Un magistrado reclama respuesta global a fraudes en préstamos

31 jul. 2015 1 comentarios



Por vez primera en España un magistrado llama la atención sobre el problema de las prácticas fraudulentas en préstamos no bancarios y reclama una "respuesta global" contra las mismas, apuntando a una reforma legislativa y a una actuación coordinada de Policía y Fiscalía. José María Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona y experto en insolvencias, se ha "mojado" sobre esta materia en declaraciones al digital jurídico Lawyerpress.com.

Las redes de estafas en préstamos hipotecarios han sido durante largos años un problema invisible, hasta que los afectados comenzaron poco a poco a agruparse y a llamar la atención sobre este problema, con el apoyo jurídico que, junto con otros compañeros, les hemos prestado desde Alberche. Hoy la asociación Stop Estafadores aglutina a víctimas de estas prácticas y ha impulsado numerosas iniciativas jurídicas, políticas, sociales y mediáticas. Casi 150.000 personas apoyaron su iniciativa para modificar la legislación y dificultar los frecuentes abusos y estafas.

Dentro de esa progresiva visibilización del problema y reivindicación de soluciones, es la primera vez que desde la judicatura se alza una voz reclamando respuestas claras.  

Lo hace Fernández Seijo en una entrevista a propósito de la Ley de Segunda Oportunidad. Hablando  de las personas con problemas económicos explica que "lo más complicado es conseguir la financiación para salir de la insolvencia. Hay que darse cuenta que el deudor necesita dinero para el día a día. El problema está en que los insolventes no tienen acceso al mercado del crédito. Y eso hace que muchos caigan en manos de usureros o prestamistas sin escrúpulos con formas de actuar muy preocupantes. Se sabe que pequeños consumidores y consumidores han caído en estas redes donde los intereses son del 30 por cien y llegan a comprometer los que le queda de patrimonio". 

Esta referencia a los prestamistas de capital privado da pie a que el periodista, Luisja Sánchez, gran conocedor de esta problemática, le pregunte de forma expresa y haga referencia a la principal asociación de víctimas y a nuestro abogado Carlos Javier Galán: "Es cierto, conocemos varias asociaciones de afectados, entre las que destaca, Stop Estafadores, y el trabajo de su abogado Carlos Galán, quienes no dejan de pedir que la fiscalía actúe con contundencia."

Fernández Seijo se pronuncia con claridad: comienza por reconocer que la respuesta "tanto del poder legislativo como de los propios jueces ante estas prácticas llega con años de retraso. Ahora estamos viendo los primeros procesos judiciales contra esta fórmulas de préstamos que se anuncian con total impunidad en cualquier medio y dicen que tienes crédito en 24 horas. Luego ves que la cantidad que recibes es inferior y que parte de ella sirve para cubrir gastos de operaciones. Otro laberinto, sin duda". 

Para el magistrado, "la solución es una respuesta global a este tipo de asuntos. El problema judicial a un caso concreto no soluciona el problema estructural. Por desgracia, los deudores se han convertido en los nuevos apestados del sistema que acuden al usurero como última solución a sus problemas. Te hipoteca la casa y te llama todos los días para pedirte el dinero y recordarte que sabe dónde vives y quien eres". 

Para Fernández Seijo, esa respuesta global tiene una parte preventiva, que pasa por la reforma legislativa: "Supone contar con una normativa clara que permita a los afectados que se les permita el Régimen de Consumidores, que ahora hay dudas porque ya no firman contratos de adhesión". Pero también implica una acción frente a los posibles delitos ya cometidos: "Sería fundamental la actuación coordinada de la policia con la fiscalía en determinados casos".

Una respuesta integral y decidida que llevamos varios años reclamando y en la que ahora coincide un destacado miembro de la judicatura. 
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El notario detenido y las estafas hipotecarias de Barcelona

24 jul. 2015 0 comentarios

Publicado en El País, 20.07.2015

LA DETENCIÓN DE UN NOTARIO ARROJA LUZ SOBRE LA ESTAFA DE LA ZONA FRANCA

Enrique Peña intervino en la firma de una decena de escrituras que acabaron en desahucio

Jesús García. Barcelona.

