Aplazado en Tetuan otro desahucio instado por prestamista

23 mar. 2017 0 comentarios

Hoy jueves 23 de marzo era el día fijado para que la Comisión Judicial desalojara de su vivienda a Francisca, una mujer de 83 años con un 84 % de discapacidad, junto a su hijo Fabián y su nieto, a instancia de uno de los ejecutores de la trama Arroyo. 

La familia solicitó en su día 20.000 euros que le prometieron que sería un préstamo puente que luego se refinanciaría por cauce bancario para pagar en cómodos plazos. Lo que firmó, sin ser consciente de ello, es recibir 37.000 euros -que no le fueron entregados-, cuya totalidad debía devolver en sólo seis meses. Habían caído en las redes del conocido prestamista Antonio Arroyo Arroyo.

En su día el hijo, apoyado por la plataforma Stop Estafadores, fue conociendo el alcance de la trama y comenzó a reaccionar frente a esta operación fraudulenta.

En primer lugar, presentó denuncia por estafa, que fue sobreseída provisionalmente porque el Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid no apreció indicios de delito, sin practicar ninguna diligencia de investigación. 

Se interpuso recurso de apelación y en un solo día -sorprendentemente para los plazos que se manejan normalmente- la Audiencia Provincial confirmó entonces el archivo. Luego ha ido cambiando la sensibilidad respecto a estos casos, pero en 2013 los jueces aún no veían delito, no consideraban que hubiera un engaño sistemático, sino que lo trataban como una cuestión puramente civil.

Mientras tanto, el Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Madrid tramitaba la ejecución hipotecaria contra esta familia, a instancia de Antonio Serrano Marcos, un supuesto "inversor" que compró el crédito a Arroyo para desahuciar a la familia y quedarse con su vivienda. 

La madre también tiene interpuesta por su parte querella por estafa, que sin embargo no ha conseguido por el momento paralizar la ejecución.

Hoy, cinco años después del comienzo de la ejecución y tras agotar todas las posibilidades que su abogada fue viendo en el procedimiento, llegó el momento de la diligencia de lanzamiento. 

En la puerta de la vivienda se congregaron activistas de organizaciones sociales del distrito de Tetuán -como Tetuán Resiste, Banco de Alimentos, etc.-  y medios de comunicación. Según han informado algunos de los presentes a través de Twitter, ante la situación de la anciana -en cama por enfermedad- la comisión judicial ha aplazado el lanzamiento durante un mes más, fijando nueva fecha para el 28 de abril a las 10 h. 

Esperemos que para entonces se haya podido conseguir la suspension por prejudicialidad penal o por cualquiera de los otros cauces previstos en la ley y pueda detenerse definitivamente esta injusticia, de forma que Arroyo y sus colaboradores no consigan poner a otra familia en la calle para lucrarse con su vivienda.
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Un prestamista de Alicante con siete condenas penales

18 mar. 2017 0 comentarios

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante dictó el pasado mes de enero sentencia en la que condenó nuevamente a Francisco José Villanueva Garijo, administrador de la entidad FBJ Villanueva Garijo Hnos. Inversiones y Seguros, S.L., por estafar a unos clientes, aunque absolvió a su hermano y a un trabajador por falta de pruebas de su implicación en los hechos. 

Según la resolución judicial, el prestamista concertó con un matrimonio que le daría un crédito para refinanciar sus deudas. Se firmó un préstamo instrumentado en una hipoteca cambiaria con la garantía de una vivienda en Cieza (Murcia). La letra de cambio era por 70.000 euros, pero los magistrados no consideran creíble que se entregara realmente el dinero, a pesar de la manifestación contenida en la escritura notarial.

Como suele ser habitual en estas tramas, el prestamista endosó a un tercero la letra de cambio para que éste la ejecutara e intentara quedarse con la vivienda de los afectados.

El tribunal ha sentenciado que existe un delito de estafa, por lo que impone al procesado dos años y medio de prisión y el pago de una multa. El procesado ya estaba en prisión, cumpliendo aún otras cuatro condenas por hechos similares. 

Francisco J. Villanueva Garijo a la entrada de la sala de vistas.
(Fotografía: Antonio Amorós, diario Información)
Según los datos que podemos encontrar en el repertorio oficial de sentencias (recuérdese que siempre se reproducen las resoluciones con nombres supuestos) y en medios de comunicación, respecto al administrador único de la citada sociedad:

- La Audiencia Provincial de Alicante le condenó el 21 de octubre de 2011 a un año y nueve meses de prisión por estafa por un préstamo de 13.000 euros que realmente no entregó.

- La misma Audiencia Provincial de Alicante le condenó el 10 de febrero de 2012 a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito continuado de estafa agravada a 27 inversores, a los que captó más de un millón de euros para préstamos, con la promesa de un elevado interés. Esto es lo que publicó Información con ocasión de la condena y así lo reflejó Las Provincias cuando el Supremo confirmó el ingreso en prisión.

