II Foro Nacional de Educación Financiera de ADICAE

12 nov. 2016 0 comentarios

La organización de consumidores ADICAE convoca su II Foro Nacional de Educación Financiera, para fomentar la formación crítica de los consumidores, materia en la que también estamos por debajo de la media europea.

Se celebrará en la Casa Árabe de Madrid el próximo 16 de noviembre y el programa completo puede consultarse aquí

La asistencia es gratuita, previa inscripción en convencion@adicae.net o en el teléfono 914 673 188.
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En El Confidencial, desahucio suspendido y regulación de la usura

28 oct. 2016 0 comentarios

Publicado en El Confidencial, 23.10.2016 


La Ley que la regula es de 1908 

DESAMPARADOS ANTE LA USURA: “ME QUITAN MI CASA POR UNA DEUDA DE 18.000 EUROS” 

Préstamos rápidos, créditos al consumo, tarjetas de financiación… La oferta de productos financieros crece mientras el marco legal data del Gobierno de Antonio Maura 

Autor: Alfredo Pascual 
Video: Ernesto Torrico 

Miguel Ángel tiene miedo a salir de casa. A sus cincuenta y tantos y a pesar de ir siempre flanqueado por un perrazo, cruce de mastín y pastor alemán, cada vez que escucha un motor en la calle se encierra tras una puerta de metal y llama a su abogado. Lleva meses soñando, entre pesadillas, con este momento, el momento en el que vengan a su casa para desahuciarlo. 

Sobre el asfalto de la calle Fuente Romana, en El Álamo, seis agentes de la Guardia Civil y dos funcionarios del juzgado esperan a que den las 11:30. Los vecinos miran por las ventanas. Una señora lamenta, a lo lejos, que "no se hagan estos despliegues con los auténticos delincuentes", pero los agentes no desvían la mirada de la casa de Miguel Ángel. Dan y media. En ese momento, el agente más cercano al chalé da un paso adelante y llama al timbre. 

— Caballero, tiene que abrirnos la puerta, tenemos una orden de desahucio. 
— Estoy llamando a mi abogado, ha ido a ver a la jueza. Lo último que me dijo es que no abriese. 
— Si no abre tenemos a un cerrajero que lo hará por usted. Vaya atando al perro. 

En este momento Miguel Ángel da un paso atrás y trata de respirar hondo. No puede. Su pareja y su hijo siguen dentro, detrás de las ventanas. Se agarra el pecho tratando de conseguir oxígeno y echa una mirada desesperada a los periodistas que estamos dentro de la casa, como si con nuestras cámaras pudiésemos espantar a las autoridades y pagar su deuda. Y nosotros bajamos la cabeza. Ha llegado el momento. Miguel Ángel y su familia tienen que abandonar el edificio que ha sido su casa los últimos catorce años. 

“Denme solo diez minutos, se lo pido por favor”, suplica Miguel Ángel, aferrándose a un milagro en forma de llamada de móvil. Su abogado, Carlos Galán, se ha presentado en los juzgados para conseguir una moratoria in extremis, pero lo último que sabemos es que la jueza no ha querido recibirle. Los minutos caen como plomo, en silencio, mientras Miguel Ángel y los periodistas nos miramos con los agentes a través del portón de la casa. 

Y, de repente, lo imposible. Un agente se retira a hablar por teléfono y se acerca a la puerta: “Caballero, me comunican que han detenido el desahucio”, le dice a Miguel Ángel que, esta vez sí, parece desfallecer. Tras unos minutos, y todavía con los ojos empañados, recibe a su abogado y juntos se funden en un abrazo. “Esta vez ha estado cerca”, lamenta Miguel Ángel con la voz trémula. Todo ha acabado por hoy, pero dentro de un mes su acreedor volverá a intentar quedarse con la casa. 