Para las familias de Zona Franca que perdieron sus pisos víctimas de una estafa, la detención de Enrique Peña ha sido una bendición. Peña, notario barcelonés, fue arrestado la semana pasada junto a una decena de personas más por participar en una trama que engañó a medio centenar de ancianos con préstamos hipotecarios en toda Cataluña. Casi la mitad acabaron desahuciados. De esta investigación, que está bajo secreto de sumario, se conocen pocos detalles. Pero la implicación de Peña puede dar un giro a la lucha de los vecinos de Zona Franca que llevan años de lucha para recuperar sus viviendas: el notario intervino en al menos una decena de las escrituras firmadas por los afectados entre 2006 y 2009. Ahora le exigen responsabilidades.

Peña ha salido ileso de la causa judicial de Zona Franca y solo está prevista su declaración como testigo. El juicio, que se celebrará en octubre, sentará en el banquillo a la presunta estafadora María Navarro. La mujer afronta una petición de nueve años de cárcel por apoderarse de 1,7 millones de euros de una docena de familias del barrio. El fiscal pide otros tres para su expareja, José Fernández, por ayudarla. Son los dos únicos acusados en una investigación que no pudo ir más allá, pese a que los afectados han descubierto que en casi todos los casos se repiten los mismos nombres, tanto particulares como de empresas.

“Hemos echado en falta que no se investigara al notario ni a los responsables de las empresas prestatarias”, reflexiona Anaïs Franquesa, que defiende los intereses de un grupo de afectados de Zona Franca. “Era alarmante”, añade, “ver cómo en las operaciones se repetía el mismo modus operandi y les escrituras se protocolizaban en la notaría de Enrique Peña”.

Franquesa y el resto de abogados están interesados en conocer qué se cuece ahora en la operación Cocoon, lanzada la semana pasada por los Mossos. La policía detuvo a diez personas, incluidos el notario, el abogado Francisco Cómitre, un falsificador de documentos, testaferros y dos oficiales de notaría. Los letrados confían en conectar, de alguna forma, las dos causas. Eso daría a sus clientes más posibilidades de recuperar lo perdido, ya que Navarro (con antecedentes por apropiación indebida) era solo el “gancho” de las estafas: las deudas están contraídas con empresas. También está interesado en la investigación el Colegio de Notarios, que prevé personarse como acusación en la causa contra Peña. 

El notario barcelonés es el nexo común de las dos macroestafas. Ambas guardan numerosos puntos en común, que los Mossos aún no han explorado. Aunque en la causa de Zona Franca no pudo probarse que Peña actuara de mala fe, la policía cree que, esta vez, ha obtenido suficientes indicios. Es sospechoso, de entrada, que su notaría participara en escrituras de lugares tan distantes como Blanes, Vilanova, Sant Adrià o Vielha. 

“ME QUEDÉ SIN PROPIEDAD"

Mónica Fernández, de 37 años, es una de las afectadas de Zona Franca. Recuerda vagamente su paso por la notaría de Peña. “Pasé allí cinco minutos. Nadie me leyó nada. Firmé y ya está. Fui todo tan rápido que ni me enteré”. Lo que rubricó sin darse cuenta era un préstamo de 200.000 euros a devolver en tres meses. Naturalmente, no pudo pagarlo y, en abril de 2014, fue desahuciada.

Lo que Mónica quería era un “crédito puente” de apenas 30.000 euros: había heredado un piso de su padre en Sant Boi y quería reformarlo. Contactó con Navarro porque era “una persona de confianza” y le propuso poner su piso como garantía a cambio del préstamo. Cuando le asediaron los prestamistas, se desentendió. “Me quedé sin propiedad y con una deuda pendiente de 90.000 euros”.

Para no quedarse en la calle, Mónica —que trabaja en el mercado del pescado de Mercabarna— reventó la cerradura y entró en la casa familiar. “Estoy de ocupa en mi propia casa”, dice con una mezcla de resignación e ironía. “Esperas que un notario sea neutral... No estuve alerta…”, afirma Mónica, que como el resto de afectados guarda cierto sentimiento de culpa.