- La Audiencia Provincial de Alicante le condenó en sentencia de 27 de septiembre de 2012 a un año de prisión por un delito de apropiación indebida de unos 18.000 euros, por quedarse con el sobrante de un capital que había retenido a los prestatarios para el pago de diversas deudas.

- Posteriormente, la Audiencia Provincial de Alicante le absolvió en sentencia de 19 de abril de 2013, por falta de pruebas, de otro delito de estafa a una persona con discapacidad intelectual, en contra del criterio del Fiscal. Por cierto que en estas operaciones al final acaba teniendo intervención el conocido prestamista, investigado judicialmente en numerosas causas, Antonio Arroyo Arroyo, con su empresa Irisán Gestión Hipotecaria. De la petición de penas del fiscal da cuenta esta noticia en Información. 

- Hay al parecer otra absolución de delito de estafa por parte de la Audiencia Provincial de Alicante, a principios de 2016, según se puede leer en La Vanguardia y en La Verdad.

- La Audiencia Provincial de Alicante le condenó en sentencia de 22 de abril de 2016 por un delito de estafa continuada agravada a cuatro años de prisión, por quedarse con más de 800.000 euros de inversores a los que prometía altas rentabilidades. 

- La Audiencia Provincial de Alicante le condenó en sentencia de 17 de mayo de 2016 por un delito de estafa a la pena de un año de prisión por unos 193.000 euros no entregados en operaciones de crédito fraudulentas. La noticia del juicio se publicó en La Vanguardia

- La Audiencia Provincial de Alicante le condenó en sentencia de 7 de julio de 2016 por un delito de estafa a la pena de cuatro años de prisión por un préstamo de 72.000 euros, que tampoco entregó ni pagó con ellos las deudas a las que iban destinados

- Y finalmente esta nueva sentencia de la A.P. que comentamos, hecha pública el 24 enero de 2017, en la que se le imponen dos años y medio por estafa por ese préstamo de 70.000 que tampoco entregó. La noticia fue reflejada en ABCInformación, La Vanguardia y La Verdad, entre otros (hablan de cinco condenas porque no tienen en cuenta las más antiguas, seguramente ya cumplidas o canceladas).

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Reactivada petición en Change.org contra la usura

17 mar. 2017 0 comentarios

La asociación Stop Estafadores, que agrupa a víctimas de fraudes en préstamos no bancarios, ha reabierto la petición que impulsó en la plantaforma Change.org para modificar la legislación contra los créditos usuarios.

La iniciativa se quedó congelada durante el largo período en que no llegó a formarse gobierno, pero ahora la asociación ha considerado que ha llegado el motivo de presentar las firmas en breve ante el Ministerio e impulsar un cambio legislativo que proteja frente a estas prácticas. 

La propuesta ha superado ya nada menos que 140.000 firmas, por lo que estamos ante la última oportunidad de apoyarla antes de su entrega.
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Archivada ejecución hipotecaria de prestamistas

16 mar. 2017 0 comentarios

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Majadahonda (Madrid), ha acordado el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria instada por Altisidora Inversiones, S.L. contra dos víctimas, Ana y Javier, que suscribieron un préstamo extrabancario. El órgano judicial estima íntegramente, en su auto de 9 de marzo de 2017, la oposición que fue formulada en su día y defendida en juicio por el anterior letrado del procedimiento, Carlos Javier Galán, de Alberche Abogados.

Lo más interesante del pronunciamiento es que el juzgador de alguna forma “levanta el velo” de una práctica lamentablemente muy extendida: la de hacer figurar a un particular como falso prestamista en una hipoteca cambiaria, para que parezca un crédito entre particulares en vez de una operación entre profesional y consumidor, y evitar así que se pueda analizar la abusividad de sus cláusulas. El supuesto particular -en realidad un testaferro- endosa seguidamente el título cambiario al verdadero prestamista profesional o a quien éste designe. 

En este caso, el auto judicial dictado por el Magistrado Gerardo Calvo Tello tiene en cuenta que el ciudadano rumano que figura como supuesto prestamista, del que todos los datos apuntan a que es insolvente y a que está ilocalizable, endosó la letra de 53.250,00 € con fecha de apenas dos semanas después de la operación. A dicho ciudadano los prestatarios lo conocieron por primera vez en notaría, pues toda la concertación del préstamo se hizo con una firma supuestamente de intermediación financiera, lo que hace difícil pensar en que estamos ante un préstamo entre particulares tal y como está concebido por el legislador. 

El juzgador tilda de claramente abusivos los intereses de demora del 29 %, que devienen en consecuencia inaplicables, aplicando la jurisprudencia española y europea de protección al consumidor. 

Además, considera también abusivo el valor para subasta impuesto en la escritura, aproximadamente de la tercera parte del valor real del inmueble y sin ninguna tasación objetiva que lo respalde. Declarada nula esta cláusula , al introducir un grave desequilibrio a favor de una de las partes, el título ejecutivo carece de uno de los requisitos esenciales exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución hipotecaria.