“¿Tú te crees que me van a quitar la casa por un crédito de 18.000 euros?”, dice Miguel Ángel. Hace cinco años avaló un crédito hipotecario de su cuñado con su casa y el familiar no solo dejó de pagar, sino que se fugó a Perú. Miguel Ángel, charcutero en una gran superficie, se vio obligado a pedir otro crédito para evitar que el banco se quedase con su domicilio, una casa unifamiliar en El Álamo que, en el cénit del ladrillazo, llegó a tasarse por 600.000 euros. Ahora vale en torno a 400.000. Intentó pedir otro crédito para pagar el anterior, pero Bankia le había inscrito en la lista de morosos y todos los banqueros se negaron a hacerlo. Así que recurrieron a los préstamos privados. Su mujer hizo una búsqueda en internet y fue a topar con el primer resultado, que no es otro que el célebre Antonio Arroyo, también conocido como ‘El gran usurero’

Arroyo, primer prestamista inscrito en España, es un personaje polémico que ha ejecutado a más de 90 familias, mientras que las asociaciones de afectados hablan de otras 3.000 personas en problemas con este prestamista. La mayoría denuncia que Arroyo les obligó a avalar el crédito con su casa y que, una vez concedido, nunca les dio la posibilidad de devolverlo. “Les llamé un montón de veces y nunca me cogían el teléfono. Incluso quedé con ellos, cuatro o cinco veces, y nunca acudieron a la cita. Lo que querían, como es obvio, no era que yo devolviese el dinero, sino quedarse con mi casa por poquísimo dinero”, dice el propietario. Arroyo, que tiene derechos sobre más de 500 fincas por toda España, ha sido detenido tres veces, pero sigue libre y operando. 

Miguel Ángel no se preocupó ni siquiera de preguntar por la tasa de demora del préstamo. Se reunió con el equipo de Arroyo en una notaría de la calle Buen Suceso, en Madrid, y firmó los papeles sin hacer muchas preguntas. Necesitaba el dinero. No sabía que se estaba comprometiendo a pagar unos intereses de demora del 29%, un porcentaje que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ubica por encima del umbral de la usura. “No me atendieron durante los primeros meses y, un día de repente, me llamó la secretaria de Arroyo para decirme que les debía 40.000 euros”, dice Miguel Ángel, cuya casa ha salido a concurso público sin avisarle. 

Una ley con 108 años 

En realidad, en España la usura no es una figura penal. La ley que la regula data de 1908 y no establece márgenes claros para identificar cada caso. El texto legal, impulsado por el diputado y filósofo Gumersindo de Azcárate durante el primer Gobierno de Antonio Maura, reza así: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Imponía, además, unas multas de entre 500 y 5.000 pesetas para los usureros, que fueron derogadas en 1995 por el socialista Juan Alberto Belloch

El texto identifica, según juristas consultados, tres tipos de usura. La que surge de la imposición de unos intereses desproporcionados, siempre interpretables, la que se da por la existencia de cláusulas leoninas en el contrato —normalmente en los plazos de devolución— y, por último, la que emana de la entrega de un capital inferior al escriturado. "Es muy habitual que los prestamistas privados te entreguen mucho menos dinero del que pone en el contrato. Es una de las formas de estafa más habituales en estos casos", dice el abogado. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en que el marco legal es débil en la defensa del consumidor. "Los españoles están completamente desamparados ante la usura. Es que el mismo concepto es problemático, porque no se fijan unos márgenes aceptables en ninguna ley. No hay control de la Administración sobre estos establecimientos financieros, ni tampoco de las comunidades autónomas", lamenta Rubén Sánchez, portavoz de la agencia de consumidores Facua. "El sector está muy mal regulado. La banca pase, porque tiene al Banco de España, pero con los establecimientos financieros, y no quiero ya ni mencionar a los prestamistas privados, eso es la jungla. La ley de 1908 es escueta y poco específica", considera el letrado especilista en préstamos Carlos Galán

En España, un prestatario que se sienta estafado no tiene vías extrajudiciales a las que acudir. Los institutos de consumo autonómicos, el Banco de España o la CNMC no tienen potestad para emitir veredictos vinculantes y mucho menos declarar un contrato de préstamo nulo. La única solución es acudir al juzgado. Para Adicae, (Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas), "urge establecer unos criterios comunes ante la dispersión legislativa del sector, todo un ‘coladero’ para una gran variedad de empresas y productos sin control que abusan del consumidor. Los créditos al consumo ofertados por bancos y establecimientos financieros de crédito (EFC) –supervisados por el Banco de España– conviven con productos como los microcréditos, que cualquier sociedad mercantil puede comercializar, siendo libre de imponer cláusulas abusivas y precios fraudulentos sin supervisión alguna".