Irene Sánchez también necesitaba dinero para cancelar una hipoteca. Conocía a Navarro porque sus hijos iban juntos al colegio. Ésta le sugirió que su madre pidiera el préstamo porque tenía un piso libre de cargas que podía poner como garantía. La mujer acabó firmando un papel que le obligaba a devolver 138.000 euros en seis meses. “¿Qué persona firma eso sabiéndolo? ¿Estamos locos o qué?” A su madre, a ella y a los tres hijos menores les desahuciaron. La escritura de constitución de la hipoteca se firmó, en 2007, “ante el notario de Barcelona Enrique Peña”.
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Más casos de usureros en Primera Hora de Gestiona Radio

20 jul. 2015 0 comentarios

El espacio Primera Hora Fin de Semana que presenta Jaume Segalés en Gestiona Radio, recogió el domingo 19 el caso de Begoña, otra afectada más de las tramas de estafas en préstamos hipotecarios. 

El prestamista en este caso es José García-Rendueles, conocido cabecilla de una red que opera en el Norte de España. Su modus operandi se caracteriza, según las versiones coincidentes de los afectados, por aparecer cuando hay personas con dificultades para hacer frente a una deuda hipotecaria. Consigue que le vendan la vivienda, según las diversas denuncias, o bien haciéndoles creer que es un préstamo y que recuperarán su casa cuando cobren, o bien que habrá un importe sobrante que recibirán y que nunca reciben. Por deudas irrisorias, se queda con inmuebles de valor muy superior, que enseguida revende a terceros.

Es la misma operativa que Begoña relata en su caso: no pudo hacer frente a una deuda hipotecaria que tenía que pagar en sólo un año, porque vio reducido su empleo y sus ingresos de jornada completa a media jornada, y Rendueles adquirió la vivienda prometiendo que saldaría la deuda y le quedaría un dinero, además de poder quedarse con los muebles. La víctima asegura en antena no haber recibido absolutamente nada, pero se quedó sin casa a cambio de una deuda notablemente inferior. El denunciado le busca incluso un piso de alquiler, con lo que consigue que abandonen la vivienda sin tener que instar siquiera el desahucio.

En este enlace puede escucharse el audio de la entrevista, a partir del minuto -19:30 (es cuenta atrás).

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Los préstamos-estafa, en Espejo Público de Antena 3

19 jul. 2015 0 comentarios

El programa de Antena 3 TV Espejo Público, que este verano presenta Esther Vaquero, recogió el pasado 16 de julio el testimonio de Luis Miguel, afectado por la red del prestamista Antonio Arroyo, en una operación en la que participaron como intermediaria la firma Credit Garpi, bajo el nombre comercial de Invercapital

La periodista Marta García entrevistó a esta víctima, que tenía vedado el acceso al crédito bancario. Recibió sólo 4.000 €, pero más tarde descubrió que el capital que consta en escritura es de 18.500 €. Se le hizo creer que firmaba un crédito-puente para luego obtener una refinanciación que pagaría a razón de 150 € mensuales. No sería así: las letras cambiarias por 18.500 €, endosadas de inmediato a terceros, vencían en tan solo seis meses y, al no pagarse íntegramente, comenzó la ejecución contra su vivienda. 

Albert Castillón, colaborador habitual del programa, recordó que el prestamista Arroyo se enfrenta ahora a una petición de tres años de prisión por parte de Fiscalía. Explicó que siempre firma en las mismas notarías y que su objetivo último es apoderarse de la vivienda. "No es un préstamo, es una estafa en toda regla", afirmó. Pilar Cernuda y Chema Crespo se interesaron por el papel de los notarios en estos casos. 

Éste es el video completo del programa y la entrevista al afectado está a partir del minuto 01:15.

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La AP de Madrid obliga a reabrir otra causa contra Arroyo

17 jul. 2015 0 comentarios

Hace unos meses informábamos de un auto de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid que revocaba el archivo de la denuncia de Miguel Ángel contra Antonio Arroyo Arroyo, acordado por el Juzgado de Instrucción nº 47, y ordenaba la reapertura de la causa

Ahora ha sido la Sección 30ª de la misma Audiencia la que revoca el sobreseimiento de otra denuncia, la de Pilar, contra el controvertido prestamista, y ordena igualmente al Juzgado de Instrucción nº 8 continuar con la investigación  judicial. 