Por todo ello, ordena el sobreseimiento y archivo de la misma, imponiendo las costas del proceso a la ejecutante. El auto no es firme y puede ser recurrido en apelación por la ejecutante.

Los afectados de esta operación de préstamo fraudulento fueron socios de la plataforma Stop Estafadores, que les facilitó en su momento apoyo y orientación como es usual con las víctimas que contactan con la misma. Además, colaboraron en diversas actividades públicas de esta asociación.
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La Audiencia Provincial de Madrid sigue reabriendo causas de la trama Arroyo

12 feb. 2017 0 comentarios

Las distintas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid continúan ordenando a los Juzgados de Instruccción que no archiven sin investigar las denuncias por presuntas estafas interpuestas por numerosas familias contra el prestamista Antonio Arroyo Arroyo.

En esta ocasión ha sido la sección 23 en un auto en el que ha sido ponente la magistrada M. Ángeles Montalvá la que ha estimado el recurso de apelación interpuesto en nombre de una afectada gallega, Mar, por el letrado de Alberche Abogados Carlos Javier Galán, quien ha destacado en la actuación legal frente a estas tramas en los órdenes civil y penal.

El 13 de abril de 2016 el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid acordó sobreseer la denuncia interpuesta por esta víctima contra Antonio Arroyo, uno de sus notarios de cabecera, los intermediarios de Credit Garpi y los ejecutores de Publicredit por presunta estafa y otros delitos. 

El recurso de apelación de la denunciante ponía de manifiesto que entre la incoación del procedimiento y el archivo no había mediado ninguna actuación instructora real. 

El instructor consideró que no hubo "engaño suficiente" porque supuestamente la prestataria tuvo a su alcance la escritura y pudo examinar con detenimiento las prestaciones pactadas. El tribunal no considera que ese argumento sea aceptable y recuerda que el Supremo tiene afirmado que "en el tráfico mercantil ha de operarse con unos mínimo márgenes de confianza, que una forzada atrofia del Derecho Penal y en particular de los delitos de defraudación no puede entorpecer, obligando a los particulares a asumir tareas preventivas que, rectamente entendidas, son función de la norma penal". 

"La doctrina a tenor de la cual no hay estafa cuando el error ha sido provocado por la indiligencia del sujeto pasivo resulta inaplicable a casos como el presente", asegura el TS en 3 de diciembre de 2015, con cita de otras muchas. 

Y, de forma muy gráfica, recuerda que, al igual que "un robo sigue siendo un robo aunque la víctima se haya comportado despreocupadamente con sus cosas", una estafa sigue siendo una estafa aunque haya habido relajación del sujeto engañado. "Llevando al extremo la idea de desprotección y, en definitiva, de no merecimiento de la tutela penal que reivindica la víctima de cualquier despojo, podríamos afirmar que aquél a quien se hurta su cartera porque descuidadamente le asoma  del bolsillo del pantalón trasero, aquél que confiadamente se pasea en horas nocturnas en zona especialmente conflictiva o que es objeto de una defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa reputación, ha de soportar las consecuencias de una acción delictiva". 

Para la Audiencia Provincial en este auto, "la conducta que se denuncia se corresponde con un 'modus operandi' desdichadamente demasiado habitual en determinadas situaciones críticas. Consiste en 'ofrecer' un dinero 'rapido y fácil' (ésta es la publicidad literal) a quien sólo puede estar asfixiado, porque de lo contrario, no se acepta un préstamo con un interés fijo al 8 %, amén del indicado interés de demora [29 %] y con ese brevísimo plazo de devolución [seis meses]; se acepta porque se vive una situación límite y ninguna entidad bancaria presta dinero a quien, por esa razón, se ve obligado a acudir a estas otras vías de financiación alternativa, vías de usura, nada más y también nada menos. Y en el caso concreto que nos ocupa, la denunciante sostiene que las condiciones que inicialmente le ofertaron no son las que firmó, entre las que se halla ese brevísimo lapso para la devolución, lo cual no resulta indiciariamente increible porque ¿quién puede devolver una cantidad prestada al 8 % cuando seis meses antes está acuciado por sus deudas? Desde luego, casi todo es posible, pero es altamente improbable que en tan solo seis meses podamos devolver lo que nos han prestado incrementado con un 8 % si ciento ochenta días antes nos hemos visto obligados a aceptar lo que se nos presentase en un momento en que es harto dificultoso actuar con frialdad". 

El auto subraya que la denuncia pone de manifiesto que "en principio se ofertaron  condiciones diferentes, de donde cabe inferir que en eso además consistió la puesta en escena porque, de haber sabido las que finalmente se volcaron en la escritura, no es increible deducir que la denunciante no se habría desplazado desde su residencia gallega a una notaría de Madrid para firmar en una situación, si cabe, más precaria todavía". Y también recuerda el papel del notario, cuya intervención "no constituye una presunción 'iuris et de iure' sobre la veracidad del contenido del documento". 