¿Significa esto que la usura no pasa factura en España? No exactamente. De hecho, en los últimos meses, diversos juzgados han recuperado la ley Azcárate para anular créditos y líneas de financiación diversas. La sentencia más importante, en tanto que crea jurisprudencia, es la emitida por el Supremo a finales del año pasado, cuando el Pleno de la Sala Civil del alto tribunal concluyó que “los créditos que dupliquen el interés medio del mercado deben ser considerados usurarios y, por tanto, nulos”. Se trataba de un crédito al consumo con un interés del 24,6% TAE por el que un cliente que obtuvo 25.634 euros de préstamo fue penalizado con unos intereses de 18.568 euros. 

Los límites de la usura 

La sentencia del Supremo es una luz al final del túnel para los consumidores en tanto que sugiere límites en los intereses: concretamente establece un máximo del doble del interés medio del mercado para la remuneración del crédito y en el interés más dos puntos para el de demora, en caso de retrasarse el pago. El alto tribunal es especialmente duro con las financieras al considerar que el alto riesgo de impago, derivado de los escasos requisitos que se exigen a los clientes, no puede ser defendido por la ley: "Con la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico". El Banco de España considera que los intereses de los créditos al consumo deben oscilar entre el 6% y el 8%

Así, muchos juzgados de primera instancia y provinciales han comenzado a agarrarse a esta doctrina para tumbar créditos que en el pasado se consideraban legales. Este mismo mes, la jueza Marta Iturrioz, titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuenlabrada, sentenció que la financiera de El Corte Inglés incurre en prácticas "abusivas y usureras". Iturrioz anuló la deuda de un cliente, denunciado por El Corte Inglés, por establecer unos intereses de demora del 18% cuando en el momento del crédito, en 2011, el interés medio se situaba en el 4%. Días antes, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid tumbó un préstamo del gigante francés Cofidis. El sumario asegura que un crédito de 1.200 euros se convirtió, a los cuatro años, en una deuda de 7.888 euros merced a unos intereses del 21% TAE y a unas cláusulas por demora abusivas. 

Las cifras del Banco de España muestran que el crédito concedido a los ciudadanos subió en 2015 después de cuatro años de caídas. Basta escuchar la radio o poner la televisión a primera hora del día para comprobar que las empresas de microcréditos y préstamos rápidos han regresado a nuestras vidas. Pero, en el actual momento jurídico, algunos de los intereses que cobrabran en el pasado pueden ahora considerarse usura.


Podríamos clasificar los créditos rápidos en cuatro categorías principales: los préstamos personales, las tarjetas de crédito, los créditos rápidos y los minicréditos. Los préstamos personales, a menudo controlados por la gran banca, se consideran el producto más seguro para el consumidor, ya que permite obtener las mayores cantidades a un interés medio del 12,5-13,5%. Las tarjetas de crédito son una opción intermedia: la financiación es automática (hasta un límite), pero tiene unos intereses medios cercanos al 27%, más del doble del interés medio del mercado. No obstante, los productos con más papeletas para obtener reveses judiciales en los próximos tiempos son los créditos rápidos y los minicréditos. Suelen ser ofertados por las mismas compañías, pero los minicréditos tienen una peculiaridad: no pueden superar los 200 euros. Es el límite, señala Adicae, para que no se les aplique la Ley de Crédito al Consumo.


Algunos de estos préstamos, denuncian Adicae y Facua, alcanzan entre el 3.500% y el 4.500% de intereses anuales. Este tipo de entidades, conocidas como establecimientos financieros, no se someten a la regulación del Banco de España, sino que solo tienen que registrarse en Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad. "En teoría las comunidades autónomas también deberían disponer de un registro de prestamistas, lo dice la ley 2/2009, pero, si alguna lo tiene, no está disponible telemáticamente para ser consultado, que era su utilidad final", dice Carlos Galán.

Distintos expertos consultados señalan dos tipologías de consumidor de estos productos con una misma urgencia: la desesperación. "Son normalmente padres de familia que no llegan a fin de mes y se agarran a un clavo ardiendo, sin mirar las consecuencias de lo que firman. Por otra parte también tenemos a muchas personas afectadas por ludopatía que necesitan dinero para jugar a toda costa". Una vez firmado el crédito, sobre todo ante notario, no queda más que pagar las cuotas o acudir a los tribunales. "Los microcréditos se valen de que lo que se paga por intereses es poco, porque los préstamos son pequeños, y no merece la pena denunciar", dicen desde Facua. 

¿Penal o civil? 