El juzgado había considerado que existía prescripción del posible delito, al haber transcurrido más de cinco años entre la fecha en la que se firmó la escritura y la fecha de la denuncia, pero la Audiencia lo rechaza. Entiende que hay que continuar con la instrucción para comprobar cuándo se produce el perjuicio patrimonial y así hacer correctamente el cómputo. Señala, además, que podríamos estar ante una estafa agravada (y entonces el plazo de prescripción son diez años y no cinco) o incluso un delito continuado de estafa con multitud de perjudicados. 

El auto de la Audiencia, del que ha sido ponente el magistrado Ignacio José Fernández Soto, señala la "flagrante contradicción" del Juzgado, que primero consideró que los hechos podían ser un delito continuado de estafa y se inhibió a favor de la Audiencia Nacional y, cuando ésta rechazó su competencia, estimó que no quedaba acreditada infracción penal alguna. 

La resolución asegura que no es aceptable "esta forma de resolver la denuncia, pues como se queja la apelante, se lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Ni los hechos han merecido una mínima investigación por parte del órgano instructor, adecuada a la naturaleza de lo denunciado, ni se ha dado una respuesta judicial que responda al canon de motivación exigible para dar por concluida la causa penal en esta fase preliminar". 

Por ese motivo, la sala acuerda estimar el recurso de Pilar, defendida por el abogado Carlos Javier Galán, de Alberche Área Jurídica, y ordena al Juzgado continuar con la investigación de la presunta estafa cometida por Antonio Arroyo.

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El País: Perder la vivienda por un préstamo usurario

15 jul. 2015 0 comentarios

Publicado en El País, 13.07.2015

PERDER LA VIVIENDA POR UN PRÉSTAMO RÁPIDO DE 19.000 EUROS

Los préstamos entre "particulares" se convierten en el paraíso de la usura

Inmaculada de la Vega. Madrid.

La buena suerte de Ernesto Soriano se acabó convirtiendo en un cúmulo de infortunios. En 2007, el Instituto de la Vivienda de Madrid le adjudicó un piso un 40% más barato de lo que costaba en el mercado. Soriano, de 22 años, vivía con su abuela, de 72. Ambos acudieron al Banco Santander para pedir una hipoteca con la que poder pagar los 19.000 euros de entrada, pero la entidad se lo denegó a los dos. 

Su abuela vio entonces un anuncio de Punto Financiero, una empresa de préstamos que se ofrecía a darles el dinero que podrían devolver en pequeñas cuotas. Para abonarles el préstamo les pidieron las escrituras del piso que poseía la mujer. 

En la notaría, abuela y nieto recibieron un sobre con los 19.000 euros. También estaba presente el prestamista César Ibáñez. Pero la cantidad que firmaron haber recibido era mucho mayor: 37.000 euros y, además, con un recargo del 30% de intereses anuales por retraso en el pago. 

Con los reveses de la crisis y abrumados por deudas que no podían pagar, miles de familias picaron en el anzuelo. En televisión, en Internet, los anuncios de dinero fácil y rápido les llevaron directamente a determinados prestamistas. A veces eran incluso los mismos bancos que les cerraban el grifo los que les hablaban de las empresas de “capital privado” que podrían prestarles para salir del apuro. 

Al principio los prestamistas les tranquilizaban y ofrecían una cantidad hasta que consiguieran “una hipoteca en un banco de primer orden”, con la que poder saldar todas las deudas y quedarse con una cuota mensual asumible. Pero una cosa es lo que les decían verbalmente y otra lo que firmaban en la notaría. 

La firma ante notario de la escritura y letras de cambio hacía que no sospecharan nada y que creyeran que lo prometido verbalmente era lo que figuraba en los numerosos folios, de difícil comprensión, que firmaban también sin consultar con nadie, y siempre presionados para que lo hicieran rápido con diferentes excusas. Lo habitual es que firmaran, sin darse cuenta, que habían recibido una cantidad mucho mayor que la que realmente les daban. Esa era la comisión que se llevaban el prestamista o los intermediarios. 

