Por Juan Puche, Presidente de la asociación Stop Estafadores
Publicado en su blog Alerta Trama Estafadores, 19.01.2015
Con fecha 3 de enero de 2011, interpuse la denuncia policial sobre la estafa que sufrí a manos de la trama delictiva encabezada por Antonio Arroyo Arroyo.
Ese hecho dio origen a la larga e intensa lucha que se ha ido recogiendo en este blog, una iniciativa que fue aglutinando cada vez a un mayor número de afectados y que, con sus alertas, también ha evitado que se consumasen algunas estafas.
Los Juzgados de Lliria apreciaron indicios de delito en los hechos que yo denunciaba, pero remitieron el caso a Madrid, porque, al haberse firmado en la notaría Usera y Sanz de esta capital, la estafa se consideró cometida allí.
Mi denuncia fue turnada al Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, cuya titular de entonces, la juez Coro Cillán, dictó el 18 de febrero de 2011 un auto en el que consideró que los hechos que yo denunciaba “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y acordó instruir diligencias previas y “practicar aquellas encaminadas” a determinar las circunstancias y los intervinientes.
LOS AUTOS SE PIERDEN EN EL JUZGADO Y EL DENUNCIADO NO PRESTA DECLARACIÓN
La única diligencia que se intentó practicar fue la declaración del principal imputado, Antonio Arroyo Arroyo, al que se citó el 7 de junio de 2011. Acudió con uno de sus letrados, Luis Flecha, pero no pudo llevarse a cabo ¡porque las actuaciones se habían extraviado! Una muestra más de cómo funciona nuestro sistema judicial en asuntos que son auténticos dramas para nosotros y nuestras familias. La declaración se suspendió y quedaron en que, cuando fuera encontrada la documentación, se le citaría de nuevo.
A pesar de que las diligencias aparecieron (o se reconstruyeron), nunca se le volvió a citar a declarar, en una dejadez incomprensible.
El siguiente juez que se hizo cargo de este órgano judicial, Rubén Vallejo, no realizó ninguna diligencia en mi caso.
EL NUEVO TITULAR DEL JUZGADO ARCHIVA SIN QUE SE HAYA PRACTICADO NI UNA SOLA DILIGENCIA EN MÁS DE TRES AÑOS
Finalmente, toma posesión el actual magistrado, Diego Egea Torrón, quien, nada más llegar a su nuevo destino, decide de un plumazo archivar todas las causas que llevaba contra Arroyo. Al menos tengo constancia de la mía y la de otra afectada.
El magistrado dicta un auto de sobreseimiento provisional en el que considera que “no existe ninguna prueba que permita la imputación del denunciado Antonio Arroyo Arroyo” y que no concurren “los elementos constitutivos de un delito de estafa”.
Pero lo sorprendente es que alcanza esta conclusión sin practicar ni una sola diligencia de instrucción, ni siquiera la declaración del imputado Arroyo que se había acordado. ¿Cómo va a haber entonces pruebas? ¿Cree que pueden aparecer de la nada ellas solas?
Por tanto, una juez entiende que en mi denuncia sí hay indicios de delito y abre instrucción. Pero a lo largo de más de tres años no se practica, sin embargo, ni una sola diligencia en esa instrucción que venía acordada judicialmente. La única que se señala no se pudo practicar porque el juzgado ni siquiera encuentra el expediente.
Un juez no puede revocar una resolución de su antecesor que ya sea firme. Si la juez anterior estimó que en la denuncia presentada había indicios de delito y ordenaba la práctica de diligencias, el nuevo titular no tiene más remedio –le guste o no- que practicarlas. Una vez llevadas a cabo, es cuando podrá decidir con su propio criterio si archiva el caso o si abre procedimiento penal.
Igual que no es admisible que un día un juez aprecie delito y al otro día se levante y aprecie que no existe, si entre medias no hay ninguna actuación o dato nuevo que así lo justifique, eso tampoco es lícito aunque haya cambiado la persona del titular del juzgado.
La decisión del actual juez ya ha sido recurrida y, si no corrige él su propia resolución, el asunto irá en vía de apelación a la Audiencia Provincial de Madrid.
Por mi parte, estoy dispuesto a llegar hasta el final, al Tribunal Constitucional, a la justicia europea o a otras instancias internacionales.
Arroyo sigue presumiendo públicamente de su impunidad judicial, a pesar de la labor de investigación realizada por la Policía, que ya le ha detenido varias veces y emitido informes detallados sobre su actividad presuntamente delictiva.
Y los afectados seguimos en la lucha, humilde pero tenazmente. A pesar de algunos fiscales que no parecen tomarse ningún interés en conocer al menos nuestros casos, a pesar de autos que se extravían oportunamente para el presunto estafador, a pesar de declaraciones que no se efectúan, a pesar de requerimientos judiciales que no atiende sin que le pase nada, y a pesar de jueces que son capaces de alcanzar conclusiones de una instrucción que no se ha llevado a cabo.
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