Si finalmente decide denunciar, tendrá que armarse de paciencia, porque tampoco hay acuerdo a la hora de escoger una vía judicial. El abogado Ignacio Monreal, que colabora con la plataforma de afectados Stop Estafadores, presume de haber ganado los 12 casos que ha llevado sobre préstamos usureros. ¿Su secreto? Acudir a la vía civil. "Yo no conozco a ningún prestamista al que se le haya condenado por estafa, sobre todo si por el medio hay una firma ante notario. Como mucho la vía penal consigue frenar un desahucio, pero no está sirviendo para condenar al prestamista y, sin eso, no se consigue la nulidad del contrato de préstamo. Es muy difícil probar el engaño", explica Monreal. 

En su opinión, "la ley Azcárate sirve perfectamente para obtener nulidades de contrato por la vía civil. Basta con que se hayan cobrado los intereses al principio, por ejemplo, que es una práctica habitual entre los prestamistas, o demostrar que las tasas de demora son desproporcionadas para obtener la nulidad. Es una vía poco explotada y que es muy efectiva", sentencia Monreal, no sin antes recordar, orgulloso, que el año pasado consiguió recuperar la vivienda de uno de sus clientes que había incluso entregado las llaves a su acreedor. 

Por su parte Galán, también colaborador de la plataforma, aporta matices al discurso de su colega. "Las dos vías son complementarias, se pueden aplicar a la vez. Yo prefiero la vía penal porque tiene una ventaja: que desde que empieza el proceso, se para la ejecución hipotecaria, que suele ser el objetivo principal de cualquier cliente. Por otra parte, es cierto que con la vía civil se puede obtener una nulidad del contrato, pero eso exige que se devuelva el préstamo sin intereses, y no todas las personas pueden permitírselo", zanja.


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El intento de desahucio de Miguel Ángel, en Telemadrid

22 oct. 2016 0 comentarios

El suspendido desahucio de Miguel Ángel, víctima de la red del prestamista Antonio Arroyo, fue seguido in situ por las cámaras de Aquí en Madrid, el magazine que presentan Goyo González y María Gracia en Telemadrid

El reportaje, emitido la misma tarde, refleja la tensión vivida y recoge el testimonio del afectado y declaraciones del abogado Carlos Javier Galán. Ya en directo el redactor José Ángel Leiras intenta pedir explicaciones al usurero, sin conseguirlo como era previsible.

Éste es el video completo de ese reportaje: 

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Suspendido provisionalmente desahucio de víctimas de usurero

19 oct. 2016 0 comentarios

Hoy a  las 12 horas, la Comisión judicial ha dado por suspendido el intento de lanzamiento de Miguel Ángel, por no poder materialmente acceder al inmueble. Los funcionarios estaban acompañados de un vehículo patrulla de la Policía Local, dos vehículos con efectivos de la Guardia Civil y un cerrajero. Estaban presentes en el acto las cámaras de Telemadrid (Aquí en Madrid) y Telecinco (El programa de Ana Rosa), además de periodistas de El Confidencial. Y toda la mañana ha estado haciendo seguimiento del caso la asociación Stop Estafadores, coordinando apoyos a la familia y dando información al minuto a muchos afectados de toda España que estaban pendientes del desenlace.

Al parecer, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Navalcarnero, pretende fijar en breve nueva fecha y acudir con mayores efectivos policiales para de echar a la familia por la fuerza. 

Mientras tanto sigue no ya sin resolver sino sin siquiera admitir a trámite el recurso interpuesto por el abogado Carlos Javier Galán contra la diligencia de ordenación por la cual la citada secretaria judicial inadmitió a trámite un incidente extraordinario de oposición a la ejecución hipotecaria. 

El recurso se fundamenta en la manifiesta incompetencia de la funcionaria que dicta la resolución, puesto que quien tiene facultades es únicamente el juez. Y en que se está aplicando un plazo que ha sido declarado expresamente nulo por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015

Desde primera hora de la mañana el letrado ha estado en el Juzgado intentando la suspensión cautelar del lanzamiento hasta que se resolvieran estas cuestiones legales, por entender que ha de primar los derechos constitucionales y que no es lógico echar primero a la calle a una familia y después examinar la legalidad de la medida. 