El préstamo que recibieron Ernesto Soriano y su abuela acabó convirtiéndose en una losa. Cuando quisieron darse cuenta, la situación pasó a ser angustiosa porque no podían afrontar el pago de las cuotas. “Un día llegó la empleada de Punto Financiero con un empleado de Bancaja para que firmase un crédito de 85.000 euros a riesgo de perder la vivienda. Me comprometí a pagar 450 euros al mes hasta 2038. En 2011 me quedé sin trabajo y no podía pagar. Le iban a quitar la casa a mi abuela y tuve que refinanciarlo con Bankia (que había absorbido a Bancaja). Hasta 2060 tengo que pagar 261 euros al mes cuando ya llevo devueltos más de 40.000 euros. En resumen, recibí 19.000 euros pero estoy pagando un crédito de 85.000 euros que no he visto en mi vida. Pagar esa cuota supone, entre otras cosas, que no puedo tener hijos porque no podría mantenerlos”. 

Todo eso sigue ocurriendo. Los prestamistas hacen dos cosas. Por un lado pedirles como garantía algún inmueble, habitualmente su vivienda o la de sus padres, y, después, darles un préstamo a un tipo de interés tan desorbitado, sobre todo en caso de que se retrasen en la fecha de pago, y por un periodo de tiempo tan corto, que se aseguran de que nunca lo podrán pagar. 

En el despacho de los mismos notarios van, una tras otra, víctimas que en ocasiones solo necesitan una pequeña cantidad, como en el caso de Ernesto Soriano. Él, de momento, no ha perdido la vivienda pero otros muchos sí, y en algún caso por un préstamo de solo 10.000 euros. 

En España, el de determinados prestamistas es un enriquecimiento rápido, a la vista de todos y con toda impunidad. Se puede ver en los medios de comunicación y lo vive a diario el abogado del bufete Alberche, Carlos J. Galán, que colabora, entre otras, con la Asociación Stop Estafadores que preside Juan Puche

Tenazmente, desde su blog en Internet, Puche denuncia a un prestamista muy conocido que acumula inmueble tras inmueble —detecta unos 4.000 registrados en su entorno— a cambio de prestar pequeñas cantidades. 

“¿Por qué si son tramas organizadas no prosperan las denuncias en la vía penal?”, se pregunta otro afectado, Antonio Garrido, que vive con la angustia de que su madre pierda la casa. “Es muy difícil probar los hechos cuando se enfrenta la denuncia de una víctima cualquiera con la palabra del notario”, aclara Galán. 

El registrador Rafael Arnáiz explica que si se presta con usura, se puede declarar nula esa cláusula en la vía civil: el prestamista devuelve lo prestado más intereses, si le pillan y no hay más sanción. “Lo difícil es demostrar que no entregó la cantidad que consta en la escritura y que ha habido falsedad de documento público. Apenas se interponen querellas criminales”, dice. 

EL AGUJERO POR EL QUE SE CUELA LA USURA

La ley 2/2009 se hizo para tratar de proteger a los consumidores en los préstamos concedidos por personas o entidades que no fueran bancos. Pero algunos prestamistas han sabido encontrar un agujero en esa norma. 

La ley establece, para quien preste dinero con carácter profesional, requisitos similares a los de la banca, como los de inscribirse en un registro de consumo, fianza, información previa y oferta vinculante. Notarios y registradores son los encargados de comprobar que todas esas garantías se han cumplido. El agujero por el que se cuelan algunos es el de hacerse pasar por un particular que presta a otro como si fueran socios o amigos. En ese caso, no tienen que cumplir ningún requisito. 

El registrador Rafael Arnáiz propone modificar la ley de 2009 para exigir más transparencia previa, y que se endurezcan las consecuencias civiles y penales cuando haya usura o estafa.
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ADEVIF, condenada judicialmente a rectificar

13 jul. 2015 0 comentarios

El Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid ha dictado sentencia por la que condena a la asociación denominada ADEVIF (Asociación de Estafados Víctimas Financieras), presidida por Rafael Pozo Fernández, a publicar íntegramente un escrito de rectificación, en relación con hechos en los que aludía en términos difamatorios al abogado de Alberche Área Jurídica, Carlos Javier Galán

Esta entidad, formalmente constituida como "asociación de víctimas", vertía diversas falsedades sobre el referido letrado, que ha destacado en los últimos años precisamente por su actuación jurídica y su denuncia pública de las tramas de estafas en préstamos no bancarios. 

El abogado aludido, acogiéndose al derecho de rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, no quiso ejercer acción de protección de derecho al honor ni querella por injurias, sino que simplemente pidió a esta asociación que publicara también su versión sobre los hechos que consideraba inexactos, recibiendo la callada por respuesta, lo que le obligó a acudir al amparo judicial. 