Por todo ello, el tribunal, con estimación del recurso, acuerda "la devolución de la causa al juzgado instructor, a fin de que prosiga la investigación para un mayor esclarecimiento de los hechos y las circunstancias que puedan incidir en su correcta calificación". 
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Loly Álvarez, víctima del prestamista Antonio Arroyo

21 ene. 2017 0 comentarios

Publicado en La Otra Crónica de El Mundo, 14.01.2017

Estafa. Problemas económicos


LOLY ÁLVAREZ, CONTRA ANTONIO ARROYO, EL MAYOR USURERO DE ESPAÑA

La que fuera estrella televisiva a principios del 2000 narra a LOC el calvario que ha pasado tras topar con el presunto mayor estafador de España

Pablo Herráiz. Quico Alsedo.

Loly Álvarez halló la solución a sus males "en el teletexto". "Yo necesitaba 18.000 euros urgentemente para pagar un abogado y defenderme de mi anterior abogado, [Emilio] Rodríguez Menéndez, que me pedía 36.000. Una amiga me habló de una chica que se llamaba Clara, que ofrecía préstamos rápidos y se anunciaba en el teletexto. Cuando di con ella me pareció, por teléfono, muy simpática. Me dijeron que me darían sin problema el dinero. Que podía poner como garantía mi casa, y que se podían acercar a verla esa tarde", narra.

Ahora, seis años después, Loly Álvarez está a punto de perder su chalet en Toledo. "La casa en la que he metido los ahorros de toda mi vida, por la que ni siquiera me fui de viaje de novios".

Todo por 18.000 euros que le dieron, en billetes de 20 y "en una bolsa del Pryca", en una notaría madrileña. "El notario se salió de la habitación en cuanto vio el dinero. Escrituraron 45.000, aunque me dieron sólo 18.000". Los intereses de demora, un imposible 29%. "Ellos ya se encargaron de salir corriendo para que no pudiera pagarles, y esperar luego a quedarse con mi casa", dice.

En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de pasar de las garras del controvertido abogado Rodríguez Menéndez a las del nada menos que mayor usurero de España, según catalogación policial. Antonio Arroyo Arroyo fue detenido en Madrid hace ahora justo un año. La Policía le vincula con unas 200 estafas, con anotaciones a su favor en 242 inmuebles por toda España, según se ha publicado. Una de sus presuntas víctimas se suicidó. Arroyo tuvo que declarar, de remate, en el caso Púnica. 

"Indefensa"

Loly, que vivió hace años una fugaz fama televisiva, declaró recientemente en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que instruye la causa en la que se agolpan decenas de víctimas del presunto estafador. "Por 18.000 euros estuvo a punto de quedarse una casa valorada en 270.000. Tuve que dejar de pagar la hipoteca al banco para que al menos no se la quede este señor".

La historia comienza cuando Álvarez denuncia a su ex pareja, en torno a 2003, por malos tratos. "Después de esperar tres años al primer juicio, el de los malos tratos, el día señalado Rodríguez Menéndez ni se presenta en la sala. Viene en cambio su hijo, que me dijo que su padre no podía venir, que le contara rápido de qué iba el juicio. Le dije: 'Joder, tío, llevo tres años esperando este juicio'. Entré completamente indefensa. Mi ex se fue de rositas aunque había intentado asesinarme en la puerta de mi casa y lo había detenido la Guardia Civil, pero como Rodríguez Menéndez ni apareció por el juicio no hubo acusación y le absolvieron".

Tiempo después, siempre según Álvarez, le llega "una reclamación civil por 36.000 euros, en parte por pleitos que ni siquiera existían. Yo no tenía un duro y me metía pleitos que ni correspondían conmigo... Cuando necesité defenderme de este señor, fue cuando le pedí ayuda a esta amiga y localicé a Clara". 

La siguiente escena "fue en el notario, en una notaría madrileña, al día siguiente. Allí aparecen el tal Antonio Arroyo, la tal Clara y el notario. Dicen que tengo seis meses para devolver el dinero, pero que no me preocupe por ello porque ellos buscan la solución bancaria: unir mi deuda a la hipoteca del banco. Toda mi preocupación era si yo en seis meses no podía devolver el dinero, pero ellos decían que con la solución bancaria ellos también se llevaban un poco. Me pareció un negocio claro".

"El notario me empieza a leer el papel pero dice que no hace falta leerlo entero, que es todo igual. Dice que 18.000 euros no, que tienen que darme 24.000, que es el mínimo. El notario me dice que yo ya sé que en la escritura pone 45.000, pero que en realidad me dan 24.000 y que 6.000 son para la tal Clara", sigue el relato de Álvarez. "Arroyo saca una bolsa de Pryca y todo en billetes de 20 euros. El notario cuando empezamos a contar dice: 'No, ahora cuando empezáis con el dinero ya me voy'".