En el caso de Miguel Ángel, la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que no recibió todo el capital y, sin embargo, esta ejecución se despachó en su día por la cifra total. Además, se aplicó un interés de demora del 29 % que contraviene los criterios del Tribunal Supremo. Y se adjudicó una vivienda tasada en 300.000 € por la ridícula cifra de 30.000 a unos “inversores” vinculados a la conocida trama del prestamista Antonio Arroyo

El caso llegó al despacho Alberche Abogados ya muy avanzado y con muchos trámites precluidos, pero se está intentando luchar jurídicamente siguiendo la tesis del TJUE y del Supremo español, que consideran que “la tutela del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos” y que el juzgado tiene que analizar incluso de oficio las cláusulas abusivas sea cual sea el momento procesal en el que se plantee la cuestión.
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El miércoles ¿se llevará a cabo un desalojo ilegal?

17 oct. 2016 0 comentarios

El próximo 19 de octubre a las 11’30 horas, el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Navalcarnero tiene previsto el desalojo de Miguel Ángel, su pareja y su hijo de su casa de El Álamo, un chalet que con mucho esfuerzo adquirieron y que unos “inversores” vinculados a la red del prestamista Antonio Arroyo Arroyo se adjudicaron por la ridícula cifra de 30.000 €.
 
El actual abogado del demandado, Carlos Javier Galán, al que el asunto ya llegó muy avanzado, ha presentado un incidente extraordinario de oposición por cláusulas abusivas y la letrada de la Administración de Justicia lo ha inadmitido a trámite mediante diligencia.
 
El abogado sostiene, en el recurso que ha interpuesto, que la inadmisión es competencia del juez y no de la secretaria judicial. Y que, además, se está aplicando indebidamente un plazo que ya fue declarado nulo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 29 de octubre de 2015. También el Tribunal Supremo español tiene establecido que “la tutela del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos” y que el juzgado tiene que analizar incluso de oficio las cláusulas abusivas sea cual sea el momento procesal en el que se plantee la cuestión.
 
La defensa del afectado ha pedido algo que considera “sumamente razonable” y es que se suspenda el lanzamiento de la familia cautelarmente, al menos mientras se resuelve el recurso, porque “en el más que probable caso de estimarse el mismo por el juzgado o por instancias superiores, el daño causado ya sería dramático y de imposible reparación”.
 
En este caso, la Audiencia Provincial dictó un auto en el que reconocía literalmente que “las diligencias practicadas han arrojado luz sobre una cuestión que ya se apuntaba como cierta y es que el investigado Antonio Arroyo mintió descarada y abiertamente en su declaración como imputado, al afirmar que el denunciante sí recibió el importe total del préstamo”.
 
Además de no recibirse todo el capital que constaba en escritura, la operación está sujeta a un interés de demora de nada menos que el 29 %, cifra considerada abusiva con los criterios del Supremo.
 
Por ello el letrado del demandado quiere que se revise la posible usura y la abusividad de las cláusulas “porque es el deber del órgano judicial antes de poner a una familia en la calle vulnerando sus derechos fundamentales”.
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Sentencia declarando nulidad de préstamo por usura

15 sept. 2016 5 comentarios







Nuevo revés judicial para el controvertido usurero Antonio Arroyo Arroyoel Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha dictado sentencia declarando "nulo de pleno derecho" el préstamo hipotecario que suscribió en su día con una de sus numerosas víctimas, Gracia, actualmente delegada de la asociación Stop Estafadores en la Comunidad autónoma andaluza.

La resolución judicial analiza globalmente las condiciones de la operación, considerando que “nos hallamos ante un préstamo en el cual se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero”, además de que en la escritura se consideró como entregada una cantidad superior a la realmente recibida por la prestataria”. A estos dos factores se suma “el exiguo plazo concedido para la devolución” y “la constitución de una garantía hipotecariasobre la vivienda de la afectada.

La valoración conjunta de estos factores lleva al juzgador a aplicar la vieja Ley Azcárate contra la usura del año 1908, aún en vigor, lo que tiene como consecuencia la nulidad del contrato y que la prestataria tenga que devolver sólo lo realmente percibido y sin intereses de ningún tipo.

La sentencia, que estima la demanda redactada por el abogado de Pamplona Ignacio Monreal, ordena la cancelación de la inscripción de la hipoteca sobre la casa de la demandante y condena a Antonio Arroyo al pago de las costas procesales. La resolución no es firme, dado que puede aún ser recurrida en apelación.
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AP Madrid confirma absolución de presidente de Stop Estafadores

6 ago. 2016 0 comentarios

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia absolutoria del Presidente de la asociación Stop Estafadores, Juan Puche, del supuesto delito de injurias con publicidad del que le acusaba el oficial de la notaría Usera y Sanz, una de las más utilizadas en nuestro país por las tramas de préstamos presuntamente fraudulentos.