En el juicio, ADEVIF, defendida por el letrado Santiago Landete, volvió a negarse de plano a cualquier acuerdo al respecto, lo que obligó al abogado demandante a ratificarse en la demanda y seguir adelante con la pretensión. 

La Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid ha dictado finalmente sentencia por la que considera que lo publicado "no puede reputarse exento de la acción de rectificación por exceder, lo vertido en la publicación, de una mera opinión, constituyendo una imputación de hechos que perjudican su buen nombre profesional", mientras que ADEVIF no ha probado en modo alguno "la veracidad de los hechos que imputa al actor". 

Por ello, estima íntegramente la demanda interpuesta por Carlos Javier Galán y condena a ADEVIF a "la publicación íntegra de la rectificación solicitada", que deberá hacerse "con la misma relevancia e idéntico tratamiento que el otorgado a la información cuya rectificación se solicita". 

La sentencia no es aún firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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Detención de notario por estafas en préstamos

10 jul. 2015 0 comentarios

Publicación en El País, 09.07.2015

DETENIDOS UN ABOGADO Y UN NOTARIO POR ESTAFAR A MÁS DE 50 ANCIANOS

Una veintena de víctimas acabaron desahuciadas de sus pisos

Rebeca Carranco y Jesús García

Los Mossos d’Esquadra han detenido al notario Enrique Peña y al abogado Francisco Comitre, acusados de estafar a más de medio centenar de ancianos a través de préstamos hipotecarios y créditos, con cláusulas abusivas. Una veintena de ellos fueron desahuciados, según fuentes policiales consultadas por EL PAÍS. Los Mossos han intervenido más de 150 empresas, algunas de ellas fantasma, y bloqueado un centenar de cuentas bancarias implicadas en la presunta estafa. 

La Operación Cocoon —en alusión al filme de Ron Howard, de 1985, en el que unos ancianos recobraban el vigor juvenil tras sumergirse en una piscina—, arrancó hace más de un año, cuando varias personas, de diferentes puntos de Cataluña, denunciaron que después de firma una hipoteca inversa (renta mensual a cambio del valor de un propiedad) o de pedir un crédito personal, veían que en realidad, sin ser conscientes, habían rubricado un contrato de compraventa del piso. Algunas de las víctimas acabaron siendo desahuciadas. 

La investigación cogió forma cuando los agentes comprobaron que en todos los casos denunciados, de Blanes, Vilanova i la Geltrú, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià del Besòs o Vielha, coincidía siempre el nombre del mismo abogado, y, en el 90% de estos, del mismo notario, ambos con despachos en el centro de Barcelona. La policía descubrió entonces un enjambre de empresas y de cuentas bancarias desde donde, presuntamente, la red desviaba el dinero que conseguía con la estafa. 

BANCOS AFECTADOS

Entre los detenidos el viernes pasado hay también un falsificador de documentos y testaferros que acudían a los bancos para pedir créditos sobre los pisos de los ancianos. Una vez conseguidos los préstamos, los testaferros desaparecían, dejaban de pagar las cuotas mensuales, y los bancos pedían ejecutar el aval, que eran las viviendas. En la trama hay afectadas también nueve entidades bancarias, que concedieron los préstamos, y hay denunciados otro notario, dos abogados y dos oficiales de notaría. 

Los detenidos se valían, presuntamente, de diversas modalidades para estafar a los ancianos. Los agentes han encontrado casos de personas con deudas de 20.000 o 30.000 euros, que veían cómo sus pisos iban a ser subastados. Entonces de nuevo un testaferro les ofrecía la posibilidad hacerse cargo de esa deuda y que la persona fuese pagando a plazos con intereses para evitar la subasta. Las víctimas pagaban, pero en realidad nadie saldaba su deuda, por lo que acaban perdiendo su casa. 

Algunos afectados ya denunciaron por la vía civil y perdieron. El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha logrado paralizar el desahucio de varias personas que estaban esperando que les echasen de sus casas. 

Los Mossos analizan ahora toda la información recopilada en los despachos de los dos principales implicados, y no descartan que en las próximas semanas aparezcan más víctimas. 