Según su denuncia, "empezó a llamarme uno de ellos para asegurarse de que yo pagaba la hipoteca del banco. No querían que dejara de pagar al banco, porque sino, era el banco el que se llevaba lo que ellos querían: la casa".

El desenlace: "No me dieron la solución bancaria, pese a prometérmela incluso por escrito, y un buen día llegó una carta del juzgado diciendo que iban a subastar mi casa. Incluso apareció un señor a quien Arroyo le había vendido ya mi casa por 75.000 euros. Por suerte, mi abogado, José María Garzón, se fue a Toledo y lo paró todo esa misma mañana", explica Álvarez.

"Yo estaba pasando la mayor depresión de mi vida, en un martirio entre mi ex, Rodríguez Menéndez, los juicios... Me tuve que ir a urgencias varias veces, el daño moral y a la salud es enorme. Yo no tengo hijos y soy una tía luchadora. Cogen a personas muy necesitadas. Caí en picado, pensé que era gilipollas, me quería morir. Cuando llegué al juzgado y vi tanta gente allí, todos estafados, la verdad es que me sentí un poco aliviada...". Antonio Arroyo declinó realizar declaraciones a este diario por hallarse los hechos bajo instrucción judicial.
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Más reportajes sobre la presunta estafa de Antonio Arroyo a Loly Álvarez:

Sálvame de Telecinco, 17.01.2017
La Vanguardia, 17.01.2017
- Lecturas, 17.01.2017
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II Foro Nacional de Educación Financiera de ADICAE

12 nov. 2016 0 comentarios

La organización de consumidores ADICAE convoca su II Foro Nacional de Educación Financiera, para fomentar la formación crítica de los consumidores, materia en la que también estamos por debajo de la media europea.

Se celebrará en la Casa Árabe de Madrid el próximo 16 de noviembre y el programa completo puede consultarse aquí

La asistencia es gratuita, previa inscripción en convencion@adicae.net o en el teléfono 914 673 188.
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En El Confidencial, desahucio suspendido y regulación de la usura

28 oct. 2016 0 comentarios

Publicado en El Confidencial, 23.10.2016 


La Ley que la regula es de 1908 

DESAMPARADOS ANTE LA USURA: “ME QUITAN MI CASA POR UNA DEUDA DE 18.000 EUROS” 

Préstamos rápidos, créditos al consumo, tarjetas de financiación… La oferta de productos financieros crece mientras el marco legal data del Gobierno de Antonio Maura 

Autor: Alfredo Pascual 
Video: Ernesto Torrico 

Miguel Ángel tiene miedo a salir de casa. A sus cincuenta y tantos y a pesar de ir siempre flanqueado por un perrazo, cruce de mastín y pastor alemán, cada vez que escucha un motor en la calle se encierra tras una puerta de metal y llama a su abogado. Lleva meses soñando, entre pesadillas, con este momento, el momento en el que vengan a su casa para desahuciarlo. 

Sobre el asfalto de la calle Fuente Romana, en El Álamo, seis agentes de la Guardia Civil y dos funcionarios del juzgado esperan a que den las 11:30. Los vecinos miran por las ventanas. Una señora lamenta, a lo lejos, que "no se hagan estos despliegues con los auténticos delincuentes", pero los agentes no desvían la mirada de la casa de Miguel Ángel. Dan y media. En ese momento, el agente más cercano al chalé da un paso adelante y llama al timbre. 

— Caballero, tiene que abrirnos la puerta, tenemos una orden de desahucio. 
— Estoy llamando a mi abogado, ha ido a ver a la jueza. Lo último que me dijo es que no abriese. 
— Si no abre tenemos a un cerrajero que lo hará por usted. Vaya atando al perro. 

En este momento Miguel Ángel da un paso atrás y trata de respirar hondo. No puede. Su pareja y su hijo siguen dentro, detrás de las ventanas. Se agarra el pecho tratando de conseguir oxígeno y echa una mirada desesperada a los periodistas que estamos dentro de la casa, como si con nuestras cámaras pudiésemos espantar a las autoridades y pagar su deuda. Y nosotros bajamos la cabeza. Ha llegado el momento. Miguel Ángel y su familia tienen que abandonar el edificio que ha sido su casa los últimos catorce años. 

“Denme solo diez minutos, se lo pido por favor”, suplica Miguel Ángel, aferrándose a un milagro en forma de llamada de móvil. Su abogado, Carlos Galán, se ha presentado en los juzgados para conseguir una moratoria in extremis, pero lo último que sabemos es que la jueza no ha querido recibirle. Los minutos caen como plomo, en silencio, mientras Miguel Ángel y los periodistas nos miramos con los agentes a través del portón de la casa. 