En 2014, Puche había publicado un post en un blog personal Alerta Trama Estafadores, dedicado a informar de estas prácticas, que el aludido consideró injurioso, por lo que interpuso querella.

En su escrito solicitó una condena de días-multa equivalente a unos 42.000 €, más una indemnización de 20.000 € por pretendida lesión de su honor.

El letrado Carlos Javier Galán, director de Alberche Abogados y asesor legal de la asociación, se encargó de ejercer la defensa ante el Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, que tras la celebración del juicio dictó sentencia absolutoria.

Consideró la resolución judicial que no existía ánimo de injuriar, sino una intención de crítica y de información a otros posibles afectados.

El querellante interpuso recurso de apelación, que ha sido resuelto ahora por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

Contestando los argumentos de su recurso, la sentencia recuerda al apelante que no es el procesado quien está obligado a probar su inocencia sino que, por el contrario, la carga de la prueba recae sobre el que acusa.

Afirma la Audiencia Provincial, en sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Gemma Gallego, que “la consideración del apelante de que nos encontramos ante un delito de injurias, resulta ser una calificación interesada y parcial, frente a la que la sentencia –y esta Sala- considera como un artículo de opinión". 

Recuerda que el artículo publicado por Juan Puche está “elaborado en un contexto judicializado, en el que resultó perjudicado el acusado” por una presunta estafa que tiene denunciada, constatándose “otras 87 denuncias y querellas presentadas” por distintas familias contra personas que directa o indirectamente están“relacionadas con la Notaría de la que es oficial el querellante”. 

El tribunal subraya los “acertados fundamentos“ que despliega la sentencia recurrida en su análisis y asegura que tampoco “se aprecia error alguno al abordar las cuestiones fácticas y jurídicas”. 

Por todo ello, acuerda desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia absolutoria, que alcanza así firmeza.
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La Asamblea de Stop Estafadores, en Confilegal

30 jul. 2016 0 comentarios

Publicado en Confilegal, 28.07.2016

MILES DE FAMILIAS ESPERAN QUE EL NUEVO GOBIERNO REGULE EL FENÓMENO DE LOS PRESTAMISTAS PRIVADOS, AHORA SIN CONTROLES

Luis Javier Sanchez 

Afectados de toda España reunidos en Madrid este fin de semana han vuelto a reclamar la necesidad de una normativa que controle a los prestamistas que crecen en este contexto de crisis económica. Prestamistas, o usureros más bien, que, unidos a organizaciones criminales, convierten ese préstamo en asunto de vida o muerte para muchas familias. 

En estos años de falta de crédito bancario, empresarios y familias han buscado ese dinero para seguir adelante en otros caladeros, algunos poco ortodoxos, con intereses del 29 por cien, considerados por la UE como abusivos. “Creamos la asociación Stop Estafadores hace dos años, aunque sabemos de familias que han tenido serios problemas desde hace cinco”, explica Juan Puche, su presidente y afectado también. 

En estos momentos es posible que existan en nuestro país una docena de tramas criminales que a través de un préstamo buscan quedarse con tu vivienda “mientras los jueces no los consideran estafadores, familias y consumidores estamos con el culo al aire. No podemos hablar de ellos porque mediante querellas nos mantienen entretenidos”. 

La falta de Gobierno en estos momentos hace que sea complicado pedir a nuestros políticos una mejor regulación de estas prácticas. Cataluña, Levante y Madrid son los [principales] focos de desarrollo de estas malas prácticas. 

Este boom de estos presuntos estafadores viene dado sobre todo por la falta de regulación de este fenómeno. Ni la Administración Central ni las CC.AA. se han tomado en serio este problema que lejos de solucionarse se cronifica. 

“Éste es un problema que afecta a más de 5.000 familias en toda España y ahora, la falta de Gobierno, impide que expliquemos a los políticos el fondo de esta situación”, señala Carlos J. Galán, abogado de esta asociación. 

Ni el Registro que se creó de prestamistas funciona ni las CCAA que derivaron a consumo esta práctica han hecho nada para que esta bola de nieve adquiera proporciones preocupantes. 

"Hay prestamistas que están llamando a sus víctimas para pedirles el dinero que les prestaron, casi en plan matón barriobajero” comenta Puche. Nuestro interlocutor está ahora envuelto en diferentes querellas por acusar a determinados prestamistas de ladrones. Sabemos que hace unos días, una de ellas quedó archivada. Pero sigue con la guardia alta. 

