con un modus operandi inaceptable".

Para el parlamentario de IU-Aragón, "hay leyes aprobadas que no se cumplen y es increible que, ante esta situación, no actúe de oficio el Ministerio Fiscal".

Valoró positivamente la comparecencia de personas que  "han venido aquí para decirnos que se sienten engañadas, que no son los únicos sino que en Aragón y en otras comunidades autónomas hay muchas familias en la misma situación, y que han creado una asociación para sensibilizar a la sociedad de este problema y conseguir que los poderes públicos y la Justicia actúen".

Anunció por ello la presentación de una Proposición no de Ley para pedir que se atiendan las reinvidicaciones formuladas por ADEVIF.

CHA: "NOS HABÉIS MOSTRADO LAS CLOACAS DEL SISTEMA PSEUDOFINANCIERO"

José Luis Soro, de Chunta Aragonesista, agradeció a los comparecientes mostrar "las cloacas del sistema pseudofinanciero, que campan a sus anchas y se ceban con los más desfavorecidos". Expresó su deseo de que la exposición en las Cortes aragonesas de este problema poco conocido "no sólo sirva para remover la conciencia de los diputados sino como altavoz para que la sociedad lo conozca".

Calificó de "indecente" la actuación "de un culpable, el prestamista", pero también rechazó la conducta "de muchos cómplices, como algunos notarios", así como la "inacción del Ministerio Fiscal y de la Justicia".

Recordó la pregunta parlamentaria que formuló en el Congreso su compañero Chesus Yuste y la respuesta del ejecutivo.

El diputado de CHA considera que la ley de 2009 situó en notarios y registradores el control de la legalidad sin habilitar instrumentos para ello y cree que "no funciona", con independencia de que "lo que ocurre en algunas notarías no es casual".

Manifestó su compromiso con una causa "que también es la nuestra" y anunció igualmente su voluntad de impulsar las medidas posibles: "Que lo poco que hay al menos se cumpla".

PAR: "HAY QUE SITUARLO EN EL ÁMBITO PENAL"

Manuel Blasco, del PAR, consideró que a pesar de las referencias a las leyes y a la necesidad de control, "estamos hablando de tramas financieras ilegales" que buscan las fórmulas para conseguir un "incumplimiento flagrante de la ley" y que lamentablemente "van un paso por delante" de ésta. Cree por ello que es un fenómeno que trasciende el ámbito político y que hay que situar sobre todo en la esfera penal.

Mostró su extrañeza ante lo manifestado por ADEVIF respecto a la actuación de concretos notarios y a la falta de respuesta del Ministerio Fiscal.

Se pronunció a favor de impulsar las medidas necesarias en el marco de las competencias autonómicas, aunque cree que la respuesta principalmente tendrá que venir de la Justicia.

PSOE: "HAY QUE PERSEGUIR A QUIENES, CON APARIENCIA LEGAL Y ESTRATEGIAS MUY PENSADAS, BURLAN LOS CONTROLES"

Por el Grupo Socialista intervino Victoria Broto, quien agradeció a los comparecientes "traer a esta cámara el drama que sufren muchos ciudadanos", pues cree que la Comisión precisamente sirve "para que no queden en el olvido muchos problemas". Expresó su felicitación por la creación de una asociación de afectados y por la labor de difusión en los medios informativos, así como por las próximas Jornadas programadas en Madrid.

Coincidió en que "la crisis y la falta de trabajo hace que las familias busquen soluciones a sus problemas económicos y se encuentren con unos desalmados que forman tramas financieras ilegales".

"Aquí hemos hablado de hipotecas, de desahucios, etc., pero ahora estamos ante un paso más -precisó-, no nos confundamos, estamos ante un engaño delictivo". Por ello, "hay que hacer cumplir la ley y perseguir a aquellas empresas que, con apariencia legal y con estrategias muy pensadas, burlan los mecanismos de control".

Anunció también su voluntad de promover una proposición no de ley en el sentido solicitado por ADEVIF y expresó su deseo de que sea aprobada por unanimidad en la cámara.

PP: "DESCONCIERTO" ANTE UNAS TRAMAS QUE "VAN MÁS ALLÁ" DE LAS RECIENTES REFORMAS LEGALES

Finalmente, Ramón Celma, del Grupo Popular, se reconoció "desconcertado" porque inicialmente pensaba que la reforma en materia de protección a los deudores hipotecarios podría dar respuesta a estas situaciones, pero se había encontrado con la descripción de una realidad que va mucho más allá.

Supuso que estaríamos "ante situaciones excepcionales" y pidió a los comparecientes algunas aclaraciones sobre la operativa de estas redes.

Finalmente mostró su disposición a colaborar en dar respuesta a las peticiones formuladas por los afectados y consideró positivo que se mantenga alguna entrevista con el Director General de Consumo del Gobierno de Aragón.

ADEVIF: "QUE NO TERMINE HOY ESTE DIÁLOGO, SINO QUE EMPIECE"

En la contestación a los portavoces parlamentarios, el presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, explicó que a veces los datos a los prestamistas privados les llegan por parte de empleados de los propios bancos. Y aseguró que hay abogados vinculados a los partidos políticos defendiendo a algunos de estos estafadores, por lo que pidió a los grupos que lo eviten.

Belén Martínez contestó al portavoz del PP aclarando que no son casos excepcionales, sino muy numerosos. Precisó que en las notarías no se da fe de la cantidad recibida. Y que ADEVIF ha formulado denuncias "con nombres y apellidos". Agradeció la acogida de la cámara: "Nos hemos sentido muy arropados" y recordó que los mecanismos legales, para funcionar, "tienen que estar activos y en alerta".

Cerró la comparecencia el abogado Carlos Javier Galán, quien explicó al diputado del PAR que a veces los controles administrativos también dificultan la comisión del delito.

Precisó que el objetivo último de estas tramas siempre es apoderarse de un inmueble con un desembolso real irrisorio. Y que los tres ejes del modus operandi son un capital declarado superior al realmente recibido, unos intereses de demora abusivos en torno al 29 %, y una valoración muy baja del inmueble sin tasación profesional.

Pidió que "si es verdad que los delincuentes van un paso por delante de la ley, al menos no seamos nosotros quienes nos quedemos diez pasos por detrás en la respuesta legal" y manifestó su deseo de que "no termine ahora este diálogo enriquecedor, sino que haya empezado hoy".

Éste es el video íntegro de la comparecencia:


(Fotografías y video: Cortes de Aragón)
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