Y, de repente, lo imposible. Un agente se retira a hablar por teléfono y se acerca a la puerta: “Caballero, me comunican que han detenido el desahucio”, le dice a Miguel Ángel que, esta vez sí, parece desfallecer. Tras unos minutos, y todavía con los ojos empañados, recibe a su abogado y juntos se funden en un abrazo. “Esta vez ha estado cerca”, lamenta Miguel Ángel con la voz trémula. Todo ha acabado por hoy, pero dentro de un mes su acreedor volverá a intentar quedarse con la casa. 

“¿Tú te crees que me van a quitar la casa por un crédito de 18.000 euros?”, dice Miguel Ángel. Hace cinco años avaló un crédito hipotecario de su cuñado con su casa y el familiar no solo dejó de pagar, sino que se fugó a Perú. Miguel Ángel, charcutero en una gran superficie, se vio obligado a pedir otro crédito para evitar que el banco se quedase con su domicilio, una casa unifamiliar en El Álamo que, en el cénit del ladrillazo, llegó a tasarse por 600.000 euros. Ahora vale en torno a 400.000. Intentó pedir otro crédito para pagar el anterior, pero Bankia le había inscrito en la lista de morosos y todos los banqueros se negaron a hacerlo. Así que recurrieron a los préstamos privados. Su mujer hizo una búsqueda en internet y fue a topar con el primer resultado, que no es otro que el célebre Antonio Arroyo, también conocido como ‘El gran usurero’

Arroyo, primer prestamista inscrito en España, es un personaje polémico que ha ejecutado a más de 90 familias, mientras que las asociaciones de afectados hablan de otras 3.000 personas en problemas con este prestamista. La mayoría denuncia que Arroyo les obligó a avalar el crédito con su casa y que, una vez concedido, nunca les dio la posibilidad de devolverlo. “Les llamé un montón de veces y nunca me cogían el teléfono. Incluso quedé con ellos, cuatro o cinco veces, y nunca acudieron a la cita. Lo que querían, como es obvio, no era que yo devolviese el dinero, sino quedarse con mi casa por poquísimo dinero”, dice el propietario. Arroyo, que tiene derechos sobre más de 500 fincas por toda España, ha sido detenido tres veces, pero sigue libre y operando. 

Miguel Ángel no se preocupó ni siquiera de preguntar por la tasa de demora del préstamo. Se reunió con el equipo de Arroyo en una notaría de la calle Buen Suceso, en Madrid, y firmó los papeles sin hacer muchas preguntas. Necesitaba el dinero. No sabía que se estaba comprometiendo a pagar unos intereses de demora del 29%, un porcentaje que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ubica por encima del umbral de la usura. “No me atendieron durante los primeros meses y, un día de repente, me llamó la secretaria de Arroyo para decirme que les debía 40.000 euros”, dice Miguel Ángel, cuya casa ha salido a concurso público sin avisarle. 

Una ley con 108 años 

En realidad, en España la usura no es una figura penal. La ley que la regula data de 1908 y no establece márgenes claros para identificar cada caso. El texto legal, impulsado por el diputado y filósofo Gumersindo de Azcárate durante el primer Gobierno de Antonio Maura, reza así: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Imponía, además, unas multas de entre 500 y 5.000 pesetas para los usureros, que fueron derogadas en 1995 por el socialista Juan Alberto Belloch

El texto identifica, según juristas consultados, tres tipos de usura. La que surge de la imposición de unos intereses desproporcionados, siempre interpretables, la que se da por la existencia de cláusulas leoninas en el contrato —normalmente en los plazos de devolución— y, por último, la que emana de la entrega de un capital inferior al escriturado. "Es muy habitual que los prestamistas privados te entreguen mucho menos dinero del que pone en el contrato. Es una de las formas de estafa más habituales en estos casos", dice el abogado. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en que el marco legal es débil en la defensa del consumidor. "Los españoles están completamente desamparados ante la usura. Es que el mismo concepto es problemático, porque no se fijan unos márgenes aceptables en ninguna ley. No hay control de la Administración sobre estos establecimientos financieros, ni tampoco de las comunidades autónomas", lamenta Rubén Sánchez, portavoz de la agencia de consumidores Facua. "El sector está muy mal regulado. La banca pase, porque tiene al Banco de España, pero con los establecimientos financieros, y no quiero ya ni mencionar a los prestamistas privados, eso es la jungla. La ley de 1908 es escueta y poco específica", considera el letrado especilista en préstamos Carlos Galán

En España, un prestatario que se sienta estafado no tiene vías extrajudiciales a las que acudir. Los institutos de consumo autonómicos, el Banco de España o la CNMC no tienen potestad para emitir veredictos vinculantes y mucho menos declarar un contrato de préstamo nulo. La única solución es acudir al juzgado. Para Adicae, (Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas), "urge establecer unos criterios comunes ante la dispersión legislativa del sector, todo un ‘coladero’ para una gran variedad de empresas y productos sin control que abusan del consumidor. Los créditos al consumo ofertados por bancos y establecimientos financieros de crédito (EFC) –supervisados por el Banco de España– conviven con productos como los microcréditos, que cualquier sociedad mercantil puede comercializar, siendo libre de imponer cláusulas abusivas y precios fraudulentos sin supervisión alguna".