El crecimiento de esta práctica ha hecho también que a nivel jurídico el asesoramiento de estas familias y particulares haya crecido. Desde Stop Estafadores se ha puesto en marcha una red de abogados especializados que intercambian puntos de vista sobre estos temas e intentan unificar actuaciones en todos estos casos. “Hace unos días impartimos un curso sobre esta práctica en el Turno de Oficio en el ICAM y tanto la asistencia como la calificación al curso fue muy valorada”, destaca Galán, formador del mismo. 

Stop Estafadores como asociación ha crecido gracias a su blog http://stop-estafadores.blogspot.com.es, el movimiento en redes sociales y las apariciones en medios informativos, que han servido para que víctimas de toda España pudieran intercambiar sus puntos de vista. 

Bajo un préstamo sencillo se esconde siempre una operación compleja que acaba en una notaria donde, al cabo de los días, sabremos que el préstamo pedido es mucho mayor y los intereses demoledores. 

“Nos alegra que el Consejo General del Notariado esté ya tomando medidas contra algunos notarios que desprestigian a la profesión”, aclara Puche. 

Lo peor de esta situación es la tibia respuesta de nuestros jueces y fiscales ante esta situación. “Faltan controles para los prestamistas y luego la respuesta a nivel judicial no está siendo todo lo que nos esperábamos. Aún no acaban de ver que hay un posible delito de estafa en este tipo de prácticas”, señala el abogado de Stop Estafadores. La idea es la de retomar los contactos con los partidos políticos una vez que se conforme de una vez por todas un Gobierno en nuestro país. 

Curiosamente, el propio Galán detecta en casos muy similares puntos de vista diferentes en distintas fiscalías del país. “No parece que sea lógico que ante asuntos muy parecidos el fiscal, como Ministerio Público, tenga puntos de vista distintos. Eso hace que en algunos casos vea que hay un delito y en otros no perciban nada perseguible”. 

Hace unos meses Stop Estafadores y su equipo legal mantuvo una reunión en la F.G.E. con altos cargos de la entidad pero por desgracia todo quedó en buenas palabras. 

Desde Stop Estafadores, Juan Puche, también afectado por un préstamo que pidió de 45.000 euros, pide prudencia a familias y empresarios en apuros. “Hay que ver con calma lo que uno firma y consultar con un abogado experto en estos temas. Merece la pena esperar unos días antes que tener tu vida hipotecada ya para siempre”. A las víctimas, muchas en el anonimato, que luchan por salir de esa pesadilla, les anima a que se unan a asociaciones como la suya para compartir estos problemas y no caer en la depresión. 

NECESIDAD DE ASESORARSE BIEN ANTES DE FIRMAR ALGO 

Pero, por desgracia, más del 50 por ciento de estos afectados por prestamos usureros no reclaman y tiran la toalla. 

El escepticismo ante un sistema judicial que no da confianza y el tener como contrincante a poderosos entramados financieros, les hacen no recurrir y en muchos casos perder su vivienda tras traumáticos lanzamientos. 

“Sabemos en algunos casos que las denuncias hechas ante la policía por estas prácticas han ido a los juzgados y se han perdido”, comenta Puche. 

La falta de estos medios judiciales, como el tener un abogado y procurador, hace que le preguntemos a Carlos J. Galán si no cree que el Turno de Oficio debería ampliarse en este tipo de temas. "Habría que estudiarlo, desde luego, porque crecen cada vez más familias y afectados que un día, con los canales cerrados tradicionales financieros, se fueron a un prestamista y su vida se convirtió en un infierno”. 

Sobre el perfil de la víctima acuciado por un préstamo que no podrá devolver, nos indica que “hablamos de personas con acuciantes necesidades económicas que tienen dificultades al crédito bancario, bien por sus circunstancias personales o por estar inscritos en algún registro de morosos. Suelen tener una propiedad inmobiliaria libre de cargas o con cargas muy pequeñas. Ése es el objetivo de los estafadores. No necesariamente es gente de bajo nivel cultural. En esta estafa han caído personas con experiencia empresarial o con trabajos en la administración pública. Podría caer cualquier persona por cómo están diseñadas.” 

Lo peor de esta situación es que, ante la falta de regulación clara de este fenómeno, crecen los prestamistas de prácticas irregulares, sabiendo que nadie les pedirá cuentas desde alguna de las diferentes administraciones del país. 