El fraude de productos financieros asciende, según los investigadores, a cerca de 3.000.000 de euros. Por el momento se ha solicitado el embargo de 150 inmuebles, la intervención de siete vehículos y el bloqueo bancario de 75 empresas y 15 personas. 

Los Mossos que trabajaron en la operación abrieron una caja fuerte en una entidad bancaria del Paseo de Gràcia de Barcelona y realizaron tres entradas y registros en domicilios de Barcelona, Badalona y l’Hospitalet de Llobregat y una en un despacho de abogados de Barcelona. 

En total, los agentes detuvieron el viernes pasado a diez personas, y el juez decretó prisión para nueve. El notario detenido pudo salir de la cárcel después de pagar una fianza. El letrado, que cuenta con un despacho especializado en casos de estafa, permanece en prisión, sin fianza.
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Un fiscal pide tres años de prisión para Antonio Arroyo

9 jul. 2015 0 comentarios

El Juzgado de Instrucción nº 12 de Madrid ha abierto procedimiento penal abreviado contra Antonio Arroyo Arroyo por un presunto delito de estafa, tras haber concluido la fase de instrucción, en el caso de Pilar, uno de los muchos que están abiertos contra este prestamista.

La acusación particular, dirigida por el letrado Carlos Sevilla, ha solicitado condena, como es lógico. Pero lo positivo es que el Ministerio Fiscal (que tantas veces ha adoptado posturas diferentes en casos idénticos) en esta ocasión también ha formulado acusación y pide que el prestamista sea condenado a tres años de prisión con inhabilitación especial y a abonar una indemnización de 12.000 euros a su víctima. Asimismo, solicita que se investigue la situación patrimonial del imputado y que se celebre juicio oral contra él.

Por su parte, la defensa del acusado ha recurrido la decisión del juez instructor de abrir procedimiento penal abreviado y solicita el archivo de la causa, alegando prescripción.
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El miércoles 8, otro desalojo provocado por prestamista

5 jul. 2015 0 comentarios


Actualización post 06.07.2015: el Juzgado deja sin efecto el señalamiento del miércoles y concede un plazo para aportar documentación que justifique la existencia de una causa penal. #AsunSeQueda.
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Para el próximo miércoles 8 de julio, a las 6'30 de la mañana, está fijado el tercer intento de lanzamiento de Asun, una vecina del distrito madrileño de Ciudad Lineal, en procedimiento de ejecución hipotecaria instado por un prestamista. Diversos movimientos sociales están convocando a la ciudadanía para intentar detener esta injusticia.

La víctima, de 57 años, con un hijo de 24, denuncia haber sufrido la habitual estafa en préstamos hipotecarios no bancarios que se practica impunemente en nuestro país. El préstamo original se pidió a la firma Finanzas Roda. Como suele ocurrir en estos casos, la deuda se refinancia luego, haciendo constar un capital supuestamente abonado en efectivo que realmente no se recibe, a menudo con la connivencia de unos notarios muy concretos. Cuando Asun tuvo que cerrar su negocio, se quedó sin poder hacer frente a la deuda ilegítima. Quien ejecuta al parecer son, según diversas informaciones aparecidas en medios, Francisco Rodríguez López y María Josefa Malazuelas Blanco. La víctima pidió 50.000 y se le reclaman en vía de ejecución alrededor de 200.000 €.

En ocasiones anteriores el lanzamiento se paralizó gracias a la intervención de los activistas de la plataforma Apoyo Mutuo Ciudad Lineal. En el último intento, desde el Ayuntamiento de Madrid se intentó también mediar. Tras los aplazamientos, se ha fijado nueva fecha para desalojar a la afectada de su casa. 

Quien ejerce como abogado de la víctima es Santiago Landete, que lo fue de Umberto y de Carmen, ambos ya en la calle a pesar de que afirmaban haber sido estafados. Así como se han difundido datos sobre el caso de Asun y sobre las iniciativas sociales de oposición a su desahucio, no existe información pública de las actuaciones jurídicas llevadas a cabo. Hay que recordar que las ejecuciones de este tipo se pueden paralizar automáticamente durante largo tiempo formulando oposición por cláusulas abusivas, con posibilidad incluso de recurso de apelación. Y que también cabe suspender por prejudicialidad penal si se interpone denuncia o querella y se solicita expresamente.

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