¿Significa esto que la usura no pasa factura en España? No exactamente. De hecho, en los últimos meses, diversos juzgados han recuperado la ley Azcárate para anular créditos y líneas de financiación diversas. La sentencia más importante, en tanto que crea jurisprudencia, es la emitida por el Supremo a finales del año pasado, cuando el Pleno de la Sala Civil del alto tribunal concluyó que “los créditos que dupliquen el interés medio del mercado deben ser considerados usurarios y, por tanto, nulos”. Se trataba de un crédito al consumo con un interés del 24,6% TAE por el que un cliente que obtuvo 25.634 euros de préstamo fue penalizado con unos intereses de 18.568 euros. 

Los límites de la usura 

La sentencia del Supremo es una luz al final del túnel para los consumidores en tanto que sugiere límites en los intereses: concretamente establece un máximo del doble del interés medio del mercado para la remuneración del crédito y en el interés más dos puntos para el de demora, en caso de retrasarse el pago. El alto tribunal es especialmente duro con las financieras al considerar que el alto riesgo de impago, derivado de los escasos requisitos que se exigen a los clientes, no puede ser defendido por la ley: "Con la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico". El Banco de España considera que los intereses de los créditos al consumo deben oscilar entre el 6% y el 8%

Así, muchos juzgados de primera instancia y provinciales han comenzado a agarrarse a esta doctrina para tumbar créditos que en el pasado se consideraban legales. Este mismo mes, la jueza Marta Iturrioz, titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuenlabrada, sentenció que la financiera de El Corte Inglés incurre en prácticas "abusivas y usureras". Iturrioz anuló la deuda de un cliente, denunciado por El Corte Inglés, por establecer unos intereses de demora del 18% cuando en el momento del crédito, en 2011, el interés medio se situaba en el 4%. Días antes, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid tumbó un préstamo del gigante francés Cofidis. El sumario asegura que un crédito de 1.200 euros se convirtió, a los cuatro años, en una deuda de 7.888 euros merced a unos intereses del 21% TAE y a unas cláusulas por demora abusivas. 

Las cifras del Banco de España muestran que el crédito concedido a los ciudadanos subió en 2015 después de cuatro años de caídas. Basta escuchar la radio o poner la televisión a primera hora del día para comprobar que las empresas de microcréditos y préstamos rápidos han regresado a nuestras vidas. Pero, en el actual momento jurídico, algunos de los intereses que cobrabran en el pasado pueden ahora considerarse usura.


Podríamos clasificar los créditos rápidos en cuatro categorías principales: los préstamos personales, las tarjetas de crédito, los créditos rápidos y los minicréditos. Los préstamos personales, a menudo controlados por la gran banca, se consideran el producto más seguro para el consumidor, ya que permite obtener las mayores cantidades a un interés medio del 12,5-13,5%. Las tarjetas de crédito son una opción intermedia: la financiación es automática (hasta un límite), pero tiene unos intereses medios cercanos al 27%, más del doble del interés medio del mercado. No obstante, los productos con más papeletas para obtener reveses judiciales en los próximos tiempos son los créditos rápidos y los minicréditos. Suelen ser ofertados por las mismas compañías, pero los minicréditos tienen una peculiaridad: no pueden superar los 200 euros. Es el límite, señala Adicae, para que no se les aplique la Ley de Crédito al Consumo.


Algunos de estos préstamos, denuncian Adicae y Facua, alcanzan entre el 3.500% y el 4.500% de intereses anuales. Este tipo de entidades, conocidas como establecimientos financieros, no se someten a la regulación del Banco de España, sino que solo tienen que registrarse en Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad. "En teoría las comunidades autónomas también deberían disponer de un registro de prestamistas, lo dice la ley 2/2009, pero, si alguna lo tiene, no está disponible telemáticamente para ser consultado, que era su utilidad final", dice Carlos Galán.

Distintos expertos consultados señalan dos tipologías de consumidor de estos productos con una misma urgencia: la desesperación. "Son normalmente padres de familia que no llegan a fin de mes y se agarran a un clavo ardiendo, sin mirar las consecuencias de lo que firman. Por otra parte también tenemos a muchas personas afectadas por ludopatía que necesitan dinero para jugar a toda costa". Una vez firmado el crédito, sobre todo ante notario, no queda más que pagar las cuotas o acudir a los tribunales. "Los microcréditos se valen de que lo que se paga por intereses es poco, porque los préstamos son pequeños, y no merece la pena denunciar", dicen desde Facua. 

¿Penal o civil? 