“La falta de regulación y controles es un terreno abonado para que se sigan generando abusos sin ningún recato. A diario sé que desde la asociación se reciben llamadas de personas afectadas. Cambian las tramas, pero las estafas son parecidas”, según Galán. 

Para este jurista, es bueno saber que los puntos de vista del Consejo General del Notariado, Defensora del Pueblo y la propia asociación, Stop Estafadores, coinciden en la manera de resolver esta situación. 

“Este consenso sobre estas prácticas creo que puede tener buena acogida en las nuevas fuerzas políticas. Esperamos que nos escuchen y tomen cartas en el asunto, pero para eso necesitamos un Gobierno y un Parlamento activo”. 

El trabajo de esta red de abogados es frenar la ejecución hipotecaria. Nuestro interlocutor recomienda que se denuncie la estafa lo antes posible. “Con esa denuncia que uno pone, puede lograr que se haga una anotación preventiva de la querella o denuncia en el Registro de la Propiedad para evitar la transmisión de ese crédito a terceros, que a veces se hace, y la ejecución hipotecaria.” 

Al mismo tiempo cree que también en vía civil se pueden impugnar condiciones de esos préstamos. “Podemos estar ante cláusulas abusivas; intereses de demora o tasaciones impuestas por la parte que son muy bajas”, por sólo citar algunas. 

En vía civil, se pueden impugnar algunas de las condiciones de estos préstamos porque realmente son cláusulas abusivas; intereses de demora, tasaciones impuestas por la parte que son muy bajas, entre otras. 

Para este jurista, el trabajo de Juan Puche desde las redes sociales ha sido muy estimado y valioso, porque ha puesto en contacto a víctimas de toda España, incluso antes de poner en marcha Stop estafadores. 

“Del goteo de cada caso individual hemos pasado a afrontar los asuntos de otra manera. Las víctimas han dejado de lamentarse y toman la iniciativa. Juan ha sido clave para aglutinar a todo este colectivo que sigue creciendo a lo largo de los días”. 

En el blog de Galán, especializado en estos temas financieros e hipotecarios, de gran visibilidad en las redes sociales, Estafas de Prestamistas, aparecen una serie de consejos para detectar estas posibles prácticas fraudulentas y no tener tu vida hipotecada de por vida. Mientras tanto, y ante la falta de crédito el teléfono de Stop Estafadores no deja de atender posibles afectados.

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Reunión de abogados colaboradores de Stop Estafadores

10 jul. 2016 0 comentarios

Publicado en la web de la asociación Stop Estafadores, 07.07.2016

ABOGADOS AL SERVICIO DE LOS AFECTADOS

Ayer miércoles 6 de julio tuvo lugar en Madrid un encuentro de abogados colaboradores de la asociación Stop Estafadores, en el que se dieron cita varios profesionales que vienen asistiendo jurídicamente, tanto en el orden civil como en el penal, a afectados por estafas cometidas por prestamistas.

En la reunión se fijaron criterios para establecer un convenio de colaboración formal entre nuestra asociación y cada letrado o bufete que colabora con el colectivo.

Con vistas al nuevo curso, Stop Estafadores va a ampliar también la red de despachos por toda España, para prestar un mejor servicio a los socios.

Asimismo, en esta importante reunión de trabajo se han sentado pautas para avanzar en la coordinación, la comunicación y la definición de estrategias en los equipos jurídicos, en defensa de las víctimas de estas prácticas fraudulentas.
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Éxito del curso de acciones judiciales ante prestamistas

30 jun. 2016 0 comentarios

El curso programado por el Colegio de Abogados de Madrid sobre Acciones Civiles y Penales en materia de Préstamos hipotecarios no bancarios registró una gran aceptación, tanto en el número de inscripciones como en la posterior encuesta de satisfacción de los participantes.

Esta actividad se encuadra dentro del programa de formación del turno de oficio y fue impartida por los letrados Carlos Javier Galán -que se ocupó de las actuaciones civiles- y Fernando Adame -que expuso la ponencia sobre acciones penales-.

Ante el auge de la actividad de los prestamistas privados, se ha pretendido ofrecer una formación especializada a los abogados, tanto a quienes habrán de ocuparse de hacer frente las ejecuciones hipotecarias como a los que se ocuparán de interponer las denuncias o querellas ante posibles estafas. 

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