Si finalmente decide denunciar, tendrá que armarse de paciencia, porque tampoco hay acuerdo a la hora de escoger una vía judicial. El abogado Ignacio Monreal, que colabora con la plataforma de afectados Stop Estafadores, presume de haber ganado los 12 casos que ha llevado sobre préstamos usureros. ¿Su secreto? Acudir a la vía civil. "Yo no conozco a ningún prestamista al que se le haya condenado por estafa, sobre todo si por el medio hay una firma ante notario. Como mucho la vía penal consigue frenar un desahucio, pero no está sirviendo para condenar al prestamista y, sin eso, no se consigue la nulidad del contrato de préstamo. Es muy difícil probar el engaño", explica Monreal. 

En su opinión, "la ley Azcárate sirve perfectamente para obtener nulidades de contrato por la vía civil. Basta con que se hayan cobrado los intereses al principio, por ejemplo, que es una práctica habitual entre los prestamistas, o demostrar que las tasas de demora son desproporcionadas para obtener la nulidad. Es una vía poco explotada y que es muy efectiva", sentencia Monreal, no sin antes recordar, orgulloso, que el año pasado consiguió recuperar la vivienda de uno de sus clientes que había incluso entregado las llaves a su acreedor. 

Por su parte Galán, también colaborador de la plataforma, aporta matices al discurso de su colega. "Las dos vías son complementarias, se pueden aplicar a la vez. Yo prefiero la vía penal porque tiene una ventaja: que desde que empieza el proceso, se para la ejecución hipotecaria, que suele ser el objetivo principal de cualquier cliente. Por otra parte, es cierto que con la vía civil se puede obtener una nulidad del contrato, pero eso exige que se devuelva el préstamo sin intereses, y no todas las personas pueden permitírselo", zanja.


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El intento de desahucio de Miguel Ángel, en Telemadrid

22 oct. 2016 0 comentarios

El suspendido desahucio de Miguel Ángel, víctima de la red del prestamista Antonio Arroyo, fue seguido in situ por las cámaras de Aquí en Madrid, el magazine que presentan Goyo González y María Gracia en Telemadrid

El reportaje, emitido la misma tarde, refleja la tensión vivida y recoge el testimonio del afectado y declaraciones del abogado Carlos Javier Galán. Ya en directo el redactor José Ángel Leiras intenta pedir explicaciones al usurero, sin conseguirlo como era previsible.

Éste es el video completo de ese reportaje: 

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Suspendido provisionalmente desahucio de víctimas de usurero

19 oct. 2016 0 comentarios

Hoy a  las 12 horas, la Comisión judicial ha dado por suspendido el intento de lanzamiento de Miguel Ángel, por no poder materialmente acceder al inmueble. Los funcionarios estaban acompañados de un vehículo patrulla de la Policía Local, dos vehículos con efectivos de la Guardia Civil y un cerrajero. Estaban presentes en el acto las cámaras de Telemadrid (Aquí en Madrid) y Telecinco (El programa de Ana Rosa), además de periodistas de El Confidencial. Y toda la mañana ha estado haciendo seguimiento del caso la asociación Stop Estafadores, coordinando apoyos a la familia y dando información al minuto a muchos afectados de toda España que estaban pendientes del desenlace.

Al parecer, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Navalcarnero, pretende fijar en breve nueva fecha y acudir con mayores efectivos policiales para de echar a la familia por la fuerza. 

Mientras tanto sigue no ya sin resolver sino sin siquiera admitir a trámite el recurso interpuesto por el abogado Carlos Javier Galán contra la diligencia de ordenación por la cual la citada secretaria judicial inadmitió a trámite un incidente extraordinario de oposición a la ejecución hipotecaria. 

El recurso se fundamenta en la manifiesta incompetencia de la funcionaria que dicta la resolución, puesto que quien tiene facultades es únicamente el juez. Y en que se está aplicando un plazo que ha sido declarado expresamente nulo por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015

Desde primera hora de la mañana el letrado ha estado en el Juzgado intentando la suspensión cautelar del lanzamiento hasta que se resolvieran estas cuestiones legales, por entender que ha de primar los derechos constitucionales y que no es lógico echar primero a la calle a una familia y después examinar la legalidad de la medida. 

En el caso de Miguel Ángel, la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que no recibió todo el capital y, sin embargo, esta ejecución se despachó en su día por la cifra total. Además, se aplicó un interés de demora del 29 % que contraviene los criterios del Tribunal Supremo. Y se adjudicó una vivienda tasada en 300.000 € por la ridícula cifra de 30.000 a unos “inversores” vinculados a la conocida trama del prestamista Antonio Arroyo

El caso llegó al despacho Alberche Abogados ya muy avanzado y con muchos trámites precluidos, pero se está intentando luchar jurídicamente siguiendo la tesis del TJUE y del Supremo español, que consideran que “la tutela del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos” y que el juzgado tiene que analizar incluso de oficio las cláusulas abusivas sea cual sea el momento procesal en el que se plantee la cuestión.
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